Fiscal Andalucía defiende reforma del Código Penal para combatir el blanqueo

Granada, 13 sep.- El fiscal superior de Andalucía, Jesús García Calderón, ha reivindicado hoy una reforma del Código Penal que permita otorgar la instrucción de los delitos de blanqueo de capitales al Ministerio público, lo que ha calificado como "fundamental" para combatir este tipo de delitos.

Jesús García Calderón ha hecho estas declaraciones durante la presentación, junto al rector de la Universidad de Granada, Francisco González Lodeiro, de la cátedra "Control del fraude fiscal y prevención del blanqueo de capitales".

Esta cátedra analizará la normativa penal y administrativa y facilitará el debate continuo entre universidad y tribunales, ha explicado García Calderón, que ha incidido en la "importancia excepcional" de otorgar la tutela de estas investigaciones al Ministerio público.

El fiscal superior ha reincidido en la "necesidad urgente" de modificar el Código Penal, "una cuestión que exigimos desde hace muchos años", para otorgar la instrucción de este tipo de delitos a la Fiscalía, lo que en su opinión sería "un gran avance".

García Calderón ha recalcado que el uso de las nuevas tecnologías, la ubicuidad y la posibilidad de hacer operaciones al mismo tiempo en distintos lugares, caracterizan este tipo de delitos, que ha animado a combatir "con inteligencia".

El fiscal superior ha apostado por crear equipos multidisciplinares con inspectores de Hacienda, expertos en administración pública y policía judicial bajo la dirección del Ministerio público para afrontar estos delitos.

"Las dificultades se han superado en buena medida por el debate académico", ha subrayado García Calderón, que ha halagado la nueva oferta formativa de la Universidad de Granada.

Aunque el fiscal superior no ha querido analizar el papel de Gibraltar como paraíso fiscal, sí ha instado a reflexionar sobre la permanencia en la Unión Europea de paraísos fiscales, y ha apuntado al blanqueo de capitales como un de los "grandes debates" del sistema judicial actual.

"Deben ser objeto de una profunda reflexión y analizar los intentos que se hacen desde la Unión para evitar estas situaciones. Ver hasta qué punto esta realidad normativa tiene una aplicación en la realidad práctica, en la economía de los países y como puede influir en el orden socioeconómico", ha opinado.