Madrid, 5 may.- La Fiscalía española manifestó hoy su apoyo al juez Santiago Pedraz para que continúe la investigación del asalto, en 1980, de la embajada de España en Guatemala por fuerzas de seguridad guatemaltecas, en el que murió una treintena de personas carbonizadas, tres de ellas españolas.
En un informe, al que ha tenido acceso Efe, el fiscal Pedro Martínez Torrijos aseguró que la reciente reforma que limita la aplicación en España de la justicia universal no afecta a este caso, puesto que en la querella los hechos se califican como terrorismo.
Los españoles Jaime Ruiz del Árbol, Luis Felipe Sanz Martínez y María Teresa Vázquez de Villa murieron en el asalto a la embajada, en la que se había refugiado un grupo de líderes indígenas y estudiantes. El propio embajador Máximo Cajal (fallecido recientemente), sufrió heridas de consideración.
La reforma diferencia la capacidad de un juez español para juzgar determinados delitos cometidos fuera del territorio español, de manera que solo en el caso de terrorismo y trata de seres humanos es suficiente con que la víctima sea española para que los tribunales de España puedan investigar el caso.
Por ello, el fiscal recuerda en el informe, por el cual responde a la consulta de Pedraz de si debe plantear una cuestión de inconstitucionalidad contra la reforma, que la investigación del asalto y quema de la embajada por las fuerzas de seguridad de Guatemala sí es competencia de los tribunales españoles.
El fiscal explica que "el delito de terrorismo es, entre otros, obligar a los poderes públicos a realizar un acto o abstenerse de hacerlo, intimidar a la población, destruir o desestabilizar las estructuras fundamentales políticas y constitucionales de un país".
Así, según Martínez Torrijos "no existe obstáculo legal para mantener la jurisdicción en este caso y continuar con la investigación".
El fiscal también recuerda que en el caso del asalto a la embajada se investigan delitos -terrorismo, genocidio y torturas- que implican penas elevadas, y pide por ello al juez que tras concluir con la investigación lo eleve a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional para que sea este tribunal superior el que decida si cabe archivarlo o llevarlo a juicio.
Esta causa se comenzó a investigar a raíz de una querella presentada en la Audiencia Nacional por la premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú contra ocho ex altos cargos guatemaltecos.
El Tribunal Supremo ordenó en 2003 a la Audiencia Nacional que lo investigara, aunque sólo los hechos que afectasen a españoles, en concreto el asalto a la embajada de España en 1980 y, dentro del mismo caso, los asesinatos de sacerdotes españoles en Guatemala.
Los sacerdotes José María Gran, Faustino Villanueva y Juan Alonzo Fernández fueron asesinados por el Ejército guatemalteco en junio de 1980, julio de 1980 y febrero de 1981, respectivamente; y Carlos Pérez Alonzo, secuestrado por militares el 2 de agosto de 1981.
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