Asunción, 18 jun.- La Fiscalía de Paraguay aseguró hoy que está investigando posibles abusos de la Policía durante la operación de desalojo de campesinos hace un año en Curuguaty (nordeste), el suceso que causó la caída del presidente Fernando Lugo.
El fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón, y la fiscal adjunta de Derechos Humanos, María Teresa Aguirre, informaron de esa investigación a representantes de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy) con los que se reunieron hoy, según un comunicado del Ministerio Público.
La investigación está a cargo de los fiscales Martha Sandoval y Santiago González, y es independiente de la que llevó a cabo el fiscal de Curuguaty, Jalil Rachid, que imputó a doce campesinos por homicidio doloso, asociación criminal e invasión de inmueble.
Seis policías y once campesinos murieron el 15 de junio de 2012 en un enfrentamiento durante un desalojo policial de "sin tierras" de una hacienda cuya propiedad está en litigio entre el Estado paraguayo y la familia del empresario Blas N. Riquelme.
Rachid concluyó que los policías fueron "víctimas" de una emboscada y sólo imputó a campesinos. Esta causa está pendiente de una audiencia preliminar que ha sido pospuesta en varias ocasiones desde el pasado 14 de febrero.
Los fiscales de derechos humanos, por su parte, están "investigando supuestas lesiones corporales en el ejercicio de la función publica, tortura y otros (posibles abusos) de la Policía, por la denuncia que hizo la Coordinadora poco después de ocurrir el hecho de Curuguaty", explicó a Efe la fiscal Sandoval.
"Estamos a poco tiempo de una conclusión", aseveró, y detalló que han tomado declaraciones a supuestas víctimas, hecho estudios sociológicos y recogido otras pruebas y testimonios.
Verón, por su parte, "se comprometió a brindar la mayor celeridad posible a la investigación", según el comunicado.
La defensa de los campesinos imputados por Rachid había pedido también que éste investigara posibles abusos de los policías como ejecuciones extrajudiciales, pero el fiscal lo rechazó.
El letrado defensor Vicente Morales dijo a Efe que es "mentira que están haciendo diligencias" en la Fiscalía de Derechos Humanos y observó que, en todo caso, "quien tenía que investigar qué pasó en Curuguaty es Rachid", dentro de su propia carpeta del caso.
El portavoz de la Articulación Curuguaty, Fabricio Arnella, miembro de otras de las organizaciones relacionadas con el caso que hoy se entrevistaron con el fiscal general, aseguró a Efe que éste "básicamente" les dijo "que un año después de los hechos, recién van a comenzar a investigar (a los policías), no hay ni un solo imputado".
Otro tema planteado al fiscal Verón fue el dictamen que la Corte Suprema le pidió sobre una resolución judicial que otorgó en 2005 la propiedad de las tierras a Riquelme en un proceso de "usucapión", por el que se adquiere la titularidad de lo que se cuida como propio.
El Estado promovió en 2012 una acción de inconstitucionalidad sobre esa resolución judicial y hoy Verón "se comprometió (..) a dictaminar en la brevedad posible" sobre "la situación de las tierras", de acuerdo con la nota oficial.
Según Arnella, Verón les dijo que aún no había recibido el expediente de la Corte Suprema y "no tenía conocimiento" de él.
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