El Ministerio Público ha mantenido hasta el final del procedimiento por el destrozo de los ordenadores de Luis Bárcenas que el PP no ha cometido delito con estos hechos. Lo expuso durante la instrucción de la causa, en las cuestiones previas del procedimiento y lo ha vuelto a hacer en la fase de los informes finales del juicio. Según ha planteado la fiscal Carmen Luciáñez no hay duda de que esos ordenadores fueron formateados "en términos excepcionales"; no obstante, no se puede penar por estos hechos porque no se ha determinado un perjuicio económico del asunto.
"Si partimos de la base de que el PP destruyó la contabilidad 'b' entendemos que esa información era del PP y por tanto no era ajena", ha expuesto la representante del Ministerio Fiscal para exonerar al partido del delito de daños informáticos el cual requiere para su comisión que el daño se produzca a un tercero, en este caso al extesorero de la formación popular. De este modo, y manteniendo la tesis de que los dispositivos no eran propiedad de Bárcenas, la formación -acusada como persona jurídica- no sería responsable penal de lo ocurrido, siempre según el Ministerio Público.
Con todo, este no ha sido el único punto que la Fiscalía ha rebatido a Bárcenas. De hecho, en su alegato, que apenas ha durado una hora, ha insistido en que la testifical del exresponsable de finanzas del partido la pasada semana le provoca dudas no solo en lo que respecta a quienes eran los dueños de los ordenadores sino también al contenido de los mismos. De acuerdo con la versión del extesorero, los dos dispositivos que se quedaron en el Salón de Andalucía de Génova y que no pudo recuperar porque se le prohibió la entrada en la sede contenían notas manuscritas y otros documentos que vendrían a demostrar la financiación paralela del partido que preside Pablo Casado.
"Lo único que Bárcenas ha presentado es la factura de reparación del ordenador y eso no fue suficiente para mostrar su propiedad", ha contraatacado la fiscal en esta fase final de informes. Igualmente también ha dicho que de la vista practicada en las cinco sesiones señaladas no ha quedado clara cuál era la verdadera relación laboral que mantenían Bárcenas y el PP en el momento de los hechos, esto es, a comienzos de 2013. La fiscal ha apuntado al respecto que "no es ilógico pensar" que, teniendo en cuenta que todavía tenía una Sala de Génova para sus enseres, fuera considerado como un trabajador más.
"No es descabellada la idea planteada por (el abogado de la formación, Alberto) Durán de que su única motivación de pedir los ordenadores era acreditar la relación laboral con el PP", ha insistido la fiscal. No obstante, esta versión chocaría con la prestada por la entonces secretaria general de los populares, María Dolores de Cospedal, también como testigo, la cual dijo que la relación laboral entre las partes terminó en 2009.
Además, Carmen Luciáñez ha apuntado en la misma dirección que los acusados de este procedimiento para insistir en que Bárcenas "mostró muy poco interés" por los ordenadores que guardaba bajo llave en la tercera planta de Génova ya que "se fue de vacaciones y volvió en Navidad". En lo que respecta a los ordenadores, el Ministerio Público ha vuelto a poner en s solfa su versión acerca de que uno de ellos contenía los originales de la contabilidad 'b'. "La duda nos ha surgido porque parece ser que el Toshiba es un ordenador que se comercializa en España a partir de 1998. ¿Cómo unos archivos de 1993 pueden estar realizados en un ordenador con fecha posterior?", se ha preguntado.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios