La nueva Fiscal General del Estado y exministra de Justicia, Dolores Delgado, no va a encontrar un camino de rosas en su nuevo cargo. Ya sea desde los distintos niveles del propio Ministerio Fiscal, ya sea desde las partes personadas en algunos de los grandes procesos abiertos con los que ha tenido hasta ahora una relación directa, Delgado se expone a una ola de recursos de recusación cuando de ella dependan decisiones sobre cuestiones tan trascendentales como el procés catalán o el caso Villarejo, por poner dos ejemplos clave de cuestiones en las que ha estado implicada como ministra y como perjudicada.
Tanto desde el ámbito fiscal como entre la judicatura se prevé un mandato muy complicado para la exministra en la Fiscalía, “no solo porque todo lo que haga a partir de ahora va a estar bajo sospecha” -admitía un fiscal de carrera este martes-, sino porque las propias instrucciones jerárquicas que pueda dar a los suyos o las decisiones sobre conflictos que se puedan dar en alguna causa, se pueden volver contra ella si tanto los fiscales afectados o las partes de los procesos instan a su inhibición por entender que está en duda su imparcialidad, al haber estado “contaminada” como miembro del Gobierno y diputada del PSOE.
No solo desde el colectivo fiscal se han lanzado las advertencias en este sentido, sino que desde la propia judicatura se entiende que “todo lo que ha llevado a Consejo de Ministros puede volverse en su contra a la hora de tomar una decisión, polémica o no, como Fiscal General”, advierte un magistrado. Fuentes cercanas al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que tiene que hacer un dictamen formal sobre la idoneidad de la exministra para el puesto de fiscal, alertan de que, si bien no se puede dudar de que cumple las condiciones de capacidad y mérito para el cargo, no se puede obviar que su nombramiento es un riesgo muy grande para la buena marcha de muchos procesos abiertos en los que su participación pueda ponerse en duda.
Es más, no se descarta que en el informe que los miembros del CGPJ emitan este jueves sobre Delgado se advierta este extremo, para dejar claro el malestar que se ha generado en el colectivo judicial por su irrupción al frente de todos los fiscales después de haber estado en el Gobierno y de “la mochila” que aguanta del caso Villarejo.
La legislación permite todas las opciones
Desde un punto de vista técnico, no hay ningún artículo del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal que establezca una incompatibilidad funcional para el nombramiento de Dolores Delgado. El artículo 59 establece para los fiscales la prohibición de “pertenecer a partidos políticos o sindicatos o tener empleo al servicio de los mismos”, y la exministra lo cumple porque estaba en el Gobierno de Sánchez como “independiente”, tal y como ha recordado el propio presidente este martes, tras su primer Consejo de Ministros del nuevo gabinete.
Pero las fuentes jurídicas consultadas advierten que ese mismo estatuto tiene una disposición adicional primera en la que se establece que “en cuanto a la adquisición y pérdida de la condición de miembro de la Carrera Fiscal, incapacidades, situaciones administrativas, deberes y derechos, incompatibilidades, prohibiciones y responsabilidades de los mismos, será de aplicación supletoria lo dispuesto para Jueces y Magistrados en la Ley Orgánica del Poder Judicial”. Y en esa norma que rige para los jueces sí que se establecen reglas muy severas sobre las causas de recusación e inhibición de los casos en los que ha habido una relación directa de algún tipo con los asuntos a tratar.
Es evidente que la llegada de la ministra no afecta al trabajo actual que están realizado los fiscales en los distintos casos en los que están implicados en cualquiera de los tribunales en los que operan. “Nadie va a poner en duda el trabajo de los fiscales del ‘procés’, ni los casos que lleva Anticorrupción -explica otro fiscal con años de experiencia-, pero si sobre esos casos hay que elevar alguna duda o conflicto al Consejo Fiscal o a la Junta de Sala, puede que incluso alguno de los compañeros plantee dudas sobre la participación de la exministra en esas decisiones”. Los fiscales cuentan, además, con sus propios cauces para oponerse a las instrucciones que la Fiscal General les pueda dar (artículo 37 del Estatuto), a sabiendas de la que la Junta de Fiscales de Sala es quien marca las decisiones finales.
Tras el malestar generado en los miembros de su propia carrera –“es una mujer que divide”, han llegado a advertir algunos de ellos- y teniendo en cuenta que entre los jueces tampoco hay consenso sobre esta decisión, una de las claves que marcará la trayectoria de Delgado en su nuevo cargo será el cuidado a la hora de tomar decisiones que afecten a los demás fiscales, por un lado, y a temas de Estado, por otro. Si alguna de las recusaciones contra la exministra prospera, le debe sustituir el teniente fiscal del Tribunal Supremo, que es un cargo que habrá que renovar muy pronto y que la propia Delgado debe nombrar. De hecho, ahora se abre una ventana amplia de nombramientos y sustituciones de fiscales (más de 20 en un año) que servirán a la ministra para ir apuntalando apoyos que no pongan en duda sus iniciativas a medio plazo.
Eso sí, todas las fuentes consultadas advierten que será un periodo muy convulso, sobre todo porque desde la oposición del PP no se va a dar tregua al Gobierno de Sánchez en el área judicial, una vez que ha decidido frenar el impacto que hasta ahora han tenido los jueces en procesos que desde el Ejecutivo se consideran solo políticos, como el ‘procés’. De hecho, el PP ha nombrado esta semana al magistrado y consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid, Enrique López, como nuevo responsable de Justicia, en sustitución de Rafael Catalá, con el objetivo de que marque el paso de la nueva Fiscal General, entre otros cometidos.
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