Fiscal mexicano confirma que militares mataron a "grupo pequeño" de civiles

  • El fiscal general de México, Jesús Murillo, aseguró hoy que tres militares mataron a un "grupo pequeño" de civiles que ya "habían dejado las armas", tras un enfrentamiento con soldados el pasado 30 de junio en el municipio de Tlatlaya, en el centro del país.

México, 6 oct.- El fiscal general de México, Jesús Murillo, aseguró hoy que tres militares mataron a un "grupo pequeño" de civiles que ya "habían dejado las armas", tras un enfrentamiento con soldados el pasado 30 de junio en el municipio de Tlatlaya, en el centro del país.

En una conferencia de prensa en la capital mexicana, Murillo dijo que el caso de Tlatlaya, en el que murieron 22 civiles, "es de hechos ya comprobados", con declaraciones de testigos y pruebas periciales, si bien aclaró que la investigación sigue abierta.

Explicó que los militares serán presentados ante un juez civil por el delito de homicidio en el momento que "sea más profunda" la investigación.

El titular de la Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía) dijo que "hubo un enfrentamiento inicial" entre los 22 presuntos delincuentes y los militares, que dejó "muertos y heridos".

Después "se detiene la agresión mutua" y tres de los soldados entran a la bodega donde estaban los presuntos criminales y disparan otra vez causando la muerte de un "grupo pequeño" de civiles que, según los peritajes, "ya habían dejado las armas", señaló.

Explicó que por ello la semana pasada había hablado de presentar cargos por homicidio "por lo menos y de entrada a estos tres" militares.

De acuerdo con la versión inicial de los hechos difundida por la Secretaría de la Defensa, los 22 civiles murieron en un choque armado con militares que hacían labores de vigilancia en la zona.

Sin embargo, dicha versión fue puesta en entredicho por una testigo que aseguró a la revista Esquire Latinoamérica que en el enfrentamiento murió sólo uno de los civiles y los demás fueron asesinados por los soldados después de un someterlos a un interrogatorio.

Ocho militares que participaron en esos hechos fueron puestos a disposición de un tribunal castrense por su presunta responsabilidad en "delitos en contra de la disciplina militar, desobediencia e infracción de deberes".

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