Martes, 23.04.2019 - 04:47 h
Pese a retirar los símbolos independentistas 

La Fiscalía del Estado se querellará contra Torra por desobedecer a la Junta Electoral

Pide a la fiscal de Cataluña que denuncie por "incumplimiento consciente y reiterado de los Acuerdos de esta Junta de fecha 11 y 18 de marzo de 2019".

El Govern de la Generalitat cambia el lazo amarillo de su edificio por uno blanco
El Govern de la Generalitat cambia el lazo amarillo de su edificio por uno blanco / EP

La Fiscalía General del Estado ha recibido este viernes el acuerdo de la Junta Electoral Central (JEC), adoptado este jueves, contra el presidente de la Generalitat, Quim Torra, por desobedecer sobre la retirada de símbolos independentistas en edificios públicos y la remite a la Fiscalía de Cataluña para que proceda a interponer una querella contra él.

Así ha informado la institución que lidera María José Segarra en un comunicado, en el que afirma que ha recibido dicho informe de la JEC sobre el "incumplimiento consciente y reiterado de los acuerdos de esta Junta de fecha 11 y 18 de marzo de 2019". Añade que ha dado trasladarlo a la de Cataluña para "que se proceda a ejercitar acciones penales, interponiendo la correspondiente querella", aunque por el momento no se ha concretado el delito. 

La Junta Electoral Central decidió ayer comunicar a la Fiscalía el incumplimiento por parte de Torra de sus acuerdos de los días 11 y 18 de marzo para que estudie las posibles responsabilidades penales.  Este viernes la Fiscalía General ha remitido el acuerdo a la Fiscalía de Cataluña, a la que compete estudiar el caso por tratarse de un aforado y de un delito cometido en el territorio de a comunidad autónoma.

Y lo ha hecho con la orden de que, una vez tenga conocimiento de todas las actuaciones, proceda a ejercitar acciones penales y a interponer la correspondiente querella. El artículo 410 del Código Penal prevé para el delito de desobediencia por parte de una autoridad pública a resoluciones judiciales "multa de tres a doce meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años.

Se trata del delito por el que fueron inhabilitados el expresidente de la Generalitat Artur Mas y las exconsejeras Irene Rigau y Joana Ortega -por sentencia del TSJ de Cataluña posteriormente rebajada por el Supremo- y el exconsejero Francesc Homs, que fue juzgado en el Supremo por su condición de diputado nacional cuando se inició el proceso judicial.

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