Madrid.- La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha pedido al tribunal que confirme el procesamiento del ex portavoz de Batasuna Arnaldo Otegi y del ex secretario general de LAB Rafa Díez Usabiaga por intentar reconstruir la formación ilegalizada para que no combinen su "actividad institucional con pistolas y bombas".
Así lo ha solicitado el fiscal Vicente González Mota en la vista celebrada hoy ante la sección tercera de la Sala de lo Penal de este tribunal donde se han estudiado los recursos presentados por Otegi, Díez Usabiaga y otros cuatro acusados, a los que el juez Baltasar Garzón procesó por un delito de integración terrorista al intentar reorganizar Batasuna a través del grupo "Bateragune".
El representante del Ministerio Público se ha opuesto a los argumentos esgrimidos por la defensa de los seis procesados al entender que sus actividades no son "simples actos políticos" sino que con sus manifestaciones públicas tratan de "dar cobertura a las tesis de ETA".
A juicio de González Mota, los procesados continúan con la estrategia declarada ilegal por el Tribunal Supremo (TS) de "combinar sus actividades institucionales con pistolas y bombas".
Además de Otegi y Díez Usabiaga -al que Garzón dejó en libertad bajo fianza de 30.000 euros para cuidar de su madre el pasado 26 de abril- han recurrido en apelación la ex tesorera del PCTV-EHAK Sonia Jacinto, Miren Zabaleta, hija del coordinador general de Aralar, Patxi Zabaleta, y Arkaitz Rodríguez -juzgado en 2006 por integración terrorista y que resultó absuelto-, todos ellos en prisión.
También ha recurrido su procesamiento José Luis Moreno Sagües (Txelui), candidato al legislativo foral en una lista que fue ilegalizada y al que Garzón dejó en libertad bajo fianza de 10.000 euros tras ser detenido junto a los también procesados José Manuel Serra y Amaia Esnal, que no han presentado recurso ante la Sala.
En contra del criterio fiscal, el magistrado dejó fuera del procesamiento al histórico dirigente de Batasuna Rufi Etxebarria.
Para el juez, Otegi era el máximo responsable del "Bateragune" y entre sus actividades estaría la de "conseguir treguas encubiertas para Euskal Herria de acciones de ETA" para facilitar "los contactos" con formaciones soberanistas "que se muestren contrarias a la violencia y que exijan su cese como requisito para continuar".
Desde el pasado 6 de mayo, Otegi permanece en la cárcel de Logroño después de haber estado casi un mes en el centro penitenciario donostiarra de Martutene, al que fue trasladado a mediados de abril ya que la Audiencia Nacional le concedió un permiso para hacer dos visitas a su padre enfermo.
Según el auto de procesamiento, de la documentación intervenida a los ocho procesados y a los etarras Ekaitz Sirvent, Itziar Plaza, Asier Borrero y Iurgi Garitagoitia, se desprende que durante el proceso de debate interno de la banda terrorista -entre el verano de 2007 y la primavera de 2008-, se concluyó que había que crear una "nueva referencia institucional y política" cuya estrategia fuera la "combinación criminal de votos y bombas".
Las reuniones de los integrantes de "Bateragune", que Garzón eleva a once desde la primera que se celebró el pasado 17 de abril, se realizaban en la sede del sindicato LAB en San Sebastián, y añade que todos los procesados aportaban los "recursos disponibles en el conjunto organizativo de la izquierda abertzale".
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