El fiscal pide prorrogar la prisión de los CDR y sus letrados el traslado a Cataluña

La Fiscalía de la Audiencia Nacional se ha reiterado en la vista acogida para revisar la prisión provisional de los CDR encarcelados por terrorismo en que se les debe mantener esta medida cautelar en tanto se cumplen los supuestos que establece la Ley para evitar su libertad provisional; esto es: que existe riesgo de fuga, reiteración delictiva y destrucción de pruebas. Los letrados de cinco de los siete detenidos el pasado 26 de septiembre han solicitado, por contra, que le revoquen esta situación y que les dejen en libertad aunque, en caso de que el juez no acuerde esta petición, ya han solicitado al juzgado el traslado a cárceles de Cataluña.

En la 'vistilla' acordada para este miércoles y adelantada por este diario, los letrados de cinco de los siete CDR encarcelados en Soto del Real (Madrid) han denunciado vulneración de derechos humanos para todos ellos tal y como ha confirmado a los periodistas la letrada Eva Pous al término de este acto celebrado a puerta cerrada. "La vista iba para valorar si cuando se adoptó la medida si hubo elementos para que realmente se acordara la prisión y que se valorara también las diferentes vulneraciones que se han producido desde el mismo momento de la detención hasta las que se han alargado hasta hoy ", ha expuesto la abogada de Alerta Solidària, la cual ha sostenido que la prisión provisional es "jurídicamente insostenible".

Por ese motivo y aunque en esta comparecencia acogida por la Sala de lo Penal, los letrados defensores han pedido que les dejen en libertad, también están en trámite de solicitar el traslado de todos ellos a prisiones catalanas. Según explican, se ha formalizado la petición de cinco de ellos y trabajan ya en el de los otros dos restantes en aras a poder facilitar el trabajo de defensa de los detenidos en el marco de la operación Judas. Cabe recordar que el magistrado al frente de este operativo, Manuel García Castellón, acordó el ingreso en prisión para siete del total de nueve personas detenidas por delitos de integración en grupo terrorista, fabricación de explosivos, conspiración para delitos de estragos.

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"Cuando hay una injusticia se hace necesario que se haga una modificación de eta situación y como sociedad no sé hasta qué punto nos podemos permitir que existan  continuas vulneraciones de los derechos humanos", ha expuesto Pous, la cual ha recriminado que no se les prestó asistencia letrada a los detenidos y que ellos tampoco tuvieron acceso a las actuaciones tras el estallido del caso, el cual ha permanecido bajo secreto de sumario hasta su reciente levantamiento la pasada semana.  Al respecto ha dicho que se trabaja ya en la interposición de querellas y que se ha puesto en conocimiento del Síndic de Greuges (el defensor del pueblo en Cataluña).

Según sus abogados, se podría acordar otras medidas para Jordi Ros, Ferran Jolis, Germinal Tomàs, Guillem Xavier Duch, Alexis Codina, Xavier Buigas y Eduardo Garzón. Entienden pues que no existe riesgo de fuga y que ha quedado acreditado el arraigo a Cataluña donde tienen su familia. En el bando contrario se encuentra la Fiscalía de la Audiencia Nacional la cual se reitera en la petición de prisión que formuló tras la detención de todos ellos, los cuáles se enmarcan dentro de una facción de los Equipos de Respuesta Táctica (ERT), que vendría a ser el ala más radical de los CDR.

El sumario de la causa, puso de manifiesto cómo todos ellos trabajaron de forma coordinada en aras a establecer "vías de comunicación seguras" entre el exmandatario catalán Carles Puigdemont (al que se referían con el 'alias' de Lisa) y su sucesor en la Generalitat, Quim Torra (apodado como Gandalf). Así se desprende de una conversación mantenida entre dos de ellos (Xaiver Duch y Ferran Jolis) los cuáles hicieron referencia al operativo que pusieron en marcha para establecer las vías de contacto entre Cataluña y Bélgica así como al encuentro secreto que algunos de ellos mantuvieron 'in itinere' en el interior de un vehículo con una de las hermanas de Puigdemont. 

Las pesquisas de la UCO también pusieron de manifiesto cómo los detenidos compraron precursores de explosivo -algunos incluso haciéndose pasar como docentes para ello- y elaboraron un plan consistente en la entrada y ocupación del Parlament catalán -al que se refieren como 'Palacito'o 'Palacio grande'- con el beneplácito de Torra. De hecho, el propio Ferran expuso en su interrogatorio en la Audiencia Nacional que las órdenes para este cometido  que "venían de arriba, de Presidencia", en referencia a Torra. En el mismo querían emular lo que bautizaron como "30 G", en referencia a las protestas que tuvieron lugar el 30 de enero de 2018 a las afueras de la cámara regional catalana con motivo de la investidura fallida de Puigdemont.