San Fernando de Henares (Madrid), 31 mar.- La fiscal ha protestado hoy en el juicio de 19 acusados del asedio al Parlament catalán en 2011 por que se permita a testigos, entre ellos los presidentes de la Generalitat, Artur Mas, y de la Cámara, Núria de Gispert, declarar por videoconferencia y no en persona en la vista.
Los hechos se remontan al 15 de junio de 2011, cuando una concentración convocada por el movimiento 15M ante el Parlament, en Barcelona, derivó en situaciones de asedio a más de una decena de parlamentarios, entre ellos Mas, al que se le impidió el paso cuando viajaba en su vehículo oficial, que fue golpeado y zarandeado, y accedió finalmente en helicóptero junto con otros diputados.
Al comienzo de la vista las partes han planteado cuestiones previas, todas las cuales han sido rechazadas por el tribunal, y la fiscal Teresa Sandoval ha expresado su protesta al estimar que el hecho de que haya testigos que vayan a declarar por videoconferencia vulnera derechos fundamentales, ya que estima que es necesaria su presencia en la vista.
El juicio ha comenzado hoy contra diecinueve de los veinte procesados en esta causa, ya que uno se encuentra huido y cada uno de ellos se enfrenta a una petición del fiscal de cinco años y seis meses de prisión y una multa de 7.500 euros, así como a diversas penas que solicitan las acusaciones, ejercidas por el sindicato Manos Limpias, la Generalitat y el Parlament.
Tras rechazar la Sala la alegación de las defensas de falta de competencia de la Audiencia Nacional para juzgar estos hechos ha dado comienzo el juicio con el interrogatorio a los acusados, que se han acogido a su derecho a no prestar declaración.
Entre las cuestiones previas planteadas por las defensas y rechazadas por la Sala se encuentran la petición de expulsión del procedimiento de las acusaciones ejercidas por Manos Limpias y la Generalitat, al estimar en el primer caso que los hechos no constituyen objeto de interés para dicha organización y en el segundo por no haber ocurrido los mismos contra el Ejecutivo catalán sino contra el Parlament.
Sin embargo, la Sala ha estimado que no es el momento para expulsar del caso a Manos Limpias y que la personación de la Generalitat está legitimada pues la sesión parlamentaria del día de los hechos tenía como objeto el control del Gobierno autonómico.
Manos Limpias pide ocho años de prisión para cada acusado mientras que el Parlament y la Generalitat solicitan tres años para cuatro imputados.
Las defensas también han planteado de forma infructuosa la anulación de las grabaciones sobre los hechos aportadas a la causa al estimar que han podido ser manipuladas e incluso un abogado ha dicho que ciertas detenciones fueron desproporcionadas e hicieron recordar "épocas franquistas".
Los acusados están imputados como autores de un delito contra las instituciones del Estado en concurso con un delito de atentado contra la autoridad.
En su escrito de acusación los fiscales Teresa Sandoval y Jose Perals sostienen que durante la manifestación del 15 de junio "varios parlamentarios fueron rodeados e increpados por grupos de personas que les impedían el acceso al Parlament, mediante empujones, golpes, lanzamiento de objetos e insultos, creando un fundado temor en su seguridad personal".
En la vista está previsto que declaren como testigos por videoconferencia Mas, Gispert y el conseller de Territorio y Sostenibilidad, Santiago Vila, desde sus despachos oficiales, así como siete diputados autonómicos, mientras que otros tres parlamentarios lo harán en persona al haber optado por acudir a la sede de la Audiencia Nacional de San Fernando de Henares (Madrid).
El juicio seguirá mañana a las 10 horas con las declaraciones testificales de una decena de mossos de esquadra. EFE
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