"Hicieron una consciente y voluntaria dejación de sus funciones impidiendo la función auditora y el afloramiento de los deterioros". Así es como la fiscal Anticorrupción Carmen Laúna determina que la excúpula de Bankia evitó a toda costa facilitar al auditor externo de Deloitte, Francisco Celma, la documentación que reclamó a la entidad encarecidamente para dar el visto bueno a los estados financieros de 2011; los mismos que le sirven ahora para acusar por falsedad contable a un total de 14 personas.
Lo advirtió desde el mismo arranque del juicio por la salida a bolsa de Bankia: los hechos por los que 34 personas (tres de ellas jurídicas) se sentaban en el banquillo de los acusados podrían ser constitutivos no solo de delito de estafa de inversores sino también de falsedad contable. A su juicio, el hecho de que estos estados no estuvieran auditados no les exime de culpabilidad puesto que se presentaron en un hecho sin precedentes ante la CNMV. Por ese motivo, la fiscal cumplió con sus advertencias y endureció su acusación, la cual ya no dirige contra cuatro personas sino contra catorce; entre ellos el auditor externo de Deloitte.
Sin embargo, y aunque arremete contra Celma por dar validez a los estados financieros de Bankia y BFA de 2010 (que según expone ya recogían "cuantiosos quebrantos"), sí le respalda en lo que a sus continuos reclamos de información se refiere. De hecho, su escrito de conclusiones definitivas, presentado este mismo lunes durante su intervención en el plenario, se hace eco de los correos que el experto de la firma dirigió a los responsables del comité de auditoría entre finales de 2011 y comienzos de 2012 y que fueron incluidos en el sumario de la causa en plena vista oral, tal y como adelantó este diario.
"La carencia de información es casi absoluta"
"La carencia de información en el área inmobiliaria es casi absoluta. Es difícil de justificar y hace muy difícil avanzar en la realización del trabajo de auditoría", rezan las comunicaciones remitidas por el auditor entre finales de 2011 y 2012. Laúna zanja de esta forma uno de los asuntos más peliagudos de esta vista oral sentenciando que Deloitte no emitió ningún borrador en relación a las cuentas de 2011 (que acabaron siendo reformuladas tras el aterrizaje en la entidad de Ignacio Goirigolzarri) y responsabiliza penalmente por estos hechos a José Manuel Fernández Norniella, Miguel Ángel Soria y Sergio Durá, en calidad de interlocutores de Celma. "Se inició una carrera de obstáculos de cara a dificultar la actividad auditora", apunta.
Como consecuencia, se produjo el "hecho extraordinario" de omitir en las cuentas de ese ejercicio ajustes "de capital importancia" tales como los relacionados con activos inmobiliarios y adjudicados que fueron aflorados ya en mayo de 2012. Este asunto es la columna vertebral que sirve a Carmen Laúna para apuntalar su acusación por falsedad contable en tanto considera desde su aterrizaje en la causa que los hechos delictivos no se ciñen a irregularidades en el folleto de salida a bolsa de Bankia, por los que atribuía estafa a la cúpula del banco; sino que el maquillaje de las cuentas de 2010 y 2011 es constitutivo de delito de falsedad contable.
De ahí que, en sintonía con las acusaciones particulares y populares del proceso, haya señalado directamente como responsables de la debacle de Bankia, no solo a la cúpula contra la que venía ejerciendo acusación, sino también a Ángel Acebes y Miguel Ángel Soria (entonces responsables de los comités de auditoría de BFA y Bankia, respectivamente); el director general de riesgos de BFA Ildefonso Sánchez Barcoj; el interventor general Sergio Durá y otros miembros de este departamento tales como Pedro Bedía, Remigio Pellicer, José María García-Fuster y Araceli Mora. Pide para todos ellos penas que van desde un año de prisión hasta un total de ocho y medio en el caso de Rodrigo Rato.
El quebranto no vino por sorpresa
La fiscal Laúna pone el foco también en otras pruebas surgidas a lo largo del juicio relativas a las reuniones que se celebraron entre inspectores del Banco de España y el presidente Rodrigo Rato ya cuando la situación de Bankia avocaba a una inmediata intervención del FROB. "El presidente, Rodrigo de Rato, fue receptor de esta información, no solo por las advertencias de sus colaboradores en la entidad sino a través de sucesivas reuniones que mantuvo con diversos responsables del Banco de España", concreta la fiscal haciéndose eco de las testificales de inspectores del supervisor que aludieron a este asunto, como es el caso de la declaración que prestó José Antonio Casaus.
La representante del Ministerio Público no solo se centra en los estados financieros de 2011 sino que también se ampara en las conclusiones aportadas por los expertos del Banco de España en la fase pericial para apuntar que la cúpula del banco era consciente de que los quebrantos que abocaron la caja al abismo se venían arrastrando desde 2010, año en que se produjo el proceso de fusión fría de las siete cajas. Y, pese a exponerlo, ocultaron la verdadera situación patrimonial de la entidad llegando a presentar unas cuentas que, aunque arrojaban unas ganancias de 307 millones de euros, acabaron reflejando pérdidas de 2.977 millones tras la reformulación de dichos estados financieros.
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