La primera de las dos vistas acogidas este miércoles en la Audiencia Nacional para ilegalizar el sindicato de trabajadoras sexuales Otras ha escenificado la división que genera esta polémica cuestión. Por un lado, el colectivo, que asegura que engloba más actividades además de la prostitución, y por otro, las asociaciones demandantes y el fiscal, contrarios a que se regularice esta actividad. Tanto es así que este último, en su turno de palabra, lo ha definido como un “auténtico fraude de ley” desde el punto de vista jurídico.
En medio de una expectación cuanto menos inusual en los juzgados de lo Social, el juicio–que se celebra a puerta cerrada y en una sala abarrotada por mujeres- ha puesto de manifiesto el enfrentamiento entre las partes en torno a la legalidad de los estatutos. Así, el fiscal Benito Egido, ha dicho que se trata de contratos constitutivos de delito porque, al no estar la prostitución reconocida como un empleo, ésta no se puede regular y choca frontalmente con la Ley Orgánica de la Actividad Sindical y el Código Civil.
Tampoco tiene cabida en el Código Penal puesto que este mismo “sanciona a quien se nutre explotando a una persona”. “La única solución es la estimación de la demanda y la nulidad de los estatutos”, ha dicho el representante del Ministerio Público, quien sí considera que detrás de todo esto lo que se busca es dar cobertura legal a la prostitución.
Desde la comisión para la investigación de malos tratos a mujeres han solicitado también la nulidad de los estatutos y, por tanto, de todo el sindicato en sí alegando que no se puede establecer un marco de relación económica de la prostitución. “Un contrato laboral exigiría un legítimo modelo de relaciones sexuales y eso manda el mensaje normativo de que las mujeres podemos ser devaluadas”, ha expuesto Rosario Carracedo.
La Plataforma 8 de marzo de Sevilla, que junto con la anterior, integra la Plataforma Estatal de Organizaciones de Mujeres por la Abolición de la Prostitución, se ha pronunciado en los mismos términos. En ningún caso puede regularizarse esta actividad ni tampoco se puede hablar de trabajadoras de la prostitución puesto que supone dar marco legal al proxenetismo, ha dicho su letrada.
El colectivo denuncia que es un juicio ideológico
En la parte contraria la representación procesal del sindicato –legalizado el pasado 31 de julio- ha expuesto que las dos vistas señaladas para este miércoles tienen un tinte “ideológico”. Al hilo, ha asegurado que no está constituido por prostitutas sino por trabajadoras por cuenta ajena en el ámbito sexual como puede ser “la industria pornográfica, alterne, los centros de masajes o espectáculos eróticos”, ha dicho.
En relación al segundo pleito, en el que se iba a estudiar la demanda interpuesta por la asociación feminista L'Escola, se ha suspendido por decisión del magistrado. El juez ha considerado que no tiene sentido celebrar una vista idéntica a la anterior y, por tanto, la ha relegado a al espera de que el tribunal se pronuncie sobre la primera. En este caso, la asociación actuaba también contra el Gobierno por haber permitido la inscripción de Otras por la Dirección General de Trabajo.
Precisamente, su legalización desató una ola de críticas contra la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, y terminó además con la renuncia de la entonces directora general de Trabajo, Concha Pascual, después de que la titular del Ministerio reconociera que no estaba al tanto de esta situación y que le habían metido "un gol por toda la escuadra".
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