El descontento del Poder Judicial con el Ejecutivo por la reforma para elegir los nuevos vocales del CGPJ se deja sentir también en la carrera fiscal. La mayoritaria Asociación de Fiscales ha anunciado que, siguiendo la estela marcada por algunas asociaciones de jueces, no va a participar en el encuentro virtual previsto para este lunes 19 de octubre con el Ministerio de Justicia que dirige Juan Carlos Campo y que estaba fijado para abordar cuestiones relativas a la revisión de las medidas de los planes de choque para hacer frente a la crisis del coronavirus.
De este modo, se suman a las críticas emprendidas desde tres de las cuatro asociaciones mayoritarias de magistrados que denuncian que esta iniciativa ataca la independencia judicial y anula lo estipulado por el Tribunal Constitucional en su sentencia 108/86. El registro de la proposición de ley por parte de los grupos parlamentarios de PSOE y Unidas Podemos la pasada semana llevó a las asociaciones a plantarse ante el Ejecutivo y a denunciar que, de instaurarse esta reforma, se actúa en dirección contraria a lo solicitado desde el año 2013 por Europa. El aumento de la tensión llevó el pasado viernes a la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y Francisco de Vitoria a anunciar su intención de no acudir a más reuniones con el Ejecutivo si sigue en pie la tramitación de la iniciativa.
Tal y como plasmaron en una escueta nota, las asociaciones judiciales fueron convocadas por el Ministerio de Justicia para participar en varias reuniones por videoconferencia con el secretario de Estado de Justicia, Pablo Zapatero, los días 19, 20 y 21 de este mes. Según expusieron, no se puede hablar de planes de choque con quien "justifica, promueve y apoya" este proyecto de reforma de la Ley Orgánica que consiste en una modificación del sistema de elección de vocales impulsando que 12 de los 20 se puedan elegir por sistema de mayoría absoluta de las cámaras y no con mayoría de tres quintos. Se trata de un cambio del marco legal que el Gobierno justifica ante el bloqueo del Partido Popular en las negociaciones para renovar el CGPJ, en funciones desde diciembre de 2018.
"Cambios legislativos apresurados"
El anuncio de las dos asociaciones acerca de que no participarían en más encuentros con Justicia no se comparte por igual en toda la carrera. Así, desde Foro Judicial Independiente consideraron que la ausencia en los encuentros con el Ministerio es un "gesto vacío" de contenido que únicamente afectaría a los ciudadanos. Por ese motivo, sugiere al resto que retiren los candidatos que presentan para renovar su órgano de gobierno. "Es el único gesto que está a la altura del desafío de la reforma presentada. Creemos que los ciudadanos y la mayoría de los jueces no pueden entender que, cambiándose las reglas del juego sobre la marcha, haya jueces y asociaciones judiciales que se sigan prestando al control político de la Justicia", expusieron.
Ahora, los fiscales se posicionan también en esta polémica y lo hacen sumándose al 'plante' a Justicia. La conservadora Asociación de Fiscales considera que la iniciativa registrada en el Congreso de los Diputados "afecta de lleno a la independencia judicial, incide en una mayor politización de la Justicia y pone en riesgo la división de poderes". "Desde la Asociación de Fiscales hemos sido siempre partidarios de colaborar con el Ministerio, independientemente de su color político, en defensa de los intereses de los ciudadanos en general y de los fiscales en particular (...). No obstante, en los delicados momentos en los que estamos viviendo entendemos que prima la defensa de los valores superiores que sustentan nuestra democracia, por lo que no podemos ser cómplices de cambios legislativos apresurados y sin el debido consenso, quedando a la espera de nuevas noticias del Ministerio para reanudar nuestra colaboración", recalcan.
La propuesta del Gobierno de coalición también tuvo su eco en Europa, coincidiendo con el reparto de 140.000 millones de euros en fondos de ayuda para hacer frente a los estragos de la pandemia. Desde el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) se ha insistido a España para que modifique el sistema de elección de los 20 vocales que integran el CGPJ. En la actualidad, Congreso y Senado proponen un total de 12 jueces y magistrados y otras ocho personas restantes escogidas entre juristas de reconocida competencia. La Ley establece que el mandato es de cinco años, periodo tras el cual se entraría en funciones hasta la toma de posesión del nuevo órgano de gobierno. Sin embargo, desde Europa se ha instado a que los jueces tengan un mayor protagonismo en la elección de sus vocales en aras a evitar la politización del órgano.
Rechazo del colegio de abogados
Aunque parecía que las negociaciones entre PP y PSOE para renovar el CGPJ estaban en un punto de no retorno, las presiones de Bruselas llevaron a ambos a suavizar las posturas a finales de la pasada aunque tanto Pablo Casado como Sánchez tienen líneas rojas que dificultan la concreción de un acuerdo. Así, los populares ratifican la posición mantenida los últimos meses al rechazar que Podemos forme parte del reparto de vocales y, además, se niegan a que se siga tramitando la iniciativa parlamentaria en lo que al cambio de elección de vocales respecta. Por su parte, el PSOE insiste en denunciar que el PP está bloqueando las negociaciones de una renovación que estuvo a punto de cerrarse hace dos años cuando sonó el nombre de Manuel Marchena como sustituto de Carlos Lesmes.
Precisamente, Lesmes también ha expuesto en numerosas ocasiones su descontento por la falta de consenso político para impulsar el cambio en el órgano de gobierno de jueces. Se trata de un rechazo compartido por parte de los vocales que integran su actual equipo, de acuerdo con fuentes del CGPJ consultadas por este diario, las cuáles explican que no se vio con buenos ojos el registro de la iniciativa parlamentaria. De hecho, el sector más conservador del actual equipo ha solicitado un pleno extraordinarario para tratar la reforma del Poder Judicial y manifestar su negativa a la misma. A estas críticas se suma también la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Madrid desde donde reclaman un "urgente entendimiento" a la clase política y solicitan que se mantenga el sistema de elección de 1985.
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