La Fiscalía Anticorrupción ha cifrado en seis millones de euros la cuantía que Francisco Granados y Javier López Madrid se repartieron junto con el constructor David Marjaliza como resultado de los contratos amañados en la Comunidad de Madrid durante la etapa de Granados en la consejería de Transporte y de las que fueron adjudicatarias las empresas creadas por los acusados. De igual modo, el Ministerio Público también sitúa en estos hechos delictivos a Jesús Trabada, exconsejero delegado de la entidad pública Mintra.
De acuerdo con un escrito del Ministerio Público recogido por este diario, el avance de la investigación del caso Púnica ha evidenciado que, desde el año 2004, Granados concertó con Trabada un plan "para lucrarse a toda costa de los fondos públicos". La estrategia contempló amañar la adjudicación de los contratos para la construcción de infraestructuras de Metro Madrid. Los mismos se licitaron desde Mintra y se hicieron a favor de empresas amigas a cambio de lograr adjudicaciones, de acuerdo con el relato de las fiscales Anticorrupción al frente del procedimiento.
Los acusados también planificaron durante los años 2007 y 2008 que las grandes empresas que realizaban las obra de metro atendiesen las facturas que, en concepto de publicidad por la construcción, les emitía la mercantil Waiter Music. José Luis Huerta, administrador de la misma, confesó en su declaración como investigado en la Audiencia Nacional que organizó diversos actos para las campañas del partido y de la Comunidad de Madrid y que cobró, a cambio, con facturas falsas y adjudicaciones para más licitaciones.
Ahora las fiscales apuntan que las mordidas que los acusados se repartieron salieron del 'Plan de ampliación del metro de Madrid'. Una de las empresas elegidas para ser la beneficiarias de las adjudicaciones fue Obrum, vinculada al presunto cabecilla de la red, David Marjaliza, al cual también vinculan dentro del plan. En lo que respecta a Javier López Madrid, el Ministerio Público expone que ideó junto con otros directivos de OHL el "ardid" que permitió crear la empresa Gravitum.
El objetivo era utilizar la mercantil como intermediaria y conseguir así las clasificaciones que eran necesarias de cara a que Obrum pudiera presentarse a las licitaciones de Mintra. Las comisiones que se repartieron todos los acusados como resultado de estas adjudicaciones irregulares superaron los seis millones de euros, de acuerdo con la conclusión que alcanza la Fiscalía tras las pesquisas realizadas por la UCO en la investigación de la causa. Igualmente expone que, de cara a ocultar todas estas partidas en 'b', se sirvieron de testaferros, facturas falsas y sociedades pantalla.
De los correos y las comunicaciones interceptadas a lo largo de la investigación, se ha conocido que Granados, López Madrid y Trabada
crearon en 2011 la sociedad Bustren y la utilizaron para ocultar en ella todas estas mordidas. Igualmente, Anticorrupción precisa que tanto el expolítico regional como el yerno de Juan Miguel Villar Mir se sirvieron de testaferros con los que taparon sus ganancias. Así, mientras Granados se apoyó en el que fuera su jefe de gabinete en la Consejería de Presidencia, Ignacio Palacios; López Madrid se habría servido de la sociedad Noyer Proycetos S.L, administrada por su hermana Miriam.
De hecho, estas pesquisas son las que llevaron a Anticorrupción a pedir la testifical de la hermana de López Madrid si bien el magistrado Alejandro Abascal respondió que se acordará conforme avance la instrucción. Con todo, sí accedió a la petición formulada por la Fiscalía en lo que respecta a la imputación de César Sánchez y Cristóbal Medina, los dos empresarios que canalizaron el desvío de mordidas desde OHL a las sociedades arriba mencionadas. Los investigadores concluyeron que KV Consultores, la sociedad que ambos administraban , fue utilizada para ocultar la "inversión subrepticia" que se realizó en Bustren en 2012.
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