En un informe aprobado en julio

Fiscalía afea al Gobierno que excluya a partidos políticos de las causas penales

La institución dirigida por Dolores Delgado cree que la acusación popular es un "factor de enriquecimiento” que permite conocer la opinión de la ciudadanía y admite que su actuación en ocasiones es determinante.

Dolores Delgado
Fiscalía afea al Gobierno que excluya a partidos políticos de las causas penales.
Europa Press

La Fiscalía General del Estado no comparte con el Gobierno de Pedro Sánchez que la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), que otorgará a los fiscales la dirección de las instrucciones penales, excluya a las personas jurídicas públicas, partidos políticos y sindicatos para el ejercicio de la acusación popular que vienen desempeñando desde años atrás en multitudes de procedimientos, sobre todo de corrupción. El Ministerio Fiscal no entiende "qué mal puede haber" en que las formaciones políticas o agrupaciones sindicales continúen formando parte de las causas penales cuando suponen un "factor de enriquecimiento", ya que permite conocer la visión de la ciudadanía a la que representan ante una infracción concreta. Además, admite que la actuación de estos grupos como acusación en alguna ocasión ha sido determinante.

El Consejo Fiscal, órgano consultivo de la Fiscalía, aprobó por unanimidad el pasado 7 de julio, tras unas "intensas jornadas de trabajo" desarrolladas en el Pazo de Mariñán (A Coruña), su informe sobre esta nueva ley que permitirá asemejar el sistema procesal español al de los países del entorno, algo que la institución dirigida por Dolores Delgado aplaude ya que "sin resultar inaplazable, sí parece ciertamente aconsejable, pues son múltiples las ventajas que presenta la atribución de la dirección de la investigación criminal al Ministerio Fiscal".

No obstante, la "valoración general" sobre el anteproyecto aprobado por el Consejo de Ministros en noviembre de 2020 es "desfavorable", principalmente porque se concede a los ahora denominados jueces de garantías funciones "exorbitantes". Pero también por la falta de medios materiales y personales para acometer esta reforma legislativa, por lo que recuerda que "todo intento de modernización del sistema procesal español resultará estéril de no acompañarse de un importante incremento presupuestario".

La modificación del texto que data del siglo XIX es uno de los proyectos estrella del ex ministro de Justicia Juan Carlos Campo, que dejó listo para recabar los informes preceptivos, que no vinculantes, de la Fiscalía General del Estado, del Consejo General del Poder Judicial y del Consejo de Estado antes de remitirlo al Congreso de los Diputados para su tramitación parlamentarias.

Una "indisimulada desconfianza"

En el turno del Ministerio Público, éste ha sido muy crítico con el Ejecutivo en otra de las novedades que incluye en su reforma. Según señala el Consejo Fiscal a lo largo de 700 páginas, con la limitación del ejercicio de la acusación popular se constata en el "prelegislador" (el Gobierno) una "indisimulada desconfianza" con respecto a esta institución. Así, lamenta que la presencia de la acción popular quede relegada a "una mera posibilidad testimonial", incumpliendo de este modo, según señala, el mandato constitucional de facilitar la participación de la ciudadanía en la justicia penal.

Los fiscales no asumen la tesis del Gobierno sobre que la participación "activa" de las formaciones políticas y sindicatos en el debate político justifica su exclusión de los procedimientos penales. En este sentido, rechazan que vincule a las acusaciones populares al "riesgo de instrumentalización del proceso", pues, de acuerdo con el documento aprobado por los representantes de la carrera fiscal, cualquiera de las partes inmersas en una causa judicial pueden "instrumentalizar la acción penal" y por ello se prevén límites y condiciones al ejercicio de la acción pública.

Pide no "mirar con recelo"

"La experiencia enseña que en ocasiones la especial función de control de la actividad pública ejercida por los partidos políticos y sindicatos ha sido determinante a la hora de aflorar, enjuiciar y en algún caso castigar graves conductas delictivas", subraya la Fiscalía General del Estado, que ve a la acusación popular como un elemento del no se debería "prescindir", puesto que permite percibir "la evolución de la conciencia social". Por todo ello, insta al Gobierno a no "mirar con recelo" a esta forma de acusación por el simple hecho de que sea "exótica" en los países tomados como referencia para modernizar el sistema procesal.

Por último, el Consejo Fiscal también choca a la hora del papel que se le da a Fiscalía sobre la acusación popular. En este punto, la Fiscalía, además de mostrarse convencida de que sus respectivas actuaciones "no siempre serán coincidentes", hace especial hincapié en que, como institución que dirigirá las instrucciones penales, debe tener competencia, y no el juez de garantías, tanto para admitir querellas como para comprobar los requisitos que deben cumplir los interesados en personarse como acusación popular, al igual que la nueva ley establece para los casos de las acusaciones particulares. Así, ante esta diferenciación de trámites, la Fiscalía recrimina que haya "una desconfianza ante la actuación imparcial del fiscal".

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