Las presuntas irregularidades contables en Banco de Valencia investigadas en los últimos seis años en la Audiencia Nacional han puesto en la picota no solo a la excúpula sino también a otros entes que figuran en el procedimiento como responsables civiles subsidiarios. De este modo, Bancaja, Bankia Hábitat, BFA, Fundación Bancaja y Deloitte deberán responder, si se mantiene el criterio del magistrado Santiago Pedraz, por el declive de la entidad. Sin embargo, muchos de los afectados por estos hechos han solicitado al instructor que también incluya en la lista a Caixabank en calidad de heredera del negocio, una petición que rechaza de plano la Fiscalía Anticorrupción, al entender que los accionistas no pueden figurar como culpables a la par que víctimas de los hechos.
En su escrito, recogido por este diario, el Ministerio Público expone que no cabe considerar a Caixabank, que está personada por la presunta mala gestión de los anteriores directivos, en doble condición de perjudicado y responsable, precisamente porque la intervención del Frob en la liquidación del BdV supuso una "ruptura causal de la responsabilidad", tal y como expuso la fiscal al frente del caso, Carmen Launa. En su opinión, de actuar de este modo, se produciría una "extraña paradoja" en la situación de los accionistas víctimas de la presunta falsedad de cuentas que llevó a cabo la entonces cúpula.
El magistrado Pedraz, que comparte el criterio de Fiscalía, cerró la instrucción el pasado mes de diciembre dando el primer paso para sentar en el banquillo de los acusados por delito de falsedad contable a un total de 14 personas, entre las que se encuentran el expresidente de Banco de Valencia José Luis Olivas; el exconsejero delegado Domingo Parra o el socio auditor de Deloitte Miguel Monferrer. El instructor consideró que todos ellos deben responder penalmente por el presunto maquillaje de los estados relativos a los ejercicios de 2009 y 2010.
El recurso de los afectados
Sin embargo, las víctimas personadas en el procedimiento han recurrido la decisión del magistrado únicamente en lo que respecta a Caixabank, que acabó comprando el banco intervenido por 1 euro. En su recurso presentado ante el Juzgado Central de Instrucción número 1 y al que ha tenido acceso este diario, algunos de los perjudicados explican que la entidad que preside Gonzalo Gortázar es la "sucesora universal" de un negocio que recibió una inyección de capital público de 4.500 millones de euros. Para razonar sus argumentos se apoyan en otra causa penal que investiga la Audiencia Nacional, relativa a la caída del Banco Popular, y en la que el Santander, que llegó a estar imputado, figura como responsable civil subsidiario.
Los perjudicados analizan todo lo relativo a la responsabilidad de las personas físicas y jurídicas y explican que cuando se llevó a cabo la ampliación de capital 2016 mediante oferta pública, el Popular también contaba con consejeros personas jurídicas y ello no ha implicado que el Santander esté libre de polvo y paja de los hechos, por lo menos hasta el momento. En el caso de la entidad valenciana, los afectados insisten en que quien actuaba en realidad en nombre del Banco de Valencia no era Bankia sino el representante designado por ésta, es decir, José Luis Olivas. "Es por ello que, teniendo el señor Olivas y Bankia las mismas obligaciones y deberes frente a Banco de Valencia, ésta última es responsable de los actos de sus representantes", determinan.
El Frob excluye a BFA
En lo que respecta a la Abogacía del Estado, en representación del Frob, su petición va en otra línea. De acuerdo con el escrito que remitió al juzgado, los servicios jurídicos del Gobierno consideran que la que no debería figurar como responsable civil subsidiaria de la alteración de las cuentas es BFA. "Ello supondría, como expusimos en nuestro recurso del 25 de enero de 2018, que los fondos públicos destinados a la reestructuración de aquellas entidades de crédito que tuvieron que ser intervenidas sufrirían un doble perjuicio. En definitiva, sería el erario público el que tendría que hacer frente a las eventuales condenas por ser pública la procedencia del capital de BFA", reza su escrito de alegaciones.
Sin embargo, ni Pedraz ni la Sala de lo Penal comparten ese criterio, por lo que la matriz de Bankia seguirá figurando en la lista de entes que tendrán que responder en un eventual juicio por estos hechos. En el mismo se intentará dilucidar si tienen razón las defensas cuando afirman que los gestores del banco más antiguo de la Comunidad Valenciana actuaron conforme a las normas o, por el contrario, se llevaron a cabo una serie de presuntas irregularidades (como la autorización de refinanciaciones a promotores inmobiliarios o el incumplimiento de las circulares del Banco de España) que derivaron en unas pérdidas para el ejercicio de 2011 superiores a los 100 millones.
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