El Tribunal Supremo ya ha activado los plazos para decidir si investigará a no a Pablo Iglesias por su implicación en el caso Dina. Apenas un día después de que el magistrado del caso Villarejo enviara su exposición razonada, el alto tribunal dio traslado al Ministerio Fiscal para que emita su informe. El órgano que dirige Dolores Delgado tiene que pronunciarse pues acerca de si ve indicios de delito en la actuación del líder de Podemos con el robo del teléfono de su exasesora. Su turno de actuación se produce en un momento especialmente delicado para el Ministerio Público no solo por las dudas sobre su imparcialidad sino también por el eco de las polémicas declaraciones que vertió hace apenas unas semanas el fiscal Luis Navajas contra compañeros del órgano.
Precisamente el teniente fiscal del Tribunal Supremo es el encargado de asumir este asunto en calidad de coordinador de los aforamientos. De manera que las causas con aforado -como ocurre con Pablo Iglesias por su condición de diputado- corresponden a él tramitarlas. Fuentes del órgano fiscal consultadas por La Información explican que está en su mano decidir sobre este asunto, aunque tiene la opción de designar un equipo para resolver la petición del magistrado de la Audiencia Nacional. En caso de optar por esta segunda alternativa, Navajas podría recurrir a los cuatro fiscales de Sala Jefe del Tribunal Supremo. Ellos son Antolín Herrero (cuya plaza está vacante tras su jubilación), el fiscal del 'procés' Fidel Cadena, Pilar Valcárcel y Juan Ignacio Campos, este último al frente de las pesquisas no judicializadas por la fortuna del Rey Emérito.
Lo que está claro es que el órgano que dirige Dolores Delgado no va a convocar una Junta de Fiscales de Sala como se había pedido por parte de algunos miembros de la carrera fiscal. Las fuentes consultadas explican que esas juntas se convocan, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 15 de su Estatuto Orgánico, en orden a la formación de los criterios unitarios. Además consideran que no se da una especial complejidad en la resolución de la petición del magistrado, la cual se dirige no solo contra Iglesias sino también contra la que fuera jefa de servicios jurídicos de Podemos Gloria Elizo, los abogados de la formación Marta Flor y Raúl Carballedo además de Dina Bousselham y su pareja Ricardo Sá Ferrera. El líder de Podemos afronta una investigación penal por los delitos de denuncia falsa, revelación de secretos y daños informáticos.
Celeridad en la respuesta
El órgano que dirige Dolores Delgado no apurará para dar traslado de su dictamen a la Sala de lo Penal. Aunque su resolución no es vinculante, sí se tendrá en cuenta por parte de los cinco magistrados designados para estudiar la admisión o no a trámite de la exposición razonada. A falta de todavía de conocer el criterio de la Fiscalía, lo cierto es que su posicionamiento se produce en un momento especialmente delicado dentro del órgano teniendo en cuenta que las declaraciones de Navajas de hace apenas unas semanas sentaron especialmente mal en la carrera fiscal y provocaron escisión dentro de los fiscales del alto tribunal.
A pesar de estar cerca de su jubilación y de ostentar un perfil discreto, Navajas sorprendió en una entrevista radiofónica al denunciar que había recibido presiones de los fiscales del Tribunal Supremo Fidel Cadena y Consuelo Madrigal para que modificara su criterio sobre las querellas de la Covid contra el Gobierno. Navajas relató que intentaron influirle pese a que él consideraba fundamentado posicionarse en contra de la admisión de estas querellas. Pero fue más allá y dijo que no convocó la Junta de Fiscales porque con "esa tropa" no podía entrara a rebatir a que le dieran consejo sugiriendo además que se producen filtraciones desde la Fiscalía Anticorrupción. De hecho, un día antes también se pronunció sobre uno de los fiscales del caso Villarejo asegurando que le hubiera removido de su destino después de que le vincularan sentimentalmente con la abogada Marta Flor.
Se da la circunstancia de que ahora tendrá que pronunciarse si admite a trámite o no estas actuaciones que se dirigen contra el vicepresidente del Ejecutivo y su hasta hace poco letrada en el caso Tándem. Así pues, se trata de una coyuntura que no hace sino echar más leña al fuego a una causa de por sí compleja. A todo ello se añade las dudas acerca de la imparcialidad de la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, en su actuación al frente del órgano. Aunque la exministra de Justicia ha dejado claro que se abstendrá de todas aquellas causas que estudie el Ministerio Público relativas al Ejecutivo, esta situación vuelve a poner en el punto de mira a la institución.
Las amenazas, ante Europa
Así pues, se dan las condiciones para que el órgano resuelva cuanto antes teniendo en cuenta el interés mediático del caso Villarejo y que afecta de lleno al Gobierno al tratarse del socio de Pedro Sánchez. El caso tampoco se alargará una vez caiga en manos de los magistrados de la Sala Segunda. El tribunal que presidirá Manuel Marchena en calidad de presidente de esta Sala también se dará celeridad con el asunto que ha tenido una destacada repercusión no solo en la escena política sino también la judicial. Y es que después de concluir la investigación de la pieza de Dina, el instructor denunció que había recibido amenazas de muerte por las redes sociales.
Se trata de un capítulo que puso en manos de la Guardia Civil y de la Policía Nacional y del que dio traslado al CGPJ. En su escrito al órgano de gobierno de jueces el magistrado plasmó que algunos de los mensajes se atribuían a miembros de la formación morada y hasta a ministros del Ejecutivo, a los cuáles reprochó que, a sabiendas de la visibilidad que les da su cargo, arremetan contra él colocándole en una situación de "indefensión y descrédito personal". De hecho, el asunto ha llegado a Europa. Y es que la fundadora de UPyD ha trasladado a las autoridades comunitarias de su preocupación por la campaña de hostigamiento que está sufriendo el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 y que achaca al Ejecutivo de Sánchez, de acuerdo con un escrito al que ha tenido acceso La Información.
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