La decisión del magistrado Manuel García Castellón de imputar en el caso Púnica a Esperanza Aguirre reside no solo en la necesidad de que la expresidenta regional explique qué conocimiento exacto tenía de esta presunta caja 'b' del PP madrileño, sino también en cómo nació esta causa de corrupción que, de acuerdo con la tesis del Ministerio Fiscal, se remonta al año 2003 y en la misma jugó un papel "esencial" la exlíder de los populares madrileños.
De hecho, la Fiscalía Anticorrupción justifica su petición de imputación precisamente en los orígenes de este caso que arrancó en octubre de 2014 con la detención de Francisco Granados. Para ello, las fiscales Carmen García y Teresa Gálvez detallan en su escrito de ordenación de piezas, al que ha tenido acceso este diario, cómo la mandataria regional posicionó tanto a Granados como a Ignacio González en puestos clave del Gobierno hasta convertirles en "ejecutores de sus decisiones", lo que ambos aprovecharon en su favor personal.
De este modo, tras acceder el PP en el año 2003 a la Comunidad de Madrid, se diseñaron por los máximos responsables de la formación "estrategias" para obtener fuentes de financiación pública para el partido. Para ello aprovecharon que las consejerías estaban presididas por miembros del PP y que estas, a su vez, eran órganos de contratación de las licitaciones. Se refieren las fiscales a lo ocurrido en determinadas corporaciones dependientes del Gobierno regional como Fundescam, el Canal de Isabel II o la Agencia de Informática (ICM); todas ellas implicadas en el desvío de fondos destinado a sufragar a los donantes de las campañas electorales.
Desvío de fondos supervisado por Aguirre
De este modo, Aguirre convirtió a los dos políticos "en personas de su círculo de confianza" y propició en 2004 un cambio clave dentro del Ejecutivo regional; el de separar la titularidad de la Consejería de Presidencia de la vicepresidencia. Tras ello puso a Granados al frente de ese departamento y acordó que González ostentara el número dos del gobierno regional. Así consiguió repartir entre ambos las empresas públicas de la CAM dejando en sus manos "las que manejaban mayor presupuesto y eficacia en la recaudación".
El primer plan que se concertó en una de las tramas más densas que se investigan en la Audiencia Nacional fue el de utilizar la partida de publicidad para desviar dinero de las arcas públicas y adjudicar estos contratos a uno de los principales imputados de la red y proveedor de confianza de las campañas regionales de 2003, el empresario Horacio Mercado. Precisamente, los agentes de la UCO ubicaron a Esperanza Aguirre en reuniones determinantes en la sede del Gobierno regional en las que se cerraron los pormenores de estas adjudicaciones, las cuáles estuvieron siempre bajo su supervisión.
Y así es como arrancó una dinámica mantenida en el tiempo y que se perpetró en las elecciones autonómicas de 2007 y 2011 además de las generales de 2008. Para facilitar el trasvase de fondos, se centralizó el control de las partidas de publicidad en la vicepresidencia y portavocía del Gobierno (dirigida por la entonces mano derecha de Aguirre, Ignacio González). Paralelamente, Mercado y el resto de empresarios que se sumaron a esta práctica confeccionaron facturas sobredimensionadas e incluso falsas a constructoras, centros gestores de hospitales y otras adjudicatarias licitados por las consejerías de Sanidad y de Transportes.
Campañas millonarias
Precisamente, la Fiscalía no pasa por alto que Granados "se supo granjear" el apoyo de Aguirre desde sus inicios en la vida pública para conseguir primero que le nombrase responsable del departamento de Transportes (del que dependía Mintra, órgano con el que adjudicaron licitaciones presuntamente irregulares) y luego consejero de Presidencia, desde donde pudo gestionar directamente los fondos del Gobierno regional. Ello lo consiguió gracias también al control que ejerció sobre la empresa pública Arpegio, dependiente hasta el momento de la Consejería de Medio Ambiente, y a través de la cual se ejecutaron los programas Prisma.
De hecho, las fiscales apuntan que el considerado como 'cerebro' de la red actuó como "recaudador del partido" recogiendo importantes cuantías de cantidades en 'b' que hizo llegar al también investigado y entonces gerente del partido regional, Beltrán Gutiérrez. Este último fue el que llevó el control directo de la caja 'b' del PP desde la que se sufragaron de forma "falsa y fraudulenta" los gastos electorales de la formación. Este "colchón financiero" granjeado en el partido permitió a los acusados encargar unas campañas que por su "magnificiencia escénica" excedían con "diferencias millonarias" el techo de gasto electoral legal.
Imputación en tiempo de descuento
Y esta dinámica ha llevado a los investigadores, cuando se cumplen cinco años del arranque del procedimiento y a escasos meses de que este tenga que estar completamente instruido, a atribuir a Aguirre un papel más que relevante en el entramado. En todo este tiempo las acusaciones populares han instado a la citación de Aguirre como investigada aunque se han encontrado siempre con la postura contraria de Anticorrupción y la negativa del magistrado García Castellón, que aseguró en varias ocasiones que se trataba de una diligencia "prematura".
Las conclusiones alcanzadas por la UCO en su último informe y el avance de las pesquisas llevaron a las fiscales a propiciar un giro en la causa y solicitar su imputación junto con la de otras decenas de personas, como los también expresidentes Cristina Cifuentes, Ignacio González, los exconsejeros José Güemes, Manuel Lamela y Borja Sarasola o el expresidente de Indra Javier Monzón. Todos ellos se suman a la lista de cerca de 60 citados -entre imputados, testigos y perjudicados- que desfilarán ante el magistrado instructor desde la próxima semana hasta mediados del mes de octubre en el marco de esta novena pieza de la trama de corrupción.
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