La Fiscalía Anticorrupción reclama una condena de 19 años de prisión para el exministro y expresidente de la Generalitat valenciana Eduardo Zaplana como máximo responsable de una supuesta trama de comisiones ilícitas y blanqueo de capitales que se inició con la privatización de las ITV valencianas.
En el escrito de acusación, al que ha tenido acceso Efe, el Ministerio Público pide el decomiso de 20,6 millones de euros -de los cuales 6,7 ya han sido transferidos a la oficina de recuperación de activos ORGA-, cantidad de la que supuestamente se apropiaron tanto Zaplana como el resto de procesados, otras catorce personas, en una operativa de mordidas que se desviaron a paraísos fiscales.
Junto a Zaplana, el fiscal dirige su acusación contra sus colaboradores Joaquín Barceló (al que pide 8 años), Francisco Grau (8), Juan Francisco García (14), Mitsouko Henríquez (8); los empresarios Vicente -que sufre una enfermedad que le impide totalmente ser juzgado- y José Cotino (14); y el expresident José Luis Olivas (6).
También contra Saturnino y Elvira Suances (5), Francisco Pérez López (7), Pedro Romero (5), Robert Bataouche (5), Ángel Salas (5) y Carlos Rodríguez (5), y las empresas Costera del Glorio, Medlevante, Gesdesarrollos Integrales, Turnis Sylvatica y Dobles Figuras. Los presuntos delitos que cita el fiscal en su calificación son organización criminal, blanqueo de capitales, cohecho, prevaricación y falsedad documental.
El fiscal pide al instructor que requiera a Instrucción 18 (el juzgado que dirige el caso Imelsa) el testimonio íntegro de la petición que formuló la policía judicial para registrar el despacho de Ramiro Blasco, anterior abogado del exgerente de Imelsa y autodenominado yonki del dinero, Marcos Benavent, puesto que fue en este registro donde se hallaron los documentos que originaron contra la investigación y que han sido -y serán- objeto de numerosas peticiones de nulidad.
En este sentido, el fiscal propone la comparecencia como testigo del letrado Ramiro Blasco, además de los supuestos testaferros de Zaplana Beatriz García Paesa y Fernando Belhot, que ha colaborado con la justicia en la recuperación de fondos de esta supuesta trama corrupta.
De hecho, todo el relato de la supuesta operativa corrupta que hace el fiscal en su escrito se inicia con el hallazgo de aquella documentación que estaba en posesión de Benavent y que se conoce en la causa como los "papeles del sirio".
Esta documentación está considerada por los investigadores como la "auténtica hoja de ruta" para el supuesto amaño de las licitaciones por la Generalitat Valenciana del Plan Eólico y las ITV y el aparente cobro de comisiones ilícitas.
Los documentos estaban en poder de Marcos Benavent porque se los había entregado en el año 2012 una persona de origen sirio llamada Imad, que dijo haberlos encontrado "abandonados" dentro de un sobre unos diez años antes, alrededor de 2007, en una vivienda en la que residió en régimen de alquiler, cuyos propietarios fueron entre 1998 y diciembre de 2006 Zaplana y su esposa.
Se trataba de tres documentos donde se vislumbraba, según los investigadores, una posible connivencia en la adjudicación de determinadas concesiones públicas del Plan eólico y las ITV a favor de sociedades ligadas al grupo Sedesa, del clan familiar de los Cotino (encabezado por el fallecido exdirector general de la Policía, exvicepresidente de la Generalitat y expresidente de Les Corts Valencianes, Juan Cotino), por las que abonaron, según la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, unas comisiones ilícitas de 6,4 millones de euros.
El abogado de Eduardo Zaplana solicitó -sin éxito- la declaración como testigo de Benavent cuando éste cambió de abogado y dejó de colaborar con la Justicia.
Zaplana reitera su inocencia
Por su parte, Zaplana ha reiterado este lunes su inocencia en un comunicado tras conocerse el escrito de acusación del fiscal. "Muestro mi más absoluta disconformidad con sus conclusiones y reitero mi inocencia de todos los cargos que se me imputan", señala Zaplana en el comunicado, en el que se congratula por que "al menos", el fiscal haya reconocido "la ausencia de responsabilidad de determinadas personas que se han visto sometidas injustamente a este procedimiento durante años".
No obstante, lamenta que esa "exclusión de responsabilidad no se haya hecho extensiva a otras personas a las que se imputó por el mero hecho de mantener relaciones de parentesco, amistad o laborales" con él. "Confío en que, tras estos largos siete años de instrucción inquisitorial, en el acto del juicio oral se puedan practicar las pruebas que me permitan demostrar mi inocencia y que hasta el momento me han sido vedadas", concluye el expresidente de la Generalitat.
