La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha solicitado al magistrado Ismael Moreno que suspenda la fiesta bautizada como 'Ospa Eguna' que se celebra en la localidad navarra de Alsasua el próximo 31 de agosto por el "clima de terror" que provoca esta iniciativa convocada por la izquierda abertzale. El Ministerio Público explica en una nota que la festividad navarra es una reivindicación histórica de la banda terroristas ETA y, por tanto, es constitutiva de delito de terrorismo a la par que genera un ambiente de presión, odio y acoso contra la Guardia Civil.
La petición formulada al titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 -que se encuentra en funciones de guardia- se produce después de que la Asociación Profesional de la Guardia Civil JUSIL solicitara a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Navarra que suspendiera los actos previstos para este sábado por entender que la finalidad que persiguen los mismos es la humillación, el acoso y el fomento del odio a los miembros del cuerpo, según informó Europa Press.
El teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Miguel Ángel Carballo, firma la nota en la que se solicita, además de la prohibición del 'Día del adiós', que se inste al Gobierno navarro que preside la socialista María Chivite a que adopte todas las medidas necesarias para prevenir que se cometan estos delitos y que se identifique a aquellos sujetos que puedan llegar a cometerlos y los pongan a disposición judicial en caso de ser necesario. "Este evento sirve de colofón anual a las numerosas iniciativas contra la Guardia Civil que, de modo continuo, se realizan en Alsasua y que generan un clima social contrario a su presencia", reza el escrito.
Igualmente recoge que el Instituto Armado dispone de "mecanismos de defensa fuertes", si bien no ocurre lo mismo con los guardias civiles a título individual. Sobre este último colectivo explica que es "vulnerable" a los ataques que se producen contra ellos en Navarra y País Vasco, donde, a juicio del Ministerio Fiscal, lo que se busca con estas iniciativas es aislarlos socialmente. Además, precisa que estos actos no solo afectan a los agentes sino indirectamente también a sus familiares, a quienes define como víctimas indirectas de estos hechos.
Cabe recordar que en esta misma localidad navarra se produjo el 15 de octubre de 2016 la agresión a dos guardias civiles y sus novias por la que rindieron cuentas ante la Justicia un total de ocho jóvenes. La Audiencia Nacional les condenó a todos ellos a penas de entre 2 y 13 años de cárcel por delitos de atentado a agentes de la autoridad, lesiones, desórdenes públicos y amenazas.
El tribunal de la Sección Primera consideró de este modo que no se produjo delito de terrorismo en los hechos que tuvieron lugar hace ahora tres años y que tampoco quedó probada la pertenencia de los condenados a la banda terrorista ETA. No obstante, sí que aplicó el agravante de odio en un fallo que posteriormente fue confirmado por la Sala de Apelaciones. Con todo, la sentencia fue recurrida ante el Tribunal Supremo que tendrá que analizar los recursos interpuestos por las partes.
Fiscalía vio terrorismo
Pese a descartar terrorismo, la Sala les impuso las penas más altas previstas para estos delitos al considerar que "no puede permitirse que en el siglo XXI, y en un Estado democrático y de derecho, se prive a unas personas, solamente porque tengan la condición de Guardias Civiles y a sus novias, de poder moverse en libertad por la localidad de Alsasua, y que solamente pueden acudir a determinados lugares y no pueden salir por la noche a pasar un rato de ocio y diversión".
El fiscal del caso, José Perals, por su parte, sí acusó a los condenados por delito de terrorismo porque a su juicio la agresión escondió una finalidad terrorista. Además, expuso que los hechos en cuestión estuvieron "perfectamente estructurados" por la izquierda abertzale radical, con el fin de crear un clima de "terror y coacción". Ahora la Fiscalía recurre de nuevo a la Audiencia Nacional para que suspenda la fiesta navarra prevista para el próximo sábado 31 de agosto al considerar que estos hechos también serían constitutivos de delitos de terrorismo.
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