Fiscalía pide 8 años de cárcel para Ignacio González por la adquisición de Emissao

Ignacio González afronta su primera petición de cárcel por su implicación en el caso Lezo. El cierre de la investigación relativa a la compra de la brasileña Emissao por parte del Canal de Isabel II en el año 2013 ha dado pie a la Fiscalía Anticorrupción a presentar su escrito de calificación sobre esta primera pieza del caso en la que pide para el expresidente madrileño ocho años de cárcel por delito de malversación de caudales públicos. Se trata de la pena más alta de todas cuanto reclama para los siete acusados en esta parte de la investigación por presuntas irregularidades en la empresa madrileña de aguas. 

La fiscal Anticorrupción al frente del procedimiento, Ana Cuenca, explica en su escrito que los acusados (entre los que se encuentran el que fuera hombre fuerte del Canal, Edmundo Rodríguez Sobrino, o el exdelegado del Gobierno en Ceuta, Luis Vicente Moro) se pusieron de acuerdo para proceder a la compra del 75% de la empresa brasileña con un abultado sobreprecio que osciló, al menos, entre 6,8 y 9,7 millones de euros. El objetivo, de acuerdo con su escrito, era repartirse importantes comisiones que ascendieron a 5,4 millones de dólares. 

De hecho detalla que, una vez cerrada la operación, Sebastiao Cristovam, anterior dueño de Emissao, transfirió desde una cuenta bancaria en Suiza un total de 5,4 millones de dólares a otras cinco cuentas que parte de los acusados tenían en el extranjero (Panamá y República Dominicana), como algunos de ellos mismos confirmaron en sus declaraciones en sede judicial. Así pues, Ignacio González (que recibió el sobrenombre de 'Conde' en la operación) recibió 1,8 millones de dólares, mientras que Rodríguez Sobrino se embolsó 900.000 dólares al igual que los colombianos Diego Fernández Arias y Ramón Navarro y el político Luis Vicente Moro. 

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Las conclusiones alcanzadas por el Ministerio Público son resultado, por un lado, de las comisiones rogatorias practicadas en dichos países y, por otro, de las confesiones de algunos de los acusados los cuáles aseguraron que estaba pactado el reparto de dádivas entre los intervinientes en la operación. De este modo, Arias dijo que viajaron a paraísos fiscales (como República Dominicana) para esconder allí estas cuantías. No obstante, Ignacio González negó estos hechos en su escrito presentado al juzgado y alegó que era "inaudito y absolutamente preocupante" que se diera credibilidad a estas afirmaciones las cuáles, según expuso, no se pudieron probar. 

Con todo, la Fiscalía Anticorrupción explica que los acusados consignaron en las cuentas de la Audiencia Nacional durante el proceso de instrucción de esta primera pieza un total de 6,5 millones de dólares por lo que, teniendo en cuenta que el sobreprecio pagado ascendería a los 9,2 millones de dólares, los acusados implicados en este reparto de comisiones tendrán que hacer frente a una responsabilidad civil de 2,7 millones de dólares. Solo Rodríguez Sobrino (que afronta una petición de cárcel de 7 años y 16 de inhabilitación), devolvió 2,7 millones de dólares correspondiente a su comisión y a la de Ignacio González, el cual, por su parte, ni ordenó ni autorizó esta transferencia. 

Anticorrupción sitúa en el inicio de estos planes de compra a Luis Vicente Moro y detalla que, aprovechando que la sociedad para la que trabajaba (Essentium) estaba de negociaciones con Emissao, le propuso a Ignacio González (entonces presidente del Canal de Isabel II) que entrara en la adquisición. El exmandatario madrileño aceptó el plan y se lo transmitió a Rodríguez Sobrino, siempre según la tesis de Anticorrupción que determina que González, además, fijó las cuantías de las comisiones y mantuvo reuniones con algunos de los acusados en su propio despacho oficial de la Presidencia de la Comunidad de Madrid.

Durante este proceso previo de compra, diversos técnicos de la colombiana Inassa -también adquirida por el Canal- elaboraron informes de Emissao, de la misma forma que hizo KPMG. La consultora ya advirtió de la necesidad de realizar un análisis más profundo de la situación por el sobreprecio que se iba a pagar, puesto que inicialmente se dijo que el pago sería de 30 millones de dólares. A ello hay que sumarle los informes de parte que se han ido aportando durante la instrucción de esta causa que arrancó en abril de 2017. De este modo, mientras las acusaciones mantienen que efectivamente se pagaron sobrecostes, el Canal y algunas de las defensas -como es el caso de María Fernanda Richmond- expusieron que no hubo desfalco con Emissao y que el valor actual de la empresa sería de 41,4 millones de dólares (30 millones de euros).