Santiago de Chile, 23 dic.- La Fiscalía chilena pidió hoy hasta 12 años de prisión para nueve exejecutivos de tiendas La Polar, tras un escándalo financiero descubierto en 2011 que afectó a cerca de un millón de clientes, llevó a la empresa al borde de la quiebra e hizo tambalear el sistema financiero chileno.
La firma, la cuarta cadena de tiendas por departamentos más grande de Chile, con operaciones también en Colombia, admitió en 2011 que durante varios años había recurrido en Chile a la renegociación unilateral de deudas a cerca de un millón de clientes para de ese modo mejorar de forma fraudulenta sus resultados.
Fuentes judiciales dijeron hoy que la Fiscalía Centro Norte solicitó al segundo juzgado de garantía de Santiago, 12 años de prisión para el expresidente de esa cadenas de tiendas, Pablo Alcalde, quién estaría implicado en varios delitos económicos.
Para los exgerentes de Administración, María Isabel Farah y Julián Moreno, solicitó 11 años de cárcel y nueve años para el exgerente general Nicolás Ramírez.
Asimismo, el Ministerio Público requirió el decomiso del dinero que estos imputados ganaron en bonos y remuneraciones mientras se desempeñaron en La Polar, cifra que en el caso de Alcalde, Farah y Moreno alcanza a unos 3.000 millones de pesos (unos 5,7 millones de dólares) cada uno.
Para otros cinco acusados se piden penas que van desde los tres a los siete años de presidio, aunque se evalúa la posibilidad de salidas alternativas, lo que se examinará en las próximas semanas.
La fiscalía acusa a los imputados de incurrir en diferentes ilícitos, entre los que destacan el lavado de activos, infracciones a la Ley de Mercado de Valores, e infracciones a la Ley General de Bancos.
En su oportunidad, la crisis financiera de La Polar arrastró al resto de las empresas minoristas en la bolsa local y también salpicó al banco BCI, que tenía un poco más del 40 % de participación en la deuda de La Polar, por valor de 120 millones de dólares, y a los títulos del Banco de Chile, que era acreedor de un 14 % de los pasivos de la cadena.
Por otro lado, las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) encendieron sus alarmas por cuanto un 24 % de los recursos de los afiliados estaban en propiedad de esa tienda de retail, papeles que algunas administradoras decidieron vender para no seguir arriesgándose.
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