Bogotá, 20 sep.- La Fiscalía colombiana acusó al exjefe paramilitar colombiano Ever Veloza García, alias "HH", extraditado a EE.UU. en 2009, de haber cometido durante su actividad los delitos de desaparición y desplazamiento forzados, violencia de género, actos sexuales abusivos y reclutamiento ilícito.
El ente acusador informó hoy en un comunicado sobre la primera audiencia de imputación de cargos celebrada el jueves en contra de "HH", considerado jefe de los Bloques Bananero y Calima de las desmovilizadas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), y contra otros 43 supuestos paramilitares.
La audiencia se celebró por videoconferencia entre la cárcel del Estado de Manhattan (Nueva York) en la que alias "HH" se encuentra recluido, y tres prisiones colombianas.
En la diligencia judicial participaron las prisiones de Villa Las Palmas de Palmira, donde están 30 detenidos que implican al imputado, la cárcel de máxima seguridad de Itagüí, donde están otros 12, y la de Montería, con uno.
Según la Fiscalía, esta diligencia se practicó con base en un modelo de "imputación hecha con patrones de macrocriminalidad", por la que se juzga a un grupo de responsables de un conjunto de delitos.
"Además, le fueron imputados 83 hechos de connotación por el carácter de la víctima, entre los cuales había indígenas, mujeres, niños y niñas, un periodista, un sindicalista y un ciudadano de República Dominicana", agregó el comunicado.
La Fiscalía ordenó para los demás implicados una orden de detención provisional sin beneficio de excarcelación por crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra e infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) que regula la guerra.
Este caso hace parte del plan de priorización de delitos y responsables que presentó el fiscal general de Colombia, Eduardo Montealegre, el pasado mes de julio, con el fin de agilizar la aplicación de la Justicia.
Miles de miembros de las AUC se desmovilizaron en 2005 bajo el marco jurídico de Justicia y Paz que propulsó el Gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe (2002-2010), en el que a cambio de una reducción de penas se comprometían a confesar la verdad de sus crímenes y a compensar a las víctimas.
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