Requieren importantes recursos 

Fiscalía avisa de la carga de trabajo por crisis bancarias y resalta el caso Bankia

Recuerda el proceso a la entidad financiera a las puertas de conocer la sentencia y alerta sobre el aumento de casos relacionados con fraude a la Seguridad Social. 

Dolores Delgado
Fiscalía avisa de la carga de trabajo por crisis bancarias y resalta el caso Bankia.
Europa Press

Diferente curso, mismos problemas. La Fiscalía General del Estado sigue padeciendo los efectos penales de las crisis bancarias. El órgano que dirige Dolores Delgado ha plasmado en su memoria anual la preocupación vigente entre los fiscales acerca de los resquicios en la vía penal de las quiebras de cajas y bancos. Tanto es así que ha reivindicado no solo la dificultad que implica investigar estos casos sino que todavía les acarrea una gran carga laboral, destacando el ejemplo del juicio por la salida a bolsa de Bankia, cuya sentencia ultima la Audiencia Nacional ocho años después de que se comenzaran a investigar estos hechos. 

Aunque la Fiscalía Anticorrupción trabaja en muchas vertientes hay tres asuntos concretos que siguen estando en su foco de atención. Estos son la delincuencia económica, la delincuencia transnacional y el blanqueo de capitales a gran escala. Sin salir del país, uno de los mayores quebraderos de cabeza que generan estas causas está ligado muy estrechamente con asuntos de índole bancaria, especialmente porque en muchas ocasiones no tienen un fácil encaje penal. La advertencia de la Fiscalía, que incluye en la memoria anual presentada este lunes en la inauguración del nuevo curso judicial, coincide en un momento de especial agitación en el sector bancario no solo por el esperado del caso Bankia sino también porque todavía colea el anuncio de las negociaciones de fusión entre Caixabank y Bankia.

Aunque en la memoria de 2019 hay muchos capítulos dedicados al orden social (inmigración, violencia de género, ocupación de viviendas, situación de personas con discapacidad...) los asuntos económicos siguen preocupando mucho al Ministerio Público. En su resumen anual, cercano a las 1.700 páginas, el ente recuerda investigaciones de calado que ha seguido durante años la Audiencia Nacional como las inversiones inmobiliarias de Banco de Valencia y Bancaja en México (Grand Coral) o el procedimiento por el Banco Popular. Aunque todavía sigue reivindicando una menor carga laboral y mayor especialización, la Fiscalía General del Estado recuerda que bajo la dirección de María José Segarra, antecesora de Dolores Delgado, se dieron pasos de gigante en lo que respecta a la especialidad de Delitos Económicos, puesto que se reforzó el reparto tras designar al Fiscal de Sala delegado el respaldo de tres fiscales del Tribunal Supremo.  

Alerta del fraude a la Seguridad Social

Los datos que empiezan a preocupar a la Fiscalía debido al "importante" aumento de casos los últimos meses son los relativos al fraude a la Seguridad Social. Igualmente también se ha experimentado una tendencia al alza en los delitos de fraude del IVA y Sociedades mientras que, por contra, se produce el fenómeno contrario con el IRPF. Aunque la Fiscalía no puede poner cifra al conjunto de hechos delictivos que se producen en el país, lo que sí reclama es que lleguen a buen puerto las negociaciones para reforma el actual sistema procesal y que la investigación de las causas las asuma la Fiscalía, como ocurre en algunos países de Europa, y no el juez de instrucción, para agilizar estas investigaciones. 

Además, para una lucha más efectiva contra los grandes casos de corrupción, se propone la tipificación de un nuevo delito de enriquecimiento ilícito. En lo que respecta a la Fiscalía de la Audiencia Nacional, la memoria resalta que el 83,1% de causas que investiga están relacionadas con delitos de estafa, apropiación indebida, delitos societarios, alzamientos de bienes, contra la Hacienda Pública o blanqueo. Así pues, constituye prácticamente el grueso de todos los casos que sigue el órgano a los que habría que sumar asuntos relacionados con el narcotráfico, extradiciones, delitos de españoles cometidos en el extranjero o contra la Corona.

No obstante, cada año es mayor el espacio que dedica la Fiscalía General del Estado a advertir sobre la cibercriminalidad. El órgano advierte de la utilización de las redes para desarrollar ataques informáticos principalmente contra medios del gobierno y entes privados. Incluso los propios magistrados al frente del juicio del procés fueron víctimas en vísperas de la emisión de la sentencia de acciones de hackers que intentaron acceder a sus cuentas privadas del Tribunal Supremo. Los últimos ataques perpetrados dentro del crimen organizado han tenido, en palabras de la Fiscalía, "resultados exitosos" ,de ahí que advierta que pueden aumentar las acciones de este tipo. 

El billete de 50, el  más falsificado

También alerta sobre los delitos relativos a la falsificación de moneda y tarjetas de crédito. Llama la atención como de todos los países Europeos, España es el que registra un mayor número de detenciones siendo el billete de 50 euros el más falsificado hasta la fecha; lo mismo ocurre con las monedas de dos euros y un euro. Se trata de divisas falsas que provienen de China y que colocan a España a la cabeza de los países que posee más monedas falsificadas. A ello hay que sumarle el uso de tarjetas falsas para comprar en establecimientos españoles (provenientes en su mayoría de América y Asia) y el clonado de tarjetas en los cajeros. El carácter transnacional de estos delitos dificulta en gran medida la detección e identificación de los delincuentes. 

Con todo, el texto también recoge numerosas propuestas de cambio legal en el marco social. Son innumerables las menciones a la crisis por el coronavirus a lo largo de la memoria, aunque todos estos datos se refieren al ejercicio anterior y, por tanto, no se pueden analizar en el contexto actual. Un ejemplo son los avances para mejorar en la lucha contra la violencia de género. La Fiscalía propone una reforma penal para considerar reincidente a a quien vuelva a cometer este tipo de agresiones siempre y cuando haya sido condenado previamente por estos hechos. Se trata de un anuncio que se produce mientras se trabaja en la Ley de Libertad Sexual impulsada por el Ministerio que dirige Irene Montero. 

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