Más de mil mujeres han muerto a causa de la violencia de género en España desde 2003, una cifra que ha llevado la Fiscalía General del Estado (FGE) a aseverar que, en muchos casos, el sistema de protección español no ha sabido garantizar la seguridad de aquellas que se atrevieron a denunciar, algo que deja a las víctimas del machismo bajo "cierta inseguridad jurídica". Este 'agujero' en la legislación hace "difícilmente compatible" que las campañas que animan a denunciar el maltrato 'calen' en las españolas, según el organismo. La institución ha achacado este desamparo a que la respuesta judicial termina dependiendo del criterio de los magistrados.
El Ministerio Público ha hecho pública su advertencia en el marco de su memoria anual para 2018, donde ha resaltado su "preocupación" por el asesinato de medio centenar de mujeres el pasado año, de las cuales, dieciséis habían formalizado una denuncia. Esto supone que el 32,65% de las víctimas acudieron a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a delatar una situación de maltrato, frente al 20,75% del año 2017.
"Este incremento genera la frustrante sensación de que, a pesar de la mayor confianza de las víctimas en la respuesta judicial, no se ha sido capaz de ofrecer la protección adecuada para garantizar su seguridad", recalca la Fiscalía al respecto.
De esas dieciséis denuncias registradas en 2018, seis de ellas vinieron acompañadas de las medidas de alejamiento vigentes, una acción que no logró evitar la muerte de estas mujeres. Tras el estudio de estos casos, la Fiscalía ha constatado que en ninguno se había establecido el control de las medidas por medios telemáticos, ni siquiera cuando existían quebrantamientos o la valoración policial del riesgo era alta.
Por ello, el organismo ve "necesario" mejorar los tiempos de respuesta ante los avisos de quebrantamiento de las medidas de protección de la víctima, incluso sin la oposición de la misma: "Una vez más, se debe insistir en que este tipo de incumplimientos supone un factor de riesgo relevante que permite valorar la adopción de medidas cautelares como la prisión preventiva", sostiene.
Criterios divergentes y falta de medios
En términos generales, la Fiscalía ha destacado el incremento de medidas cautelares solicitadas y concedidas, en comparación con los datos del año 2017. Eso sí, subraya las "diferencias significativas" que existen entre comunidades autónomas e, incluso, entre partidos judiciales de un mismo territorio. Para la Fiscalía, estas divergencias a la hora de ofrecer una respuesta judicial a las denunciantes de este tipo de violencia generan inseguridad jurídica que no puede compatibilizarse con las campañas de sensibilización y denuncia lanzadas desde las instituciones y que "se promueven desde todos los sectores sociales implicados".
Respecto a las Oficinas de Asistencia a la Víctima (OAV), los Fiscales delegados coinciden en hacer una valoración general positiva, asistieron a un total de 22.920 mujeres en 2018, según la memoria publicada este lunes. Además, la mayoría de los fiscales destacan "la escasez de los recursos disponibles" en estas oficinas, "con la consiguiente repercusión negativa para la debida protección de la víctima o sus hijos".
Del mismo modo, los fiscales hacen hincapié en el "volumen de trabajo" que se suele acumular en los servicios de guardia de violencia de género, al tiempo de que avisan de que "la limitación de plantillas" impide que sean los fiscales especialistas los que acudan a las comparecencias de las órdenes de protección y de otras medidas cautelares que se celebran en todos los juzgados.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios