La causa por los encargos del BBVA a José Manuel Villarejo prevé retomarse este otoño con el 'forensic' del banco en el punto de mira. La Fiscalía Anticorrupción se ha posicionado a favor de que el exjefe de riesgos José Antonio Béjar vuelva a la Audiencia Nacional para denunciar ante el magistrado las "irregularidades" de la investigación interna que abrió la entidad en aras a esclarecer quien está detrás de la contratación con Villarejo. Además, tampoco se opone a que se aporte la totalidad de la correspondencia intercambiada en los correos corporativos tanto en BBVA como en Castellana Norte, empresa de la que era presidente Béjar hasta su despido el año pasado.
De este modo, la pieza novena de la macrocausa Tándem vuelve a centrar sus pesquisas en el 'forensic' encargado por la entidad que preside Carlos Torres y que ha estado rodeado de polémica desde que lo defendieran en sede judicial los peritos de PwC. El trabajo que elaboró la firma achaca en gran parte la responsabilidad de contratar con el entramado del comisario jubilado a Béjar y al que fuera responsable de seguridad, Julio Corrochano. Sin embargo, el exjefe de riesgos de la entidad se mostró muy crítico con su contenido denunciando que había incorrecciones en cuanto a las fechas de firma de facturas que giraron a V&V Development (una de las empresas del entramado del policía).
Béjar no fue el único que pidió volver a la Audiencia Nacional, también hizo lo propio la directora de seguridad del banco, Inés Ochagavia. La sucesora de Corrochano negó en un escrito remitido al magistrado que autorizara o verificara el pago de una veintena de facturas desde los sistemas internos de la entidad al Grupo Cenyt y denunció que el 'forensic' contenía "errores" de los que quería hablar en sede judicial y sobre los que no se ha pronunciado todavía porque en su primera comparecencia tras su imputación se acogió a su derecho a no declarar. Ahora, Anticorrupción da luz verde a la petición de Béjar (el cual ha acudido al menos en dos ocasiones a la Audiencia Nacional) y añade además que se considera "útil" incorporar al sumario de la causa todos los correos que no se estudiaron en el 'forensic', tal y como consta en un escrito al que ha tenido acceso La Información.
Cruce de acusaciones
El cruce de acusaciones sobre el 'forensic' arrancó el pasado mes de febrero cuando el instructor, Manuel García Castellón, llamó a declarar en calidad de testigo-perito a los encargados de este trabajo. En su primera comparecencia, el socio responsable de forensic en España de PwC, Javier López Andreo, explicó no solo la metodología empleada en este trabajo sino también que hubo partes clave de la causa penal que quedaron fuera del estudio interno por orden de la defensa legal del banco. De este modo, detalló que los trabajos de espionaje de Villarejo a Sacyr y su entonces presidente Luis del Rivero o al presidente de Ausbanc, Luis Pineda, no se incluyeron en las primeras pesquisas. El banco, por su parte, aclaró que se hizo así por una cuestión de celeridad ante las peticiones del juez.
Sin embargo, estas declaraciones provocaron una cascada de reacciones entre las partes que integran esta causa al considerar que se estaría ocultando a los investigadores del caso información determinante para esclarecer las contrataciones que costaron 10,3 millones de euros. Los fiscales Anticorrupción, por su parte, advirtieron al socio de PwC que aunque fuera un perito de parte, en este caso representando a la entidad imputada, está obligado a decir verdad y colaborar aportando toda la documentación que disponga. De este modo, Andreo y la gerente de Forensic de PwC, Leyre Zayas Mariscal, volvieron a declarar en junio, al reanudarse la actividad judicial tras el parón decretado por la crisis del coronavirus.
En esta nueva comparecencia, Andreo aportó más detalles sobre la búsqueda de material relativo a Cenyt y al comisario Villarejo y añadió que que se eliminaron algunas propuestas de análisis como las evidencias digitales a Carlos Torres. Igualmente expuso que el informe del banco contra Antonio Béjar se hizo para el procedimiento por el despido del exdirectivo, formalizado en verano del pasado año. En respuesta, el instructor pidió toda la documentación que no figura en el forensic -entre ella los más de 3.000 'hits' que PwC identificó en los correos y dispositivos de los empleados sobre Ausbanc- además de información acerca de hasta cuándo tuvo Francisco González vínculo profesional "de cualquier clase" con el Grupo BBVA.
La tesis de BBVA
La entidad refutó al magistrado que con estas peticiones se estaba vulnerando su derecho de defensa mientras que el expresidente del banco advirtió de que el trabajo de investigación realizado -y que todavía sigue abierto- cuenta con información sensible "de terceros" que podría afectar en gran medida a su derecho a la intimidad y al secreto de empresa del banco. Sin embargo, el intento de cerrar filas por parte de la defensa legal de BBVA choca con las pretensiones de las presuntas víctimas de estos encargos que quieren que la causa cuente con las partes del forensic que se habrían apartado del resultado final.
Entre los interesados en aportar toda la documental se encuentra Béjar, especialmente porque el 'forensic' le atribuye gran parte de la responsabilidad de la contratación. Su defensa busca ahora volver a apuntalar en la Audiencia Nacional que el pago de las facturas, que se efectuó en su mayoría desde el Departamento de Riesgos, se hizo acorde a órdenes de la entonces cúpula de la entidad. A esta tesis se le suma Ochagavía, que también está imputada por estos hechos, y que no solo mantiene que no verificó las facturas sino que además quiere poner de manifiesto que "lo más grave" del forensic son las consecuencias del mismo puesto que se incoaron expedientes disciplinarios por su implicación en este procedimiento penal.
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