La Fiscalía Anticorrupción está ultimando la investigación contra Francisco Granados y Javier López Madrid por posibles irregularidades en la adjudicación de obras de Metro en la Comunidad de Madrid. Sin embargo, antes de apuntalar esta octava pieza del caso Púnica, el Ministerio Público ha pedido al magistrado Manuel García Castellón que solicite al Ministerio de Fomento una exhaustiva pericial que venga a acreditar el posible desfalco que se produjo con las licitaciones que salieron desde la Consejería de Transporte.
Las fiscales al frente del procedimiento piden que se designe a dos funcionarios ingenieros superiores de Caminos para que den su opinión sobre la ejecución, hace ahora más de 15 años, de las infraestructuras del Metro Ligero a Boadilla y otros tramos. Anticorrupción sostiene que, tras su llegada a la Consejería de Transportes, Granados se alió con Jesús Trabada, entonces consejero delegado del ente público Mintra, para adjudicar a la sociedad Obrum, vinculada a David Marjaliza, los trabajos de construcción de Metro. Con los mismos, los acusados, junto con el exconsejero de OHL Javier López Madrid, habrían desviado mordidas de seis millones de euros.
Tras practicarse la mayoría de interrogatorios relacionados con esta parte concreta de la investigación, el Ministerio Fiscal considera que hay indicios suficientes -además de "un amplio acervo documental"- que vendría a clarificar "los serios indicios de pagos de sobornos", de acuerdo con el escrito remitido al Juzgado y al que ha tenido acceso La Información. En el mismo advierte de que el erario público fue la principal víctima de unos "sobrecostes desproporcionados", y por ese motivo apunta que es "relevante" la opinión pericial del departamento que dirige José Luis Ábalos para finiquitar esta parte de un procedimiento que investiga la Audiencia Nacional desde el año 2014.
21 millones de Valdemoro
En concreto, lo que ahora quiere Anticorrupción es un estudio de Fomento relativo a la fijación de los precios en la licitación, la justificación del coste en las obras adicionales, la aprobación de proyectos complementarios y las certificaciones de todas estas obras. El avance de las pesquisas habría puesto de manifiesto la existencia de un concierto entre Trabada, Granados y el constructor 'confeso' David Marjaliza para que fuera Obrum la que se hiciera con este importante proyecto, pese a que no reunía los requisitos para ello.
Pero no era la primera vez que Obrum lograba licitaciones amañadas. De acuerdo con la Fiscalía, la empresa señalada se hizo con contratos de obra civil del Ayuntamiento de Valdemoro durante los años en los que Granados fue alcalde del municipio. De hecho, el informe de la unidad de apoyo a la Fiscalía de la AEAT determina que Obrum recibió pagos de este consistorio entre los años 2003 y 2009 por importe cercano a los 21 millones de euros. En lo que respecta a los hechos investigados en la pieza octava de la macrocausa, la Fiscalía asegura que para garantizar que Obrum se hacía con la jugosa adjudicación crearon varias UTES, una de las cuáles logró el concurso de la construcción de metro desde Colonia Jardín a Boadilla del Monte por 86,5 millones de euros.
La "participación activa" OHL
"De forma destacada, el éxito del plan contaría con la participación activa de OHL. Dicho Grupo, sirviéndose de su sociedad Asaltos y Construcciones Elsan S.A habría facilitado a Obrum el 33% del contrato de adjudicación del metro ligero de Boadilla a través de la mercantil Grabitum como vehículo de canalización", precisa el escrito. El mismo añade que a partir de ese momento tanto OHL como Elsan resultaron ser las beneficiarias de cantidad de licitaciones de la Comunidad de Madrid siempre gracias a la intermediación de Granados y Marjaliza, como habría quedado evidenciado en diversos correos interceptados a los acusados en los que se alude a adjudicaciones del Plan Prisma.
Como consecuencia de estos presuntos amaños, los principales acusados se habrían hecho con comisiones cercanas a los seis millones de euros que ocultaron valiéndose de testaferros, facturas falsas y sociedades pantalla. Igualmente tanto Trabada como Granados habrían diseñado una "segunda vía" de desvío de fondos que consistió en que las grandes constructoras adjudicatarias asumieron pagos por eventos tales como la colocación de las primeras piedras de la obra o la inauguración de los tramos de metro ya concluidos.
Todo lo relativo a la publicidad de estas construcciones se encargó a la empresa Waiter Music, del también investigado Luis Huerta, la cual emitió facturas falsas con importes inflados de los que salían las mordidas a repartir entre los principales acusados. Además, crearon también la sociedad Bustren para ocultar las mordidas, de acuerdo con las conclusiones alcanzadas en esta pieza en la que figuran un total de 28 personas investigadas, entre ellas los arriba mencionados además del expresidente de OHL Juan Miguel Villar Mir; el que fuera socio de Marjaliza José Luis Cápita; o el empresario vinculado con la caja 'b' del PP madrileño Daniel Horacio Mercado.
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