La Fiscalía del Tribunal Supremo ha concluido tras más de tres meses de juicio por la deriva soberanista en Cataluña que los acusados desviaron alrededor de 3 millones de euros de las arcas de Generalitat de Cataluña con la preparación del 'procés'. Así se ha pronunciado la fiscal Consuelo Madrigal en su turno de palabra en una de las últimas sesiones de procedimiento en la que ha asegurado que se produjo un "inmenso derroche" de desvío de fondos que perjudicó a la hacienda catalana y española, justificando de esta manera su acusación por delito de malversación.
"Sostener que era un mero acuerdo político y no una orden de gasto es un insulto a la inteligencia del tribunal porque se trató de una previsión ejecutiva y en definitiva una aprobación de gastos", ha insistido Madrigal durante el desglose del informe de conclusiones finales del Ministerio Público en la causa contra los doce líderes independentistas. Madrigal ha apuntado que no se acusaría por este delito a Meritxell Borrás, Carles Mundó y Santi Vila ( y al resto de acusados como subtipo agravado de rebelión) si hubiera habido rectificación. "Algunos testigos han relatado haber recibido instrucciones verbales de no hacer caso del acuerdo pero esas instrucciones, si de verdad se produjeron, valdrían menos que el viento que se lleva las palabras porque no hubo ninguna indicación, ni correo electrónico... nada como elemento de obstaculización", ha apuntado
El escrito de conclusiones definitivas presentado por la principal acusación del procedimiento determinó precisamente que el gasto total por la organización del 'procés' ascendió a 2,8 millones de euros. De hecho, cifró en poco más de un millón el coste de más de cinco millones de cartas ordinarias encargadas a Unipost para su envío postal. A esta cuantía hay que añadirle más de 220.000 euros de la campaña en el extranjero, 277.803 euros relativos a la propaganda en medios del 1-O o el monto de 900.906 euros por el uso de más de 2.259 locales habilitados esa jornada como punto de votación.
"Lo ocurrido en Cataluña fue un golpe de Estado"
Javier Zaragoza ha sido el primer fiscal en tomar la palabra y lo ha hecho apuntando que no se persiguen idean políticas y que lo ocurrido en Cataluña entre los años 2015 y 2017 fue "un golpe de Estado" puesto que los acusados pretendían "liquidar" la Constitución y romper con España. El fiscal del alto tribunal ha echado la vista atrás para recordar que los hechos acaecidos no se limitan a los meses de septiembre y octubre de 2017, si bien en esas semanas en las que se aprobaron las leyes de desconexión, se celebró el 1-O y se declaró la independencia, se produjo, según ha explicado, una situación "insurrecional". "Celebrar un referéndum contraviniendo los mandatos judiciales ha sido es y será delito aunque haya sido despenalizada la convocatoria de consultas ilegales", ha aseverado.
"Se produjo un grave riesgo de ruptura para el orden constitucional y esto el Estado tuvo que revertirlo utilizando un mecanismo institucional de defensa de la democracia", ha expuesto el exfiscal jefe de la Audiencia Nacional en referencia a la aplicación del artículo 155 en octubre de ese año. Además, ha denunciado la imagen que se pretendió dar en el exterior de España "como un Estado represor, franquista y antidemocrático" y ello pese a que los doce acusados del procés, a excepción de Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, incumplieron reiteradamente las sentencias del Tribunal Constitucional, según ha apuntado.
Junqueras, el motor principal de la rebelión
De esta manera, Zaragoza ha ido desglosando el informe final de la Fiscalía del alto tribunal en el que mantiene su acusación por rebelión para nueve de los doce acusados, al tiempo que ha hecho un relato pormenorizado de los hechos que se juzgan en este procedimiento hasta llegar al 27 de octubre de ese año, momento en que, según ha dicho, se repuso la "normalidad democrática". Con todo, ha hecho especial hincapié en el papel que jugó en la deriva independentista el exvicepresdiente de la Generalitat Oriol Junqueras, a quien ha definido como "el motor principal de la rebelión".
La principal acusación del juicio que está a punto de culminar, ha situado a Junqueras, que afronta 25 años de prisión por delito de rebelión, en el epicentro de la deriva independentista junto con el expresidente catalán Carles Puigdemont por asumir la vicepresidencia del Govern en verano de ese año con el fin de impulsar el referéndum prohibido por el TC. Otro de los acusados que también ha estado en la diana del fiscal Zaragoza ha sido el exconsejero del Interior Joaquim Forn, a quien le ha reprochado haber ejercido "control absoluto" de los Mossos D'Esquadra durante los incidentes de septiembre al frente de la Consejería de Economía así como en la jornada del 1-O.
"Yo no les pido que renuncien a sus convicciones ni que renuncien a sus ideales, tienen todo el derecho. Los pueden defender, rebatir, pero no los pueden imponer utilizando métodos ilegales y violencia en determinados momentos del proceso. Les pido que respeten las leyes, la convivencia y que respeten los derechos de los demás", ha dicho Zaragoza a modo de despedida tras pasar la palabra al fiscal Jaime Moreno, el cual por su parte, se ha referido a los hechos acaecidos en Barcelona los días 20 y 21 de septiembre para apuntar que "no se pueden disfrazar de protesta".
Moreno, por su parte, ha puesto el foco en la expresidenta del Parlament, Carmen Forcadell, quien se enfrenta a 17 años de prisión también por delito de rebelión, asegurando que fue "el auténtico bastión" para que la cámara regional aprobara las leyes de desconexión aunque luego se suspendieran "una a una". Tanto Moreno como Zaragoza se han apoyado en los diferentes comentarios que los acusados publicaron desde sus cuentas de Twitter y en los que se incitaban a la ciudadanía a participar en la consulta prohibida.
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