La Fiscalía Anticorrupción ha pedido al magistrado Manuel García Castellón que cite en calidad de investigados a María Dolores de Cospedal, su marido el empresario Ignacio López del Hierro y al exministro del Interior Jorge Fernández Díaz por el espionaje a Luis Bárcenas. El Ministerio Fiscal quiere que ambos excargos del PP expliquen en sede judicial si efectivamente existió un operativo para sustraer al extesorero popular información sensible del partido y si éste se costeó con fondos reservados del Estado. La petición se formula a escasos días de que el instructor levante el secreto de sumario de esta séptima pieza del caso, bautizada con el nombre de Kitchen.
La petición, adelantada por eldiario.es y que confirman fuentes jurídicas a este medio, se produce a expensas de escuchar en sede judicial al exnúmero dos de Interior bajo el Gobierno de Mariano Rajoy, Francisco Martínez. El que fuera secretario de Estado de Seguridad estaba llamado a declarar el pasado 20 de julio pero finalmente el instructor suspendió la citación a petición de su defensa. Así pues, de acceder a la solicitud del Ministerio Fiscal, los dos exaltos cargos del PP serían los siguientes políticos imputados por la operativa en la que se le sustrajo a Bárcenas información confidencial de las investigaciones penales abiertas contra el PP. El encargado de llevar a cabo esta misión fue el policía encubierto y chófer de Bárcenas, Sergio Ríos, el cual habría percibido un sueldo mensual de 2.000 euros por este encargo.
Desde que se abriera esta séptima pieza del caso Tándem en noviembre de 2018 los investigadores han mantenido las pesquisas bajo secreto de sumario. Sin embargo, el juez acordó el pasado 6 de agosto que prorrogaba únicamente por un mes más esta situación, de acuerdo con el auto al que ha tenido acceso este diario. De este modo, las partes tendrán acceso al contenido del operativo que el comisario jubilado José Manuel Villarejo bautizó como Kitchen y que el Ministerio del Interior niega conocer, al menos con este sobrenombre. El departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska sí reconoció en su día que participaron agentes de la Dirección Adjunta Operativa (DAO) así como a la Comisaría General de Información; esto es, la cúpula del cuerpo policial.
Cerco a la brigada patriótica
No obstante, en uno de los últimos oficios policiales incorporados al sumario se recoge la respuesta negativa de la Secretaría de Estado de Seguridad acerca de si le consta una operación policial denominada 'Kitchen', 'Cocinero', 'Cocina' o 'K'. Sobre estos hechos, que se produjeron entre los años 2013 y 2015 bajo la Dirección Adjunta Operativa (DAO) de Eugenio Pino ya se han pronunciado algunos imputados como el exjefe de la UCAO, Enrique García Castaño. 'El Gordo' dijo ante los investigadores que un operativo como tal no existió pero que sí recibieron indicaciones de Pino para rastrear las cuentas de Luis Bárcenas en el extranjero.
De cara a conocer si efectivamente la cúpula del PP encargó este operativo parapolicial, el magistrado al frente del caso Tándem dio antes de verano los primeros pasos para que se desclasifiquen los documentos sobre este asunto que estarían afectados por la Ley de Secretos Oficiales. Esta diligencia la solicitó la defensa de Martínez en un escrito remitido al juzgado en el que mostraba su intención de declarar por estos hechos. Su imputación se produjo en enero, a petición también de la Fiscalía Anticorrupción, aunque entonces el exnúmero dos de Fernández Díaz se acogió a su derecho a no declarar.
Sin embargo, recientemente pidió al magistrado que levantara parcialmente el secreto de las actuaciones en base a los acuerdos del Consejo de Ministros de diciembre de 2018 y de enero del 2019 para poder contestar a las preguntas de los investigadores, los cuáles sospechan que las órdenes venían de la cúpula de Interior. El propio Bárcenas se refirió a este operativo en su declaración ante el juez así como durante su testifical en el juicio por el borrado de sus discos duros. Entonces expuso que querían perjudicarle y amedrentarle y que todas las acciones que se produjeron entonces iban encaminadas a hacer desaparecer determinada documental relativa a la caja 'b' del Partido Popular.
De hecho, explicó al juez que su chófer, que en realidad actuó como topo infiltrado de la Policía, pudo haberle sustraído la información en tres ocasiones: durante un vis a vis en la prisión de Soto del Real con su mujer Rosalía Iglesias, cuando llevó parte de este material a su entonces letrado Javier Gómez de Liaño para preparar una declaración judicial, y durante el traslado de papeles desde su despacho en la sede del PP a un taller de su esposa. Los tres encargos los llevó a cabo Ríos Esgueva el cual se hizo con cerca de una treintena de documentos algunos de los cuáles afectarían a Cospedal por su etapa al frente de la presidencia de Castilla La-Mancha.
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