La Fiscalía General del Estado tiene abiertas un total de 38 diligencias de investigación penal en toda España por el alto número de ancianos fallecidos en las residencias de la tercera edad. Las investigaciones se concentran principalmente en la Comunidad de Madrid, donde se indaga la actividad de 19 residencias de mayores, y en Cataluña, donde la cifra asciende a siete, según aclara el Ministerio Público. El objetivo de estas actuaciones es esclarecer los motivos del fallecimiento de más de 11.000 personas en estos centros de mayores desde el estallido de la crisis del coronavirus.
El incremento de decesos ocurridos a mediados de marzo llevó a la Fiscalía General del Estado a anunciar que iba a poner en marcha en todo el territorio nacional una red dirigida a recabar información de todos estos centros para emitir directrices de actuación homogéneas. La encomienda se encargó a las fiscalías provinciales, las cuáles dieron traslado de sus pesquisas a las fiscalías superiores. El resultado, hasta la fecha, ha sido la elaboración de un total de 124 informes de seguimiento en el ámbito civil de los centros de todo el país.
La Fiscalía General del Estado explica en la nota que en la actualidad hay un total de 38 investigaciones penales abiertas por la gestión de las residencias en la crisis del coronavirus, sin perjuicio de las causas previas que se estén tramitando en los diferentes juzgados del país. Por comunidades autónomas, destacan dos investigaciones abiertas en Castilla y León; dos en Murcia; una en Canarias; cinco en Castilla-La Mancha; una en la Comunidad Valenciana; 19 en la Comunidad de Madrid; siete en Cataluña y una en Cantabria.
Madrid, en el foco
El grueso de diligencias penales abiertas por el organismo que dirige Dolores Delgado se concentra en la Comunidad de Madrid. El Gobierno regional difundió la pasada semana que desde el 8 de marzo, días antes de que se declarara el estado de alarma por la crisis de la pandemia, se han registrado un total de 4.260 mayores fallecidos en las residencias de la región. De hecho, las primeras diligencias se abrieron desde la Fiscalía Provincial de Madrid al constatarse la muerte de 17 ancianos en el geriátrico de Monte Hermoso, ubicado en la capital.
La Generalitat de Cataluña, por su parte, informó de que la comunidad, a fecha de 14 de abril, había registrado un total de 1.898 muertes en residencias de ancianos mientras que en Castilla y León la cifra es de 1.802 fallecidos. En el lado opuesto, Baleares y Canarias son las comunidades con menor números de muertes, con 36 y ocho, respectivamente. Desde que arrancara la crisis el Defensor del Paciente, órgano que dirige Carmen Flores, pidió a la Fiscalía General del Estado y al Gobierno que preside Pedro Sánchez que indagara los motivos por los que estaban produciéndose tantas muertes en estos centros.
El Ministerio Público abrió una investigación penal por estos hechos el pasado 23 de marzo tras la denuncia interpuesta por el Ministerio de Defensa después de que el Ejército hallara cadáveres en residencias de ancianos. La Fiscalía del Tribunal Supremo fue la encargada de centralizar toda la información aportada por la UME durante los primeros momentos de la crisis en diferentes residencias de todo el país si bien luego se cerró y se dejó en manos de las fiscalías provinciales que son las que, por competencia, mantienen las causas penales abiertas. El Gobierno, por su parte, solicitó datos a las comunidades autónomas acerca de todos los geriátricos en sus territorios.
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