La Fiscalía ha abierto diligencias de investigación sobre la concesión por parte del Institut Català de Finances (ICF) del aval a una treintena de ex altos cargos de la Generalitat a los que el Tribunal de Cuentas reclama 5,4 millones por la promoción exterior del "procés". En un decreto, la Fiscalía Superior de Cataluña acuerda abrir una investigación a raíz de una denuncia de Cs por un delito de malversación, si bien la remite a la Fiscalía de Barcelona para que practique las actuaciones procedentes para aclarar la intervención de los miembros de la Junta de Gobierno del ICF, ya que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ya tiene una denuncia contra el Govern por el mismo tema.
En concreto, respecto de los miembros del Govern contra quienes también se dirigía la denuncia de Ciudadanos, la Fiscalía Superior la archiva porque el TSJC, órgano judicial ante el que deben responder los aforados, ya tiene otra denuncia contra el presidente Pere Aragonès y los consellers Jaume Giró y Laura Vilagrà por estos mismos hechos.
Por su parte, El conseller de Economía, Jaume Giró, ha defendido hoy que el decreto de la Generalitat que permite al Institut Català de Finances (ICF) avalar las fianzas de los ex altos cargos encausados por el Tribunal de Cuentas "es impecable jurídicamente" y "será muy difícil que alguien diga lo contrario". Giró se ha mostrado convencido de que dicho decreto "tiene una solidez jurídica total y absoluta" después de que la Fiscalía haya anunciado que investiga dicha concesión de avales a una treintena de ex altos cargos de la Generalitat a quienes el Tribunal de Cuentas reclama 5,4 millones de fianza por la promoción del procés en el extranjero con dinero público.
La Fiscalía Superior de Cataluña ha ordenado investigar solo a la junta de gobierno del ICF, puesto que los miembros del Govern ya han sido denunciados en paralelo por Vox ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), dada su condición de aforados. En rueda de prensa, Giró ha dicho que respeta todas las decisiones, incluidas las de aquellos partidos que "intentan continuamente judicializar la política" y que lo único que persiguen, ha apuntado, es obtener "rédito político" del "sufrimiento de unas personas" que pueden ver embargadas sus casas y sus cuentas.
"Por desgracia, esto no es una novedad, estamos acostumbrados, qué le vamos a hacer", ha declarado Giró. El conseller ha defendido asimismo que sea el ICF, la entidad financiera de la Generalitat, la que finalmente avale a los encausados, pese a que la idea inicial era que lo hicieran bancos privados. Ha asegurado, en este sentido, que el decreto de creación del fondo complementario de riesgos para que el ICF presente el aval "es impecable jurídicamente y será muy difícil que alguien pueda decir lo contrario si lo lee de arriba a abajo de manera estrictamente técnica".
Lo que hace este decreto, ha señalado Giró, es avalar "única y exclusivamente" la presunción de inocencia de ex altos cargos públicos que ante el ejercicio legítimo de su función han sido demandados en el Tribunal de Cuentas. Mientras no haya una sentencia judicial firme, ha precisado, la Generalitat cubre los avales de las fianzas exigidas, pero si finalmente hubiera una sentencia en firme de culpabilidad, los encausados tendrían que devolver el dinero, los intereses y los costes. "Esto es resumidamente el decreto ley", ha subrayado.
La junta de gobierno del ICF acordó dividida avalar las fianzas impuestas por el Tribunal de Cuentas: el consejero delegado del ICF, Víctor Guardiola, se abstuvo en la votación, los tres consejeros dominicales -nombrados por la Generalitat- votaron a favor de la operación y otros tres independientes lo hicieron en contra. El empate a tres en la votación lo deshizo Albert Castellanos con su voto de calidad como presidente de la junta de gobierno del ICF.
Se da la circunstancia, además de que otros tres miembros independientes de la junta, Francesc Casas, Mercedes Domingo y Virginia Verger, dimitieron de sus cargos antes de que este organismo aprobara activar el aval. Jaume Giró ha recordado que estos tres consejeros independientes tenían el mandato caducado, por lo que optaron por dimitir de sus cargos antes de la votación: "Estaban en su derecho al ver la que se ha montado a nivel de opinión pública y decidieron no continuar".
Los consejeros dominicales, en cambio, le llamaron por teléfono para comunicarle que darían apoyo a la propuesta. Giró ha defendido asimismo la legalidad de la votación y ha recordado que en su etapa como directivo de grandes empresas vio "votaciones en consejos iguales de reñidas o más". "Y algunas sobre operaciones empresariales importantes", ha subrayado el conseller.
