Los desencuentros entre la magistrada Carmen Rodríguez-Medel y la Fiscalía de Madrid van en aumento. El Ministerio Público ha interpuesto un nuvo recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Madrid para que sea este órgano superior el que responda sobre el asunto relativo al avance de la causa que investiga el 8-M. Después de que la instructora le reprochara que estaba paralizando la causa con los recursos, ahora la Fiscalía ha respondido que "nunca ha interasado la nulidad" del procedimiento y que la que marca las pautas del caso es ella.
El órgano que dirige la fiscal General del Estado, Dolores Delgado, vuelve de nuevo a respaldar a la Abogacía en esta causa en la que se investiga a José Manuel Franco por delito de prevaricación. Se trata de un capítulo más del enfrentamiento después de que tanto Abogacía como Fiscalía se hayan posicionado a favor de la actuación del delegado del Gobierno en Madrid apuntando que no cometió delito por dar luz verde a las marchas en la capital entre los días 5 y 14 de marzo.
El desencadenante de los desencuentros tuvo lugar hace apenas unos días cuando la Abogacía pidió la suspensión del interrogatorio a Franco, que tuvo lugar este mismo miércoles. La juez lo retrasó cinco días (estaba previsto para el 5 de junio) pero advirtió a los servicios jurídicos del Estado que había tenido tiempo de sobra para acceder a todo el material que obra en el sumario del caso. "¿Cómo puede responsabilizarse al Ministerio Fiscal de la demora en la resolución de los recursos cuando todas las providencias establecen un plazo para contestar?", le pregunta el Ministerio Público en un escrito remitido a la causa sin firmar.
La juez amplía el foco
De esta forma, la pelota se queda ahora en el tejado de la Audiencia Provincial de Madrid que tendrá que resolver a los recursos planteados por las partes después de que la instructora haya dejado bien claro que no va a dar carpetazo a una investigación que arrancó hace cerca de tres meses tras la presentación de una denuncia. De hecho, tras interrogar a Franco, la titular del juzgado de instrucción número 51 toma declaración este jueves a más de una quincena de personas entre empleados de la Delegación y convocantes de las marchas que aparecen en el atestado de la Guardia Civil. A todos ellos les preguntará por el conocimiento que tenían entonces del riesgo de contagio y por las llamadas que se efectuaron desde el órgano que dirige Franco para que se desconvocaran todos los actos de la capital.
Prueba de que la instructora sigue adelante con el procedimiento ha sido el requerimiento remitido a la Comunidad de Madrid y al Ayuntamiento para que aporten toda la documentación que tengan en su poder de "eventos colectivos o masivos públicos o privados" que se celebraron en la capital entre los días 5 y 9 de marzo. En concreto, Rodríguez-Medel apunta a actos "deportivos, culturales, políticos, sociales" así como pruebas de acceso o selección para la Administración. Se trata de un requerimiento que se conoce después de que el propio Franco apuntara en sede judicial que no tuvo ninguna precisión ni prohibición concreta para cancelar las marchas y que la Comunidad de Madrid tendría que haber alertado de la emergencia sanitaria para que él hubiera podido actuar puesto que no tiene competencias en ese terreno.
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