El exjefe de seguridad del BBVA Julio Corrochano tiene quince días de plazo para abonar una fianza de 300.000 euros impuesta por el magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón y evitar así su ingreso en prisión. El instructor del caso Tándem le impone esta medida cautelar al que fuera jefe superior de la Policía de Madrid atendiendo de esta forma el criterio de la Fiscalía Anticorrupción que había solicitado que se le fijara esta caución, informan fuentes jurídicas. Las mismas explican que el juez le impone además prohibición de salir de España, retirada del pasaporte y comparecencias mensuales en el juzgado más cercano a su domicilio.
Corrochano se convierte de esta manera en el primero de los altos cargos del banco imputados por la Audiencia Nacional en afrontar medidas cautelares por su implicación en los pagos que salieron de la entidad al entramado empresarial del principal acusado en este procedimiento, José Manuel Villarejo. El exdirectivo ha llegado poco antes de las 9.30 horas a la sede judicial y la ha abandonado cerca de las 14.00 con rostro serio y sin responder a las preguntas de los periodistas que aguardaban en la puerta. Aunque se ha acogido a su derecho a no declarar, ha permanecido toda la mañana en el interior de la sede judicial a la espera de que el juez le comunicara las medidas cautelares adoptadas tras la petición formulada por la Fiscalía.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 le había citado este viernes por los delitos de cohecho, descubrimiento y revelación de secretos junto con su sucesora al frente del departamento de seguridad de la entidad, Inés Díaz Ochagavia; el miembro de este equipo del banco Nazario Campo Campuzano y Rafael Redondo, socio de los negocios de Villarejo. Todos ellos han declinado responder al juez excepto Redondo, que sí ha rendido cuentas por sus negocios de espionaje con Villarejo. Con todo, fuentes de la defensa de los directivos del banco han mostrado máxima cooperación con la causa.
Corrochano, el nexo de unión
En lo que respecta a Redondo, los investigadores le llamaron a declarar en esta tanda de nueve imputaciones por su implicación en los contratos que se firmaron entre la entidad y Cenyt de cara a acometer una labor de espionaje que tendría como objetivo frenar el intento de asalto de Sacyr a la entidad. Redondo figura como la persona que rubricaba las firmas de los acuerdos en calidad de apoderado de muchas empresas de este entramado controlado por el principal acusado del procedimiento.
La ausencia este jueves del que fuera consejero delegado de la entidad Ángel Cano en la Audiencia Nacional puso el foco en el exjefe de seguridad teniendo en cuenta que los investigadores indagan en esta pata concreta del macroprocedimiento los pagos que se efectuaron desde la entidad al entramado y que alcanzarían los diez millones de euros. De hecho, el instructor acordó todas estas imputaciones el martes a tenor de la información remitida por la entidad relativa a los departamentos desde los que dependían directamente estas cuentas bancarias.
Aunque en un primer momento apuntaron que se trataba de cuentas internas, finalmente facilitaron esta documentación que sirvió al magistrado para acordar las imputaciones de todas estas personas de las cuáles cinco siguen vinculadas todavía a la entidad. No obstante, el foco estaba puesto en Cano (el cual tras alegar viaje al extranjero ha sido citado a declarar de nuevo para el día 11 de julio) y en Corrochano. El exjefe de seguridad además fue víctima de las grabaciones del comisario jubilado y en las mismas dejó patente que tanto Cano como 'el presi', en referencia a FG, estaban al tanto de esta encomienda de espionaje.
De hecho, lo que buscan tanto los fiscales de la causa como el instructor es aclarar si hubo cadena de mando en la ejecución de estos pagos y si, en la misma, estaría Francisco González, el cual dejó la presidencia de honor de la entidad el pasado marzo tras verse salpicado por este escándalo. El banquero dijo adiós para evitar presiones del supervisor y del BDE pero mantuvo que existió una operación por parte de la constructora para hacerse con capital del banco y que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero no hizo nada para frenarla. De hecho, el encargo que la entidad efectuó a Villarejó derivó en la interceptación de miles de llamadas telefónicas a empresarios, periodistas y políticos que guardaron relación con este asunto concreto.
Con todo, la premura de las citaciones y el secreto de las actuaciones ha servido a los imputados para acogerse a su derecho a no declarar. De hecho, de los nueve citados, dos se ausentaron (Ángel Cano y Ricardo Gómez) y otros cuatro, además de Corrochano, no respondieron a las preguntas de los investigadores. Ellos son el director de red de banca comercial Ignacio Pérez Caballero, el exresponsable del departamento de finanzas Javier Malagón Navas, la jefa de seguridad Inés Díaz Ochagavia y otro miembro de su equipo Nazario Campo Campuzano. Diferente estrategia de defensa han seguido el actual presidente de Distrito Castellana Norte, Antonio J. Béjar y el abogado Rafael Redondo.
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