Viernes, 21.06.2019 - 02:04 h
Pide juzgar a 22 investigados por malversación

La Fiscalía no ve delito en la actuación de Gallardón en Lezo y pide archivar su caso

Anticorrupción exculpa al expresidente madrileño, a Manuel Cobo y a Ignacio González por la adquisición del Canal en 2001 de la colombiana Inassa.

El exministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón. EFE
Gallardón explicó en sede judicial que no hubo irregularidades en esta operación. / EFE.

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido el archivo de la causa abierta contra el expresidente de la Comunidad de Madrid y exministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón por su implicación en la compra por parte del Canal de Isabel II en 2001 de la colombiana Inassa, de acuerdo con un escrito presentado al Juzgado Central de Instrucción que investiga el caso Lezo. En el mismo pide también el sobreseimiento en el marco de esta pieza número 1 del procedimiento para otros miembros de su Ejecutivo como Manuel Cobo o el también exmandatario regional Ignacio González.

El Ministerio Público ha dado por concluidas las pesquisas de esta primera pieza del macroprocedimiento en lo que respecta a la adquisición de Inassa y pide el archivo para los miembros del entonces Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid que dio el visto bueno por unanimidad a que la empresa madrileña de aguas adquiriera el 75 por ciento de Inassa por 73 millones de dólares. La fiscal Anticorrupción del caso, Ana Cuenca, razona en su escrito que no ha quedado acreditado que, los hasta ahora acusados -entre ellos el propio Gallardón- al emitir su voto, conocieran los detalles de esta operación y, por tanto, tampoco "el  menoscabo económico que para la Administración autonómica generaría con la compra de Inassa", a excepción de Pedro Calvo y Juan Bravo. Igualmente pide el archivo de las diligencias en esta pieza concreta para uno de los principales acusados en el procedimiento Ignacio González y para Edmundo Rodríguez Sobrino.

Con todo, la fiscal solicita al magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón que abra una pieza separada para juzgar a otros imputados en la causa a los que sí considera responsables penales de la operación por delito de malversación de caudales públicos. En concreto formula acusación contra un total de 22 personas, entre ellas el expresidente del Canal Pedro Calvo y los también exdirectivos José Antonio de Cachavera, Pablo López de las Heras y Arturo Canalda. Este último dimitió de su cargo como presidente de la Cámara de Cuentras tras su imputación en esta causa. 

Sobreprecio de hasta 30 millones

La Fiscalía pide además que las pesquisas que se han investigado en esta pieza  se enjuicien por separado, tal y como adelantó este diario, en tanto se trata de operaciones "perfectamente diferenciadas y dotadas de elementos propios". Esto es así porque en la misma se investiga además la compra de la brasileña Emissao bajo el Gobierno de Ignacio González en 2013 y en la que el magistrado Manuel García Castellón sigue practicando diligencias de cara a esclarecer el presunto reparto de mordidas cercanas a los 6 millones de euros por los participantes en esta operativa que nada tiene que ver con la compra de Inassa. 

Con todo, la fiscal Cuenca mantiene en su escrito que el proceso de adquisición de la colombiana, que desde el año 1996 pertenecía a Aguas de Barcelona Agbar, estuvo "plagado de ilicitudes" y se llevó a cabo "contrariamente a lo autorizado" puesto que para la adquisición se empleó la empresa pantalla Aguas de América domiciliada en Panamá. Como consecuencia de dichas irregularidades, la empresa madrileña pagó un sobreprecio "injustificado" de al menos entre 23 y 35,48 millones de dólares.

Además, la acusación pone el foco en la actuación de De Cachavera y De las Heras en este proceso de adjudicación por ser los que actuaron en nombre del Canal y permitieron que la compra se llevara a cabo a través de una sociedad interpuesta, pese a que esto no se autorizó. En el dossier explicativo que ambos elaboraron para que el resto de consejeros tuvieran conocimiento de la operativa, no se detallaron con exactitud loo factores que influían en el rango de valoración de la compra y que, a juicio de la fiscal, minoraron "de forma notable" el valor de la sociedad.

La Fiscalía explica que esta actuación contó con el beneplácito de Arturo Canalda el cual facilitó su tramitación teniendo en cuenta el alto cargo que ostentaba en el Canal. Además, también considera responsables penales a los entonces miembros del Consejo de Administración por ser conocedores del "sobreprecio injustificado" que se iba a pagar por la adquisición de Inassa. Los exconsejeros, por su parte, alegaron en sede judicial que se les dijo que era una operación beneficiosa para la empresa pública y que se fiaron del dictamen de los técnicos.

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