La investigación que sigue la Audiencia Nacional por los contratos de José Manuel Villarejo con Iberdrola ha reanudado su curso con los primeros interrogatorios a tres directivos de la compañía. Se trata de los primeros altos cargos que desfilan por sede judicial tras su imputación el pasado verano en relación a estos encargos que gestionó el comisario desde su entramado empresarial. El primero en inaugurar la ronda de comparecencias fue Juan Carlos Rebollo. El actual director de Administración y Control negó cualquier irregularidad con las facturas giradas respondiendo de esta forma a las preguntas de la Fiscalía Anticorrupción, la cual se interesó especialmente en conocer si existía alguna especie de pacto interno para evitar que esta causa penal acabe salpicando a José Ignacio Sánchez Galán.
Tras Rebollo llega el turno hoy del director del departamento de Administración, Pablo Insunza, mientras que el próximo día 10 de noviembre será interrogado el exnúmero dos de la eléctrica, José Luis San Pedro. Todos ellos fueron imputados en esta pieza decimoséptima del caso Tándem por los encargos de poco más de un millón de euros de Iberdrola a Cenyt, así como por presuntas irregularidades en los pagos. Estas supuestas anomalías se concentran en un informe que firmó el directivo díscolo con Galán, José Antonio del Olmo. El que fuera responsable de Riesgos acabó convirtiéndose en testigo estrella de la causa por el documento que redactó en 2004 el cual denunciaría un sistema de facturas falsas en el que participó Casesa, entonces proveedora de la eléctrica.
Fuentes jurídicas consultadas por La Información explican que Rebollo negó irregularidades en el pago de las facturas relativas al primer encargo (2004) y protagonizó un interrogatorio en el que eliminó cualquier atisbo de duda sobre el presidente de Iberdrola. Rebollo, que en el momento de los hechos era jefe superior de Del Olmo centró su declaración en explicar en qué consiste la figura del 'controller' y expuso que su función a la hora de examinar las facturas era comprobar una serie de requisitos formales (tales como la existencia del proveedor o que la persona que firmaba los albaranes estuviera autorizada para ello). Al respecto dijo que todo se hizo conforme a la normativa y que fue Antonio Asenjo -exdirectivo de Seguridad- el que firmó estas facturas giradas a Cenyt. Del mismo modo negó a preguntas de Anticorrupción tener conocimiento alguno de cómo se contrató a la empresa de Villarejo o qué servicios concretos iba a prestar porque eso no estaba dentro de su cometido.
Sin presiones a Del Olmo
Igualmente la Fiscalía también dedicó parte del interrogatorio a esclarecer qué pasó en diciembre del pasado año cuando se reunieron con Del Olmo para tratar el asunto del informe 'fantasma'. Como ya plasmaran algunos altos cargos de Iberdrola en la investigación interna de la compañía, Rebollo insistió ante el magistrado Manuel García Castellón que cuando tuvieron constancia de la existencia de este documento -que Del Olmo llevó notario- lo buscaron sin éxito dentro de la multinacional vasca. De hecho, y según las fuentes consultadas, sobre este capítulo el alto cargo recordó la celebración de un encuentro a cuatro bandas (los tres imputados y Del Olmo). En dicha reunión, que tuvo lugar en diciembre, este último le dijo que no reconocía la existencia del documento que él mismo firmó. Ello llevó Rebollo a levantar acta del encuentro pero Del Olmo fue el único que se negó a firmarla.
El objetivo de esta reunión clave fue, según expuso en sede judicial, preguntarle por la existencia del papel que puede perjudicar y mucho a la cúpula de la compañía dado que el documento apuntaba a "actividades anómalas" desde Seguridad Corporativa que contarían con el visto bueno de Sánchez Galán. Sin embargo, Rebollo negó en todo momento que hablara de este asunto con la cabeza visible de Iberdrola e insistió en que autorizó los pagos porque cumplieron con la normativa interna. También negó categóricamente que se ejerciera presión sobre Del Olmo para que éste accediera a firmar el acta en la que se dejaba claro que no había constancia alguna de la existencia del informe de 2004.
"Galán tiene un problema grave"
Se trata de una versión que choca con la mantenida por el exdirectivo de Riesgos el cual en sus al menos tres comparecencias en la causa advirtió que había recibido presiones por ser el autor de este documento. Además, y según se recoge en el sumario de la causa al que ha tenido acceso este diario, explicó que no lo denunció en su día por temor a represalias y a que él o su hija fueran despedidos de la eléctrica. Anticorrupción puso el foco en este capítulo, especialmente en una llamada telefónica que obra en el sumario entre Rebollo y Del Olmo. La conversación se produjo un día después de que se negara a firmar el acta y el objetivo, según explica ahora Rebollo en sede judicial, era conocer los motivos ante la sospecha de que el documento acabara siendo falso. Lo que no sabía el alto cargo de la compañía es que su interlocutor le estaba grabando.
Así pues, de acuerdo con los audios, Del Olmo le dijo que no tenía miedo a represalias aunque sabía que le iban a "buscar las cosquillas". Además, lanzó una dura advertencia: "Ojalá esto se arregle pronto, pero de todas formas, Galán tiene un problema grave con Asenjo. Yo no sé si este tío hablará o no hablará, pero como hable, la ha jodido… él sabrá", le dijo. Ello llevó a los investigadores a preguntarle por la existencia de un posible acuerdo interno dentro de Iberdrola para que fuera Asenjo el que asumiera el coste de las contrataciones con Villarejo a cambio de que el asunto no acabara salpicando a la cúpula de Iberdrola y, más en concreto, a Galán. La conversación se produjo apenas unas semanas antes de que declarara Asenjo en sede judicial. En sus interrogatorios, el policía admitió los contratos, defendió la veracidad de los mismos y dijo que Sánchez Galán estuvo al margen de la mayoría de los asuntos encargados a Villarejo.
Declara una víctima de Villarejo
El testimonio de Rebollo coincide con lo manifestado por los otros directivos de la eléctrica imputados también en el caso Tándem. De hecho, en la investigación interna encargada a PwC explicaron que nunca encontraron en los archivos internos de Iberdrola el documento que Del Olmo llevó al notario Luis Ramallo. Además, dijeron que la fecha de emisión del informe fue muy posterior al pago de las facturas a Casesa y que su contenido no evidenció ninguna irregularidad. Lo cierto es que lo vivido en ese encuentro de diciembre dio pie a que tanto Insunza como Iberdrola se querellaran contra el exdirectivo por delitos de injurias y falsedad en documento privado. Las acciones se interpusieron en la Fiscalía y en un juzgado de Bilbao, si bien este último se inhibió a favor de la Audiencia Nacional.
Además de Rebollo, el instructor también tomó declaración en calidad de testigo a José María Álvarez. Se trata del exdirector de Servicios Generales de Iberdrola sobre el que Villarejo puso el foco ante las sospechas de la compañía de que estaría filtrando datos sensibles de Sánchez Galán al presidente de ACS, Florentino Pérez. Precisamente el empresario ya figura como perjudicado por los espionajes de Villarejo aunque la eléctrica ha negado en todo momento haber contratado al comisario para espiar al presidente del Real Madrid. Tampoco constan pagos por este asunto. Sin embargo sí se indagó si el empleado -al que en el sumario se refieren como 'Chema'- filtró información de su presidente a personas allegadas a Florentino, como es el caso de Francisco Julián González Santiago (administrador de la sociedad Intraleckmark).
Al respecto, Álvarez expuso que desconocía si había sido vigilado por Villarejo y dijo que se enteró del tema por la prensa. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 le hizo ofrecimiento de acciones por si se sentía damnificado por los espionajes de Villarejo. De aceptarlo, pasaría a figurar como perjudicado del mismo modo que Florentino Pérez o Manuel Pizarro, el cual también declaró como testigo en el marco de esta pieza separada por los trabajos realizados por el comisario jubilado. El encargo sobre José María Álvarez -que se cerró en 2009 por 138.000 euros- se suma a los otros gestionados por Cenyt para Iberdrola tales como proyecto Arrow (consistente en investigar un movimiento vecinal contra la instalación de una central en Cádiz); Blackboard (sobre Manuel Pizazrro) o el proyecto Wind. Este fue el último que gestionó Cenyt, en el año 2016, y se centró en espiar a Eólica Dobrogea tras incumplir un laudo con Iberdrola.
