Sábado, 15.12.2018 - 22:34 h
Por corrupción

La Fiscalía pide el encarcelamiento de Oriol Pujol de forma inmediata

Para cumplir su condena de dos años y medio por cobrar comisiones y usar su influencia política para favorecer a empresarios en el amaño de ITV.

Oriol Pujol sale de la Ciudad de la Justicia (ARCHIVO)
Oriol Pujol sale de la Ciudad de la Justicia.  / EP

La Fiscalía ha pedido para el exdiputado de CiU en el Parlament Oriol Pujol el ingreso "inmediato" en prisión para cumplir su condena de dos años y medio de cárcel por cobrar comisiones y usar su influencia política para favorecer a empresarios en el caso del amaño del concurso para obtener estaciones de ITV, y lo basa en que es una condena por delitos vinculados con la corrupción.

En su escrito, la Fiscalía especial contra la corrupción se opone a que se suspenda el ingreso en prisión del hijo del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol acogiéndose al beneficio de la suspensión de la pena, que se permite cuando la persona no es un delincuente habitual y las penas a las que es condenado, por separado, no son superiores a dos años.

La Fiscalía tiene en cuenta que Oriol Pujol fue condenado por delitos relacionados con la corrupción política y económica, y que luchar contra la corrupción y el fraude es una de las prioridades absolutas porque es "una lacra para la sociedad y un ataque a la estructura democrática de cualquier estado", por lo que ve más necesaria la ejecución de la condena. Así, recuerda que ni las circunstancias personales ni la conducta de Oriol Pujol tras la comisión de los hechos "pueden contrarrestrar la finalidad de prevención especial y de prevención general que con el cumplimiento de las penas de prisión impuestas al penado se persigue".

La fiscal Teresa Duerto recuerda que este tipo de beneficio tiene "naturaleza discrecional" pese a que concurran los requisitos previstos por la ley, y que en este tipo de casos, al tratarse de delitos relacionados con la corrupción, se tiene en cuenta la necesidad de mantener la confianza de la población en el derecho, y evitar que se perciba el beneficio como una injustificada indulgencia. Oriol Pujol solicitó no ingresar en prisión teniendo en cuenta que fue condenado por la Audiencia de Barcelona a cinco meses de cárcel por tráfico de influencias, ocho meses de prisión por un delito continuado de cohecho, y un año y cinco meses por un delito continuado de falsedad en documento mercantil.

Alegó que su ingreso en prisión "perjudicaría gravemente" a su entorno familiar y su arraigo laboral y social en plena recomposición, debido a que tiene tres hijos --dos mayores de edad de los que costea los estudios universitarios--, y los pagos de una hipoteca, además de que había reconocido los hechos y ha renunciado a la actividad política y pública.

Sin embargo, la fiscal rechaza estos argumentos porque la esposa de Oriol Pujol tiene estudios superiores y una profesión que le permite encargarse de sus hijos y los gastos familiares, y además de tener una segunda residencia en la Cerdanya (Girona), pertenece a la familia Pujol-Ferrusola "siendo de dominio público que no se trata de una familia con escasos recursos económicos". Además, argumenta que en modo alguno se puede considerar que con el cumplimiento de las penas de inhabilitación "se repare en su totalidad el daño causado a la sociedad, como tampoco que ello suponga la eliminación del riesgo de reincidencia".

El 27 de julio, el Tribunal del Jurado de la Audiencia de Barcelona condenó en firme al exdiputado a cinco meses de cárcel por tráfico de influencias, una multa 55.000 euros e inhabilitación para ejercer de cargo público en la administración local, provincial, autonómica y estatal por dos años. Asimismo, la Audiencia condenó al hijo del expresidente a ocho meses de prisión por un delito continuado de cohecho y suspensión de empleo y cargo público por un año, y por un delito continuado de falsedad en documento mercantil la pena de un año y cinco meses de cárcel y 21.000 euros de multa.

Según la sentencia, en 2011 el entonces secretario general de la Conselleria de Industria Enric Colet nombró a Josep Tous como encargado de solucionar los litigios judiciales suscitados por las concesiones de nuevos lotes de ITV en Cataluña, por una "sugerencia activa" de Pujol, que usó para ello su doble condición de presidente del Grupo Parlamentario de CiU y de secretario general del partido para conseguir el nombramiento.

El interés de designar a Tous en este cargo por parte de Pujol partía de que se lo había pedido su amigo íntimo Sergi Alsina, para que "favoreciese los intereses privados" del empresario de las ITV Ricard Puignou en las negociaciones para diseñar el nuevo plan territorial de las ITV que quería impulsar el Govern.

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