La prórroga caduca el 29 de enero

Fiscalía pide prorrogar 'Popular' hasta que Santander aporte sus documentos

Subraya que la entidad 'heredera' tiene dificultades para encontrar toda la documentación reclamada por el juez. No descarta la posibilidad de practicar nuevas diligencias tras escuchar a los funcionarios del BCE.

Anticorrupción respalda a los fondos y pide los informes de compra del Popular
Fiscalía pide seis meses más en Popular para que Santander localice más datos.
Ángel Martínez | EFE

La instrucción del caso 'Popular' parece no llegar a su fin. La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama que amplíe la investigación sobre la caída del banco otros seis meses, puesto que el Banco Santander, que adquirió la entidad por un euro, está teniendo complicaciones para recuperar toda la documentación que le ha reclamado el juzgado. El Ministerio Público subraya que toda la información que está recabando el banco de Ana Patricia Botín podría dar paso a nuevas indagaciones. Y lo mismo podría ocurrir, indica, con las declaraciones de testigos pendientes, como los funcionarios del Banco de España (BdE) y del Banco Central Europeo (BCE) que supervisaron e inspeccionaron la entidad extinta.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 acordó a mediados del pasado mes de junio una nueva prórroga de la causa por el tiempo de seis meses, que empezaría a correr a partir del 29 de julio. Así ante la cercanía de la fecha de caducidad de dicho plazo, el magistrado ha vuelto a preguntar a las partes si creen que la instrucción -que se inició en octubre de 2017- debe continuar alargándose o, por el contrario, consideran que ya se han recabado todas las pruebas posibles para decidir si los investigados, entre los que se encuentran los expresidentes de la entidad extinta Ángel Ron y Emilio Saracho, deben ir a juicio.

El 'número dos' de Anticorrupción, Antonio Romeral, parece tenerlo claro. Hace medio año, el representante del Ministerio Público interesó la prórroga alegando que faltaba por aportar a la causa numerosa documentación que el juez instructor había solicitado al BdE, al BCE o a Santander. El fiscal señaló que su posterior análisis podría determinar la necesidad de recabar "nuevos documentos que la complementen o el testimonio de las personas que hayan intervenido en los hechos investigados". A lo largo de este semestre, muchas de estas pruebas han llegado al juzgado. Asimismo, se ha practicado una intensa ronda de declaraciones de peritos y testigos, entre las que se ha incluido a la presidenta de la Junta Única de Resolución (JUR), Elke König, para conocer de primera mano qué ocurrió las horas previas a la resolución del Banco Popular el 7 de junio de 2017 y para que aclarara las manifestaciones que realizó en una entrevista de televisión un mes antes de este hecho, así como la filtración en otro medio de comunicación sobre el riesgo de liquidación que corría la entidad.

No obstante, aún siguen quedando informes periciales por aportarse a la causa y, mientras tanto, el magistrado instructor ha señalado para los próximos meses nuevos interrogatorios. Por ello, Romeral aboga por que la investigación continúe seis meses más, dada la "complejidad" de la causa, sin olvidar las "dificultadas añadidas por la pandemia de la covid-19". En su escrito con fecha del pasado 4 de enero, al que ha tenido acceso La Información, el fiscal vuelve a hacer alusión a la documentación reclamada al banco 'heredero' de Popular y destaca que éste no terminado de aportar todos los documentos, "pese a los constantes requerimientos".

Anticorrupción recalca que la información solicitada al Banco Santander "es de indudable valor para el esclarecimiento de los hechos y, solo después de su estudio es posible determinar y concretar las diligencias necesarias que de ella puedan derivar". Sin embargo, hace hincapié en que si la entidad no entrega dicha documentación no es porque esté poniendo "resistencia, obstáculo o despreocupación", sino por las dificultades que está teniendo para su "localización y ordenación".

Más peritos

En una providencia del pasado 3 de enero, que adelantó este diario, el juez Calama requirió a Santander que buscara más documentación para "clarificar la gobernanza de riesgos del extinto Banco Popular en el denominado entramado Thesan", la red de la que se habría servido el banco extinto para ocultar pérdidas y alterar sus cuentas con operaciones de refinanciación a clientes en Luxemburgo. Todo ello después de que la institución que dirige Pablo Hernández de Cos aportara un informe pericial en el que se advierte que en relación a esta operativa se debía haber provisionado 521 millones. 

Un día después, el magistrado instructor dictó un auto para citar los próximos 24 de febrero y 3 de marzo a dos jefes de los equipos que supervisaron e inspeccionaron 'in situ' al Banco Popular en determinados periodos antes de su resolución. En este sentido, el juez solicita al BCE que deje en suspenso la inmunidad que los testigos tienen como funcionarios de la institución y que les autorice a "revelar la información" que obtuvieron como miembros de dichos grupos de trabajo. La Fiscalía Anticorrupción hace alusión a estas declaraciones y enfatiza que son de "gran importancia para conocer los hechos que se investigan", ya que podrán "arrojar luz sobre cuestiones controvertidas". De hecho, no descarta que las manifestaciones de los inspectores se puedan constatar mediante la "aportación de otros documentos, que no se encuentran entre los incorporados a las actuaciones", o incluso con la comparecencia de otros funcionarios, cuya participación en la labor de control aún se desconoce.

Por último, el Ministerio Público recuerda que el juez Calama se puso a disposición de los peritos del Banco de España que siguen desarrollando su labor de análisis para que le comuniquen "en cada momento" las necesidades de información o documentación. Ello, dice el fiscal, podría motivar el acuerdo de nuevas diligencias complementarias antes de concluir la investigación.

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