La Fiscalía de Madrid sigue sin aclarar la relación laboral entre Podemos y la consultora Neurona, a la que contrató para asuntos de comunicación en relación con la campaña electoral del año 2019. El Ministerio Público ha respaldado el cierre de la investigación relativa a la reforma de la sede porque no ve delito en estos hechos. Sin embargo, sigue dudando del verdadero servicio que prestó la consultora pese a haber transcurrido ya siete meses desde el arranque de esta causa. Por ese motivo pide al magistrado que siga adelante con esta vía de investigación en aras a acreditar si cometió delito electoral.
Mientras la defensa legal de la formación morada apunta que dichos contratos existieron y niega irregularidades en la adjudicación, el Ministerio Público sospecha acerca de este punto concreto de la causa. Sin embargo, no es una postura nueva. Desde el arranque de este procedimiento penal, la Fiscalía se ha mostrado a favor de cerrar las líneas relativas a los contratos con la firma portuguesa ABD, la supuesta caja 'B' del partido y, más recientemente, la licitación sobre la reforma de la nueva sede. El juez Juan José Escalonilla ha ido dando carpetazo a estas patas de la causa entendiendo que no había indicio de delito, como así se recogió en la denuncia inicial de José Manuel Calvente.
Respaldo a Calvente
Cuestión distinta ocurre con la mexicana Neurona. El partido entregó más de 1.470 'productos' o evidencias con el fin de demostrar que las facturas corresponden a trabajos reales. Ello propició que el magistrado ordenara a la Policía Judicial el estudio exhaustivo de esta información. Igualmente, recabó material de la Junta Electoral Provincial de Madrid en relación con las elecciones del 26 de mayo para que le aclarase la identidad del administrador electoral designado por la coalición de Unidas Podemos-Izquierda Unida, así como la cuenta o cuentas que designaron para recaudar los fondos de la campaña. Podemos recurrió esta diligencia pero la Fiscalía respalda al juez y ponen el foco en este asunto.
"El hecho de que se hicieran pagos a una sociedad indiciariamente ficticia obliga a realizar una mínima investigación. Más aún el resultado de ésta puede ser incluso en interés del ahora recurrente por cuanto podría extraerse conclusiones en beneficio del mismo tanto en relación a la existencia o no de Neurona como de los contratos", reza la Fiscalía de Madrid, la cual matiza que la documentación remitida sobre este asunto por el Tribunal de Cuentas o la denuncia en relación a Neurona sobre el exabogado de la formación morada "no han sido desvirtuados a día de hoy". "Y todo ello casi siete meses después de iniciar las investigaciones sin que haya sido posible determinar qué trabajadores tuvo Neurona, cuánto tiempo trabajaron en España, si se desplazaron desde México y dónde se hospedaron; información de fácil acceso al ahora apelante que no ha sido facilitada", sentencia.
No hubo delito en la reforma
En lo que respecta a las obras de remodelación de la nueva sede, la Fiscalía rebate los argumentos de las acusaciones populares e insiste en que no se ha podido probar que desviaran dinero con el sobrecoste del proyecto. "Ningún indicio existe, pues, de la existencia de un delito de administración desleal. El tipo penal castiga los excesos en la administración que causen un perjuicio patrimonial sin que resulte de las diligencias practicadas que los gerentes de la sociedad hayan infringido sus facultades. Más aún, el propio arquitecto (Manuel Enrique Campos) declaró que el precio fue ajustado, incluso bajo y que se realizaron pocas mejoras", apunta la fiscal Lorena Álvarez. Tanto es así que matiza que, el incumplimiento de las normas internas de licitación de Podemos no implica necesariamente que los hechos sean delito.
A todo ello hay que añadir que la que fuera responsable de Control Normativo del partido, Mónica Carmona, ha aportado recientemente a la causa y a petición del juez, un escrito en el que desgrana las supuestas irregularidades que denunció y que, según declaró, provocaron su despido. Entre ellas se encontraba el cobro de las costas de un juicio que ganó Pablo Iglesias por una demanda contra UPN por derecho al honor. También denunció que la ministra de Igualdad, Irene Montero, se valió de una persona a sueldo en Podemos para que cuidara de su hija advirtiendo que se podría incurrir en delito de administración desleal. El partido, por su parte, respondió diciendo que se había extralimitado y pidió al juez que no investigara estos asuntos.
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