La Fiscalía pide 6 años de prisión para el expresidente andaluz Griñán por el caso ERE

Griñán podría ir a la cárcel por el caso ERE, Chaves, no. Cinco años investigando dónde han ido a parar 850 millones de euros de dinero público, y por culpa de quién... y poco a poco los nombres propios salen a la luz, y no son pocos. Y esos 850 millones se estima que fueron muchos más hasta llegar a los 2.400 millones teniendo en cuenta que el caso de los ERE se ha partido en diferentes causas. Griñán, el que sale peor parado

Seis años de prisión y 30 años de inhabilitación es lo que pide la Fiscalía Anticorrupción para el ex presidente andaluz José Antonio Griñán por el caso de los ERE fraudulentos. La Fiscalía le achaca presuntos delitos de prevaricación y de malversación de caudales públicos, el Ministerio Público pide además diez años de inhabilitación por el primero de los citados delitos y 20 años de inhabilitación absoluta por el segundo. 

¿Por qué Griñán sí y Chaves no?

“La gravedad de la situación creada (...) mediante la utilización de las transferencias de financiación (...) debieron ser conocidas por los encausados”. Y ahí reside la diferencia procesal entre Chaves y Griñán.

Mientras que el primero es señalado por ignorar detalles de algunas ayudas y modificaciones presupuestarias aprobadas en Consejo de Gobierno, a Griñán se le achaca un conocimiento más detallado del fondo como titular de la Consejería de Hacienda. Además, el fiscal le recrimina que no iniciara algún procedimiento para lograr la devolución de los fondos públicos entre 2005 y 2010.

Por otra parte, la fiscalía pide 10 años de inhabilitación para su antecesor, Manuel Chaves, por prevaricación en el mismo caso.

Tanto a Chaves, presidente andaluz de 1990 a 2009, como a Griñán (2009-2013) se les acusa de un "delito continuado de prevaricación", es decir, de tomar decisiones sabiendo que eran irregulares a la hora de atribuir millonarias subvenciones desde la Junta de Andalucía, el órgano de gobierno de la región más poblada de España.

La acusación de la Fiscalía en el caso de los ERE, que empezó a instruir en 2011 la juez Mercedes Alaya, afecta a 26 exaltos cargos de la Junta de Andalucía, a los que acusa de un delito continuado de prevaricación, y a 18 de ellos además les imputa malversación continuada. Para doce de estos encausados, la Fiscalía pide ocho años de prisión y para el resto seis años de cárcel.

El caso ERE se ha convertido así en el segundo caso de corrupción más grande de la historia de España, solo por detrás del caso Pujol, en el que se estima que se volatilizaron 3.000 millones, aunque paradójicamente ya nadie hable de ello.

El fraude se ceñiría a los intrusos, las sobrecomisiones de los intermediarios (comisionistas y aseguradoras) y ayudas directas a empresas en crisis que no pasaron ninguna oferta pública. El origen del caso estuvo en una investigación centrada en Mercasevilla, la lonja mayorista sevillana. Responsables políticos pidieron una mordida a unos empresarios interesados en montar una escuela de hostelería. La forma, parece, de hacer negocios en España.La jueza Alaya no estaba tan descaminada

Al final, la jueza Alaya, tan criticada por muchos, no estaba tan desencaminada al apuntar a la cúpula. Lo hacía convencida de que todo era una trama de la que la Junta debía ser consciente. Por eso se negaba a dividir el caso, como finalmente ha ocurrido. 

En total, la Fiscalía apunta a 18 personas como los autores de la malversación de fondos investigada entre los años 2000 y 2010, cifrando en 741,5 millones de euros la cantidad por la que tendrán que responder en concepto de responsabilidad civil de manera solidaria los presuntos acusados.

La Fiscalía pide estas penas en su escrito de acusación en la pieza separada correspondiente al procedimiento específico por el que fueron concedidas las subvenciones investigadas en el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos

Junto a los dos expresidentes, en el escrito de acusación presentado en el juzgado de instrucción 6 de Sevilla la Fiscalía pide ocho años de prisión para tres ex consejeros andaluces, José Antonio Viera, Antonio Fernández y Francisco Vallejo, por el delito continuado de malversación, y seis años para otra ex consejera, Carmen Martínez Aguayo, por el mismo delito.

Viera tendrá que responder, de manera solidaria, por una cantidad superior a la deGriñán. En concreto, 637,6 millones de euros correspondientes a los créditos destinados a ayudas sociolaborales entre los años 2000 y 2004.

En una situación similar a Viera se encuentran la que fuera consejera de Economía y Hacienda de la Junta bajo la batuta de Griñán, Carmen Martínez Aguayo, así como Francisco Vallejo, consejero de Innovación, Ciencia y Empresa con Manuel Chaves y ex senador. En ambos casos, tendrán que afrontar la responsabilidad de la misma cantidad asignada a Griñán.Piden a Griñán que pague los créditos destinados a ayudas irregulares

Los fiscales piden también que el predecesor de la actual presidenta andaluza, Susana Díaz, devuelva a la hacienda pública regional el "total de los créditos" destinados a estas ayudas irregulares.

En su caso, y junto con otros acusados, el importe asciende a un importe total 483 millones de euros, correspondientes a subvenciones en el período 2005-2010.

El escrito de la fiscalía anticorrupción, presentado en un juzgado de instrucción de Sevilla, la capital andaluza, señala que esas cuantiosas ayudas no fueron debidamente controladas ni publicitadas, por lo que la Junta de Andalucía dispuso "año a año de unos fondos públicos que gestionó a su libre arbitrio sin procedimiento alguno".

En consecuencia, prosigue el escrito, se destinaron ayudas sin límite, se favoreció "sólo a determinadas empresas y personas que se lucraron con dichos fondos" y se desviaron los mismos "a una finalidad ajena a la prevista". La siguiente étapa será la apertura de un juicio oral cuya fecha se desconoce.

La justicia española investiga las numerosas irregularidades cometidas en Andalucía en la atribución de ayudas a empresas en crisis entre el año 2001 y el 2010, a partir de un fondo dotado con unos 850 millones de euros.

Si hay un protagonista del caso que haya dado frases lapidarias ese es el ex director general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero. Fue el que declaró ante la Guardia Civil que estas ayudas salían de “un fondo de reptiles”. Los beneficiados eran criaturitas, según el propio Guerrero, que destapó la caja de los truenos al sentirse abandona y selañó directamente a sus superiores, en especial al exconsejero  Antonio Fernández. Guerrero fue director general de Empleo con tres consejeros y durante más de una década.

Se da la circunstancia de que Guerrero, que salía de los juzgados con una sonrisa, trabajaba en una zona controlada por el exconsejero de Empleo de la Junta de Andalucía, Jose Antonio Viera, también señalado ahora, que siempre dijo que en su condición de profesor no sabía nada del asunto. Viera nunca ha señalado a Griñán y Chaves. Ahora se señala también a la consejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, que reconoció que le llegaban informes de irregularidades pero que nunca le contó nada al jefe.¡Piden inhabilitación para 24 cargos de la Junta!

La Fiscalía pide 10 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por el delito de prevaricación, del que acusa a Chaves -presidente entre los años 1990 y 2009-, a otras 24 personas.

Además de Chaves y Griñán, la Fiscalía apunta también como autores del delito de prevaricación a otras 24 personas. En concreto, Gaspar Zarrías, Viera, Antonio Fernández García, Magdalena Álvarez, Carmen Martínez Aguayo, Francisco Vallejo, Agustín Barberá Salvador (peticion de ocho años de cárcel), Justo Mañas Alcón (seis años), Gonzalo Suárez Martín, Jesús María Rodríguez Román, José Salgueiro Carmona, Francisco Javier Guerrero Benítez (ocho años), Juan Márquez Contreras (ocho años), Daniel Alberto Rivera Gómez, Juan Francisco Sánchez García, Javier Aguado Hinojal, Lourdes Medina Varo, Antonio Estepa Giménez, Antonio Vicente Lozano Peña, Manuel Gómez Martínez (seis años), Miguel Ángel Serrano Aguilar, Jacinto Cañete Rolloso, Antonio Valverde Ramos y Francisco del Río Muñoz.