La Fiscalía Anticorrupción ha pedido al juez al frente del caso Villarejo que acuerde medidas cautelares contra el excomisario Eugenio Pino tras tomarle declaración en sede judicial durante cuatro horas por su implicación en el operativo de espionaje desplegado desde el Ministerio del Interior en 2013 contra Luis Bárcenas para sustraerle información sensible del Partido Popular . En concreto, el Ministerio Público pide para el que fuera número 'dos' de la Policía prohibición de salir de España, retirada de pasaporte y comparecencias quincenales ante el juzgado.
Los fiscales del caso Miguel Serrano e Ignacio Stampa coinciden de esta forma en que se adopte para Pino las mismas medidas cautelares que solicitaron para el exchófer de Bárcenas Sergio Rios Esgueva y el también comisario Andrés Gómez Gordo. Precisamente, el magistrado Manuel García Castellón escuchó sus requerimientos e impuso estas cautelares para ambos tras tomarles declaración. Ahora falta que se pronuncie acerca de la situación de Pino, el cual no ha respondido a la prensa a las preguntas acerca de la veracidad de este operativo que se investiga en el marco del caso 'Tándem'.
Sí lo hizo en su anterior citación judicial la pasada semana la cual tuvo que ser suspendida. A su salida de la Audiencia Nacional, el exdirector adjunto operativo se limitó a sentenciar que la operación 'Kitchen' no existía. Misma versión que compartió un día después ante los investigadores el también excomisario Enrique García Castaño alias 'El Gordo'. Se da la circunstancia de que a ambos les representa el letrado Aitor Martínez, miembro del despacho de abogados de Baltasar Garzón.
En su declaración ante el juez la pasada semana, 'El Gordo' se limitó a restar trascendencia al operativo costeado con fondos reservados y dijo que simplemente se prestó una labor de apoyo a la Policía Judicial (UDEF) en una investigación oficial y legal. También arremetió contra el que fuera su socio, José Manuel Villarejo, evidenciando la guerra de comisarios abierta tras desvelarse este encargo de espionaje entre 2013 y 2015 al que fuera máximo responsable de finanzas del PP.
Preguntado por este asunto tanto en la causa contra Villarejo como en la que se investiga una presunta financiación irregular del PP, Bárcenas y su mujer Rosalía Iglesias expusieron ante el instructor que no sospecharon entonces de que su chófer estuviese actuando como 'topo' aunque sí dibujaron varios escenarios en los que éste les pudo sustraer toda esta documentación que ya obra en el sumario de la causa. Al respecto Bárcenas dijo que todo el material importante relativo a la causa ya lo había entregado al magistrado José de la Mata si bien admitió que los 27 documentos sustraídos eran efectivamente suyos.
Sobre el contenido de los mismos, el exsenador aseguró el pasado mes de diciembre que guardaba anotaciones de pagos efectuados a Génova por, entre otros, el empresario Juan Miguel Villar Mir o la constructora Sacyr para adjudicarse de forma irregular un contrato de basuras a cambio de financiar la campaña electoral de María Dolores de Cospedal en las elecciones autonómicas de Castilla La-Mancha en 2007. Con todo, se trata de un operativo admitido por el propio Ministerio del Interior, de acuerdo con un escrito que remitió al magistrado De la Mata y al que tuvo acceso este diario. En el mismo reconoció que en esta labor de espionaje participaron agentes pertenecientes a la Dirección Adjunta Operativa (DAO) así como a la Comisaría General de Información; esto es, la cúpula del cuerpo policial.
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