Muchos han sido los meses que la Fiscalía Anticorrupción ha dedicado a reorganizar una de las causas más ramificadas y complejas que instruye la Audiencia Nacional, la trama Púnica. El término de esta ordenación de las piezas ha venido acompañado, casi en tiempo de descuento, de la petición de imputación de una serie de nombres que han salido a relucir a lo largo de la causa tales como el de los expresidentes de Madrid Esperanza Aguirre, Ignacio González o Cristina Cifuentes; un movimiento que marca un antes y un después en su estrategia de acusación puesto que nunca antes solicitaron su implicación formal en el procedimiento.
De hecho, la postura del Ministerio Fiscal cuando se le ha dado traslado para que se pronunciase sobre la petición de imputación de Aguirre por parte de las acusaciones populares, siempre ha sido negativa. Sin embargo, ya en los últimos meses de instrucción, el Ministerio Público, en consonancia con el magistrado Manuel García Castellón, ha ido suavizando su postura hasta concluir hace apenas unos meses que se trataba de una decisión "prematura" y que habría que esperar al término de esta parte de las pesquisas para tomar una decisión.
Esta fase final ha venido acompañada de las conclusiones que aportaron hace apenas unos meses los agentes de la UCO al frente de la investigación de la causa ya que implicaron por primera vez a la expresidenta madrileña en esta presunta red de financiación opaca en la que participaron numerosos empresarios considerados donantes de las campañas autonómicas de 2007 y 2011. Por ese motivo dejan en manos de García Castellón la citación en calidad de investigados de los tres exmandatarios regionales además de otras figuras como el expresidente de Indra Javier Monzón y la empresa como persona jurídica.
Las reuniones de Sol
Los investigadores plasmaron en su último informe, recogido por La Información, que Aguirre integró los encuentros celebrados en la sede del Gobierno regional en la Puerta del Sol. En los mismos participaron Ignacio González, Francisco Granados (presunto cabecilla de esta red), la que fuera directora de comunicación de dicho Ejecutivo, Isabel Gallego, el exconsejero de Sanidad Manuel Lamela y Daniel Horacio Mercado; figura clave en este asunto. Esto es así porque el empresario reconoció en sede judicial que Aguirre intervino en estos encuentros en los que se acordó adjudicar contratos públicos a empresas de la trama que trabajaron en las campañas electorales del PP regional.
Igualmente la investigación recogió más nombres de empresas, desconocidas hasta el momento, que habrían costeado actos de los líderes populares de dichas fechas cobrando a cambio a través de Fundescam, la fundación que creó el Gobierno regional en el año 2000 y desde donde se canalizaron los pagos a los donantes del partido. Los agentes del Instituto Armado se hicieron eco del testimonio de la administradora de una de las sociedades que ahora aparecen en el sumario y en el que admitió que emitió facturas falsas a la fundación las cuáles además contenían cifras ficticias ya que el objetivo era recuperar la inversión efectuada previamente en la campaña electoral del partido.
Estas son las pruebas en las que la Fiscalía Anticorrupción se ha apoyado para pedir la nueva batería de citaciones por los delitos de malversación de caudales públicos, cohecho o tráfico de influencias, entre otros, de acuerdo con las fuentes jurídicas consultadas por La Información. De acordar el juez dichas solicitudes, los exmandatarios madrileños pasarían a estar imputados en la pieza novena (antes la 14) dedicada a investigar esta presunta financiación opaca del PP madrileño.
Cifuentes y la Asamblea de Madrid
Por lo que respecta a la también exdelegada del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, la UCO ya la implicó en su día en la adjudicación presuntamente irregular de la cafetería de la Asamblea de Madrid al empresario Arturo Fernández, cuyo nombre también ha estado vinculado al de otros presuntos donantes del partido. González también está implicado en Púnica por las órdenes que habría dado el Gobierno regional entre los años 2010 y 2013 para que se retribuyera a empresarios del partido mediante empresas como Indra o PwC que previamente habrían recibido subvenciones de la Comunidad de Madrid.
También es especialmente llamativo el momento procesal en que se producen estas solicitudes, teniendo en cuenta que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional puso coto a la instrucción delimitando que la macrocausa, que arrancó en 2014, debe estar concluida en junio de 2020. La Sala corrigió de este modo el criterio del titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 que fue más generoso con los tiempos y decidió ampliar la causa 40 meses más, hasta marzo de 2022. Y ello porque la propia Fiscalía Anticorrupción pidió más prórroga de plazo ante la complejidad de la causa y las diligencias que todavía estaban pendientes de practicar, especialmente las relacionadas con las comisiones rogatorias cursadas al extranjero.
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