La Fiscalía Anticorrupción lo tiene claro: Luis Medina y Alberto Luceño "no recibieron ningún trato privilegiado por parte de ningún funcionario del Ayuntamiento de Madrid". Así lo expone el Ministerio Público en un escrito en el que se opone a la insistencia de Más Madrid, una de las acusaciones populares del denominado 'caso Mascarillas', en pedir el rastreo de las conversaciones que mantuvo Carlos Martínez-Almeida, el primo del alcalde de la capital, con la directora de la universidad CIS, María Díaz de la Cebosa, para conseguir un correo electrónico del consistorio en el que los comisionistas pudieran ofrecer sus servicios para adquirir material sanitario al principio de la pandemia de covid-19.
El fiscal Luis Rodríguez Sol afirma rotundamente que "la manera en que los querellados accedieron a las personas responsables en el Ayuntamiento de Madrid, en un contexto en que las administraciones públicas esperaban con ansiedad cualquier oferta de material sanitario, es irrelevante para la investigación" abierta por estafa, falsedad documental, blanqueo de capitales, alzamiento de bienes. Por ello, tacha de "inútil" la supuesta necesidad, que alega la acusación popular, de examinar el móvil del familiar de José Luis Martínez-Almeida, ya que los delitos por los que Medina y Luceño se encuentran imputados se habrían cometido "con posterioridad a estos contactos previos".
Más Madrid solicitó el pasado mes de mayo esta diligencia para contrastar lo manifestado por el propio Luis Medina, hijo del fallecido duque de Feria y Naty Abascal, y Carlos Martínez-Almeida. El aristócrata explicó en su declaración como imputado que preguntó a María Díaz de la Cebosa, con la que mantiene una relación de amistad, si sabía de alguien en el Ayuntamiento o en la Comunidad con el que pudiera hablar para ofrecer sus servicios de intermediarios para la compraventa de material sanitario y que ésta le puso en contacto con el primo del alcalde, quien finalmente le facilitó un correo electrónico de Elena Collado, la encargada municipal de comprar las mascarillas. Por su parte, el familiar del dirigente 'popular' precisó, en su declaración como testigo, que lo que proporcionó fue un correo genérico del Ayuntamiento y que para ello habló previamente con la coordinadora general de la Alcaldía de Madrid, Matilde García Duarte.
El titular del Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid, Adolfo Carretero, no solo rechazó imputar al familiar del primer edil al considerar que no tuvo ninguna intervención en los contratos por los que los comisionistas se embolsaron 6 millones de dólares; sino que también denegó examinar las llamadas y mensajes de Carlos Martínez-Almeida que pudieran tener algún tipo de relación con la compraventa de mascarillas, guantes y test rápidos en marzo de 2020. La acusación ejercida por Más Madrid presentó un recurso de apelación -ante la Audiencia Provincial de Madrid- contra esta decisión, que la Fiscalía Anticorrupción pide que se desestime.
"Sin ningún género de dudas"
Según expone el fiscal Rodríguez Sol en un escrito con fecha del pasado 9 de junio, al que ha tenido acceso La Información, de las declaraciones de los testigos (Carlos Martínez-Almeida, María Díaz de la Cebosa, Elena Collado y Matilde García Duarte), así como de la prueba documental que consta en la causa, se ha podido confirmar cuál fue la "cadena de comunicaciones" que tuvo lugar para que los comisionistas pudieran contactar con el Ayuntamiento de Madrid. De todo ello, prosigue el fiscal, "se infiere, sin ningún género de dudas, que los querellados no recibieron ningún trato privilegiado", pues "no se ha advertido ninguna manifestación que desvirtúe, en lo sustancial, lo afirmado de manera coherente y concorde por todos los protagonistas de los hechos", concluye Anticorrupción.
Por otro lado, la Fiscalía recuerda que el secreto de las comunicaciones es "un derecho fundamental consagrado en la Constitución" y que para proceder a su intervención es necesaria una autorización judicial que se sustente en los "principios de especialidad, idoneidad, excepcionalidad, necesidad y proporcionalidad". A juicio del Ministerio Público, en este caso, no concurren ni el requisito de idoneidad ni el de necesidad, al considerar que la revisión de dicho teléfono móvil "no va a aportar ningún dato de interés para el esclarecimiento de los hechos investigados". Por tanto, tampoco sería una "medida proporcionada", añade el fiscal.
Asimismo, el escrito hace hincapié en la dificultad para que las operadoras telefónicas puedan enviar un historial de las comunicaciones solicitadas, ya que la ley de conservación de datos relativos a las comunicaciones electrónicas y a las redes públicas de comunicaciones establece que las compañías telefónicas no pueden conservar datos personales después de los doce meses de la fecha en la que tuviera lugar la conversación. La diligencia "no obtendría ningún resultado", indica la Fiscalía Anticorrupción.
Querella de Anticorrupción
Cabe recordar que el juez Adolfo Carretero acordó abrir una investigación judicial a principios de abril tras admitir a trámite la querella que presentó la Fiscalía Anticorrupción contra Medina y su socio, Alberto Luceño, por el presunto 'pelotazo' que habrían dado al actuar como intermediarios en la operación de compraventa de material sanitario para el Ayuntamiento de Madrid, unos días después de que se declarara el confinamiento. El Consistorio, a través de la empresa municipal de servicios funerarios, firmó tres contratos con una empresa de Malasia, Leno Marketing, para la adquisición de mascarillas, guantes de nitrilo y test rápido, por el importe total de 11,5 millones de dólares (10,5 millones de euros).
Según Anticorrupción, los empresarios habrían falsificado su condición de "agentes exclusivos" de la compañía asiática y presuntamente habrían inflado los precios reales de los productos vendidos para conseguir "un exagerado e injustificado beneficio económico". La querella relata que Luceño habría conseguido con este negocio 5 millones de dólares, que después invirtió en una estancia de hotel, relojes de oro, una vivienda y 12 coches de alta gama. En el caso de Medina, éste habría obtenido un millón de dólares, que habrían sido invertidos en dos bonos bancarios y en un yate, al que bautizó como "Feria" en honor al título nobiliario de su familia.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios