El fiscal suizo Yves Bertossa ha acordado el cierre de la investigación que inició por un posible blanqueo de capitales en relación a la donación de 65 millones de euros que el rey emérito Juan Carlos I hizo en 2012 a la empresaria alemana Corinna Larsen. Una cantidad que el monarca previamente había recibido del rey Abdalá de Arabia Saudí, quien transfirió en 2008 un cantidad de 100 millones de dólares a la fundación panameña Lucum, de la que Juan Carlos de Borbón era beneficiario.
Según ha adelantado La Tribuna de Ginebra y han confirmado fuentes jurídicas a La Información, el fiscal del cantón de Ginebra, que ha comunicado su decisión a las partes en una audiencia pública, ha decidido poner fin a estas diligencias y ha acordado exonerar de cualquier posible responsabilidad a los investigados por un presunto delito de blanqueo de capitales y cobro de comisiones irregulares, entre los que se encuentra la examiga del emérito Corinna Larsen y diversos gestores, como Arturo Fasana y Dante Canonica. Cabe destacar que pese a que las diligencias que se han centrado en la elevada cantidad que recibió el exjefe del Estado y su posterior transferencia, éste no ha estado nunca investigado ni ha sido citado a declarar.
La investigación que arrancó hace tres años "no ha permitido establecer de manera suficiente un vínculo entre el montante recibido de Arabia Saudí y la celebración de contratos para la construcción del tren de alta velocidad" entre las ciudades de Medina y La Meca, indica el comunicado oficial de la Fiscalía de Suiza. No obstante, condena al banco Mirabaud a pagar una multa de 48.000 euros y el pago de las costas procesales, que se han fijado en 144.000 euros, al omitir la obligación de comunicar a la Oficina de Comunicación en materia de Blanqueo de Capitales la "naturaleza inusual de los fondos recibidos" en la cuenta de la Corinna Larsen y "los diversos flujos financieros intercambiados" con la Fundación Lucum, "incluida la de Juan Carlos, de la que era el beneficiario efectivo".
El Ministerio Público helvético abrió esta investigación en agosto de 2018 a raíz de la publicación de varias noticias en las que se indicaba que Juan Carlos I habría percibido comisiones ilegales en el marco de contratos públicos obtenidos por empresas españolas. En concreto, la Fiscalía sospechaba que el dinero que habría recibido el emérito en la cuenta que la fundación Lucum tenía en el banco Mirabaud, y procedente del rey saudí Abadalá bin Abdelaziz, fallecido en 2015, podría ser una comisión irregular con motivo de la adjudicación de la construcción del AVE.
Diversas transferencias
En su comunicado, admite que la investigación ha permitido indagar en las transferencias que el Ministerio de Finanzas de Arabia Saudí hizo a Lucum. Según indica, por un lado, el 8 de agosto de 2008 la fundación panameña habría recibido la suma de 100 millones de dólares, si bien este no es el único envío de dinero hecho, pues "el procedimiento también destacó otros pagos" a esta misma cuenta o a otras de Larsen. En este sentido, el Ministerio Público suizo añade que "no todas estas transferencias fueron suficientemente documentados por los investigados". La cuenta de Lucum fue cerrada en junio de 2012 con un saldo de 65 millones de euros, un montante que fue transferido a una sociedad de la empresaria alemana ubicada en el paraíso fiscal de Las Bahamas. Larsen desvinculó dicha donación de la adjudicación al AVE a la Meca y señaló fue un "regalo" a ella y a su hijo pequeño por el "cariño" que el exjefe del Estado les tendría
Para el fiscal Yves Bertossa todas estas transferencias a Lucum y a "los distintos protagonistas" tenía un claro "deseo de disimulación". De hecho, apunta que "las cantidades en cuestión, el origen de los bienes, la falta de documentación adecuada que justifique las transferencias, supuestas donaciones sucesivas, así como la cronología de los hechos constituían indicios contra los imputados". Finalmente, no se ha podido acreditar que todas estas cantidades estuvieran relacionadas con las obras del tren de alta velocidad.
Cabe recordar que la Fiscalía del Tribunal Supremo mantiene abiertas tres investigaciones -sin judicializar- contra Juan Carlos de Borbón, si bien todo apunta a que en próximas fechas se acordarán su archivo. La primera de ellas, relativa al presunto cobro de comisiones por el AVE a La Meca, previsiblemente no tenga ningún efecto penal, ya que los hechos tuvieron lugar antes de junio de 2014, cuando perdió la inviolabilidad tras abdicar en Felipe VI. En cuanto a las otras dos líneas de investigación abiertas, se encuentran pendiente de analizar toda la información recabada, así como de ver si finalmente se dan por válidas las dos regularizaciones fiscales -una de 678.393 euros y la segunda por el importe de 4.395.901,96 euros- que el emérito presentó para impedir una acción penal contra él por delitos fiscales.
Para ello, el Ministerio Público se encuentra pendiente de recibir la información que solicitó al fiscal Yves Bertossa a través de una comisión rogatoria sobre los fondos que el empresario mexicano Allen Sanginés Krause transfirió a Don Juan Carlos, utilizando a una persona de su confianza, que le pagaba con ello gastos diversos utilizando tarjetas. Asimismo, según confirmaron fuentes fiscales, la Fiscalía ha prorrogado las diligencias de la tercera investigación para terminar de analizar los 10 millones de euros en una cuenta activa en el paraíso fiscal de la isla de Jersey, que el monarca habría intentado mover.
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