La Fiscalía del Tribunal Supremo ha asumido la investigación relativa a la construcción del AVE en Arabia Saudí. Las diligencias, que ha dirigido hasta ahora Anticorrupción, pasan al alto tribual al afectar al Rey Emérito. El objetivo es delimitar si Juan Carlos I, que se encuentra aforado ante la Sala Segunda del alto tribunal, pudiera estar implicado en los hechos que tuvieron lugar a partir de 2014, momento en que cedió la Jefatura del Estado en favor de su hijo Felipe VI.
Según explica el Ministerio Fiscal en una nota, la investigación se centra en la construcción de la línea de alta velocidad para unir las ciudades de La Meca y Medina. Se trata de unas diligencias que ha seguido la Fiscalía Anticorrupción desde un primer momento pero que ahora pasan íntegras a manos del alto tribunal el cual tratará de "delimitar o descartar" la relevancia penal de los hechos posteriores al año 2014, año en que Juan Carlos I dejó de estar protegido por la inviolabilidad que reconoce al Jefe del Estado el artículo 56.3 de la Constitución. "Resulta preciso, pues, la práctica de nuevas diligencias que afectan directamente al Rey Emérito", reza la nota.
El pasado 5 de junio, y tras inhibirse Anticorrupción, la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, dictó un decreto en el que encargaba este asunto al fiscal de Sala del Tribunal Supremo de la especialidad de Delitos Económicos, Juan Ignacio Campos. El Ministerio Público explica que "dada la trascendencia institucional" de esta cuestión, se le asigna a una persona "dentro de la más alta categoría de la carrera fiscal"; el cual además estará auxiliado por un equipo conformado por tres fiscales del alto tribunal. De este modo, el caso pasa a manos del Supremo tras la investigación secreta que abrió el departamento dirigido por el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, para indagar el posible pago de comisiones irregulares en la construcción en el año 2011 de esta línea de alta velocidad en el país árabe.
Las confesiones de Corinna
Las diligencias se abrieron en 2018 provenientes de una parte de la investigación del caso Villarejo. El asunto se remonta al año 2015 cuando el comisario jubilado se reunió con la examiga del Rey Juan Carlos, Corinna Zu Sayn Wittgenstein. En ese encuentro, que fue grabado y que se celebró en Londres, la empresaria alemana dejó caer que el monarca quiso utilizarla como testaferro para canalizar su fortuna. Este material incautado a Villarejo propició la apertura de una pieza, bautizada como 'Carol', por parte del primer magistrado instructor, Diego de Egea. No obstante, a finales de 2018, dio carpetazo a esta parte concreta del caso Tándem, siguiendo el criterio de la Fiscalía Anticorrupción, al considerar que las revelaciones de la empresaria no tenían base suficiente como sustentar una investigación penal.
Pese a ello, Anticorrupción abrió unas diligencias secretas para esclarecer si se cometió delito de transacción internacional con esta faraónica obra adjudicada a un consorcio español integrado por 12 firmas, entre ellas Adif, Renfe, Talgo y OHL. De hecho, el foco se puso en el presunto cobro de dádivas de 80 millones de euros que se habrían embolsado los implicados en esta operación que costó cerca de 6.000 millones de euros. En aras a esclarecer si el Rey Emérito pudo estar implicado de alguna forma en este asunto, se acordaron comisiones rogatorias a Suiza y se tomó declaración a la propia Corinna, la cual se desligó por completo de este acuerdo comercial en una declaración ante representantes de la Fiscalía Anticorrupción en Londres, lugar suyo de residencia.
Las cuentas del Rey
Pese a ello, sí reconoció que recibió una donación de 65 millones de euros por parte del Rey Emérito y lo enmarcó en un "regalo no solicitado" por el cariño que el monarca le tiene tanto a ella como a su hijo. De ahí que Anticorrupción reclamara a su homóloga suiza que le aportara toda la documentación que tuviera sobre esta investigación abierta por la Justicia helvética por si pudiera guardar relación directa con las cuentas abiertas por Juan Carlos I en dicho país. Al margen de estas pesquisas, Corinna ya dijo el pasado año que actuaría contra quienes la vinculan con las comisiones irregulares del proyecto en Arabia Saudí y contra quienes la quisieran utilizar como "chivo expiatorio".
Además, apuntó que se había orquestado una campaña en su contra cuando rompió su amistad con el Rey Emérito en el año 2012 e incluso dijo que intentó avisar de esto a Casa Real. Así, en una declaración jurada a la que tuvo acceso este diario, explicó que el exdirector general del CNI Félix Sanz Roldán se trasladó a Londres y le amenazó para que no hablara con los medios de comunicación de ningún asunto que ella pudiera conocer y que afectara al Estado. Las presuntas amenazas sufridas llevaron a la empresaria alemana a anunciar que emprendería acciones legales contra el Rey Emérito en Londres y contra el general de 'La Casa' para las cuáles se apoyará en James Lewis QC, letrado del fundador del portal Wikileaks, Julian Assange.
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