Fiscalía suaviza el tono con Cataluña en plena negociación de ERC con el Gobierno

Las negociaciones abiertas entre el PSOE y la formación independentista ERC para facilitar una investidura de Pedro Sánchez han levantado ampollas entre algunos 'barones' socialistas, aunque las repercusiones de este posible acuerdo también se están dejando sentir en otros ámbitos como podría ser en la actuación del Ministerio Fiscal. Esto es así después de que la Fiscalía de la Audiencia Nacional anunciara su intención de pedir la libertad provisional para tres de los siete CDR encarcelados por delito de terrorismo; petición que formulará en la vista que tiene lugar este mismo jueves. 

Pese a que fuentes fiscales niegan que esta postura se pueda entender como un gesto hacia Sánchez y defienden su independencia de actuación, el cambio de criterio ha sido cuestionado en algunos sectores. Con todo, las fuentes consultadas explican que se pedirá la libertad sujeta al pago de fianza de 9.000 euros para los tres miembros del ala más radical de los CDR que no guardan relación directa con los explosivos que manejaron otros de los detenidos el pasado mes de septiembre en el marco de la 'operación Judas'. Se trata de Eduardo Garzón, Guillem Xavier Duc y Xavier Buigas. De hecho, en la vistilla celebrada el pasado día 13 para Germinal Tomás Abueso, la Fiscalía reiteró su petición de prisión puesto que éste sí que tuvo contacto con precursores de explosivos. 

El magistrado al frente de estas pesquisas, Manuel García Castellón, envió a prisión a siete de los nueve detenidos atendiendo de esta forma el criterio del Ministerio Fiscal, ante alto riesgo de fuga, destrucción de pruebas y reiteración delictiva, en tanto consideró que esta facción, que enmarca dentro de los Equipos de Respuesta Táctica (ERT) tenía intención de instaurar la república catalana mediante cualquier vía, incluida la violenta. Sin embargo, en este tiempo, y después de que la Sala anulara los autos de prisión (lo que derivó en la repetición de las 'vistillas'), el Ministerio Fiscal ha cambiado de parecer para tres de los radicales a los que se les imputan delitos de terrorismo. 

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Paralelamente, también ha llamado la atención la falta de movimiento por parte del Ejecutivo tras la resolución aprobada por el Parlament el pasado 26 de noviembre a favor de la autodeterminación de Cataluña. Al respecto, la portavoz del Ejecutivo en funciones, Isabel Celaá, no aclaró pasado viernes en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros si el Ejecutivo, a través de la Abogacía del Estado, impugnaría esta decisión de la cámara regional, la cual estaba prohibida por el Tribunal Constitucional. Se trata de una decisión poco propia del Ejecutivo el cual suele recurrir ante el tribunal de garantías este tipo de resoluciones a las que dan luz verde las formaciones independentistas.

Las negociaciones entre la formación que lidera Pedro Sánchez con ERC avanzan a la espera de conocer la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña contra el presidente catalán, Quim Torra, la cual se podría dar a conocer en los próximos días. El líder de la Generalitat fue juzgado hace apenas unas semanas por un delito de desobediencia al no haber acatado las órdenes de la Junta Electoral central que le obligó a retirar los lazos amarillos que colgó de los balcones del edificio del Govern durante la campaña electoral de las elecciones del pasado mes de abril. Torra, que dijo ser víctima de un juicio político, se enfrenta a una petición de Fiscalía de un año y ocho meses de inhabilitación para cargo público.

Con todo, el Tribunal Supremo, que ya juzgó y condenó por sedición a los líderes independentistas del 'procés', ha vuelto a mover ficha en lo que respecta a la cuestión catalana. De este modo, este mismo martes abría causa contra la diputada de JxCat en el Congreso Laura Borràs por adjudicar presuntamente 'a dedo' cerca de una veintena de contratos mientras presidió la Institución de las Letras Catalanas (ILC). La Sala de lo Penal atiende de este modo el criterio de la Fiscalía y acuerda investigar a la diputada por delitos de de falsedad documental, fraude a la administración, prevaricación y malversación de caudales públicos.

A todo ello hay que añadirle el pronunciamiento que hará este mismo jueves el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en relación al alcance de inmunidad del que fuera vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras. El líder de Esquerra, en prisión tras la condena por su implicación en la deriva independentista, busca su libertad después de que el alto tribunal le prohibiera salir de prisión para jurar o prometer el cargo en la Junta Electoral Central, por lo que este será otro de los asuntos que se seguirán de cerca en la negociación abierta entre la formación independentista y el PSOE en aras a facilitar la investidura del actual presidente del Gobierno en funciones.