De índole económica

La Fiscalía del Tribunal Supremo asume una nueva investigación al Rey Emérito

Anticorrupción remite al mismo fiscal que investiga la gestión de su patrimonio unas nuevas pesquisas de índole secreta abiertas en 2019. 

El Rey Juan Carlos, en una imagen de archivo El Rey Juan Carlos, en una imagen de archivo (Foto de ARCHIVO) 8/4/2012
La primera investigación abierta contra el Rey tiene visos de terminar archivada. 
EUROPA PRESS

La Fiscalía del Tribunal Supremo ha asumido una investigación que abrió Anticorrupción en 2019 relativa al Rey Emérito. Se trata de unas diligencias no judicializadas que incoó el órgano que dirige Alejandro Luzón hace un año y que ahora pasan a manos del alto tribunal al tratarse el monarca Juan Carlos I de una persona aforada. Estas pesquisas se suman a las todavía vigentes por presuntos delitos fiscales. De hecho, las dirigirá también el fiscal de Sala Jefe de lo Penal, Juan Ignacio Campos, delegado de delitos económicos. 

Así lo explica el Ministerio Fiscal en una nota en la que, no obstante, no aclara los motivos concretos de estas diligencias. Fuentes del órgano que dirige Dolores Delgado explican a este medio que no darán más detalles de para proteger el contenido de las mismas. Lo que está claro es que se trata de la segunda investigación de la Fiscalía que implica al Emérito. Estos hechos llegan al Tribunal Supremo después de que Anticorrupción emitiera un informe sobre el contenido del asunto. De hecho, la apertura de esta segunda causa en la Fiscalía del alto tribunal se produjo a finales de octubre tras recibir el dictamen de Anticorrupción.  

La asunción de esta nueva causa de índole económica que afecta al Rey se produce a la par que se ordena a la Inspección Fiscal una "posible fuga de información" sobre estos hechos. En concreto, el órgano quiere que se comprueben "las condiciones de custodia y acceso a los expedientes" en la Fiscalía después de la publicación en prensa de informaciones relacionadas con esta investigación que ahora asume la Fiscalía del alto tribunal. Según explican, se ha dado traslado de esta presunta filtración al Delegado de Protección de Datos para que investigue lo sucedido.  

El AVE a La Meca

Para entender esta cascada de pesquisas hay que remontarse al año 2018. Fue entonces cuando los investigadores del caso Tándem encontraron unos audios en casa de José Manuel Villarejo sobre la reunión que este mantuvo con Corinna Larsen en Londres dos años antes. La examiga íntima del Monarca relató en dicho encuentro que éste le había pedido que actuara como testaferro de parte de la fortuna que tenía en el extranjero. Esta confesión derivó en la apertura de la quinta pieza del procedimiento, bautizada como Carol. No obstante, apenas meses después se archivó al explicar el entonces magistrado Diego de Egea, que se hacía alusión a hechos que se habrían producido cuando Juan Carlos era jefe de Estado e inviolable. La pieza se reabrió en verano para investigar otras supuestas contrataciones de Corinna a Villarejo, pero se archivó de nuevo la pasada semana. 

Con todo, Anticorrupción asumió una investigación separada del caso Villarejo para esclarecer si eran ciertos algunos extremos que expuso Larsen, en concreto, si se habrían pagado comisiones irregulares por parte del consorcio español que se adjudicó la faraónica obra del AVE La Meca-Medina. Esas pesquisas no judicializadas arrancaron en el año 2018 y acabaron por implicar al Rey Emérito. El órgano que dirige Alejandro Luzón detectó que el Monarca podría haber cometido delito fiscal al no haber declarado a Hacienda una donación de 100 millones de dólares que recibió de rey Abdalá de Arabia Saudí, fallecido en 2015. De esos 100 millones gestionados desde una sociedad panameña, donó 65 a Corinna en 2011 en lo que ésta calificó como un "regalo".

Este asunto, que también investiga Suiza, terminó en manos de la Fiscalía del alto tribunal, la cual sigue con las indagaciones aunque todo apunta a que en breve se acordará su archivo. Pese a que los hechos se produjeron antes de que Juan Carlos I dejara la jefatura del Estado en 2011, la investigación se centra en lo acaecido entre 2014 y 2020. No obstante, las fuentes jurídicas consultadas por este asunto siempre han visto muy complicado que estas pesquisas prosperaran y se acabara dando cuenta de las mismas a la Sala Segunda del Tribunal Supremo debido a que los delitos fiscales, de haberse cometido, estarían prescritos. Ahora el órgano que dirige Dolores Delgado desvela que existe una segunda investigación, esta vez relativa a 2019, que también dirigirá el fiscal Campos.

Mostrar comentarios