La Fiscalía Anticorrupción ultima uno de los informes más importantes del caso 'Púnica': el que indicará qué hacer con los investigados por la presunta financiación irregular del PP de Madrid, una vez que prácticamente ya se ha terminado esta parte de la instrucción. Los fiscales encargados de esta macrocausa ya han analizado cada uno de los indicios delictivos que se atribuyen a la larga lista de imputados, entre los que se encuentran los expresidentes regionales Esperanza Aguirre o Ignacio González, y han puesto sus conclusiones en conocimiento del jefe de esta Fiscalía especializada, Alejandro Luzón.
El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón acordó el pasado mes de enero no prorrogar por más tiempo esta novena línea de investigación de la macrocausa, que cogió cierto impulso en septiembre de 2019 cuando decidió incluir en la investigación a los expresidentes de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre, Ignacio González y Cristina Cifuentes -ésta última ya desimputada-. En dicha resolución, el magistrado instructor afirmó que la "instrucción ha finalizado" y que "las diligencias practicadas son suficientes" para decidir el futuro judicial de cada uno de los imputados. No obstante, la resolución que da por concluidas las pesquisas y razona qué investigados quedan al borde del banquillo o queda exonerados aún no ha sido redactada, a la espera de conocer el criterio de Anticorrupción.
Según han informado fuentes jurídicas a La Información, el jefe de Anticorrupción se encuentra supervisando el informe que han elaborado los fiscales que conocen de cerca la causa, desde que estalló en octubre de 2014 con la detención del exsecretario general del PP de Madrid Francisco Granados, considerado el 'cabecilla' de la trama 'Púnica'. Aunque los representantes del Ministerio Público ya advirtieron hace meses de que en el sumario consta material suficiente para concretar la conducta presuntamente delictiva que llevaron a cabo cada uno de los imputados, el juez García Castellón aún no ha recibido dicho escrito, por lo que no ha podido continuar con el trámite procesal. En esta línea, las mismas fuentes advierten de que el documento elaborado por Anticorrupción suele considerarse como unas líneas maestras para el magistrado instructor, si bien éste no está obligado a seguir íntegramente el criterio de la acusación pública.
La agenda de su 'mano derecha'
La investigación se inició como consecuencia de los apuntes en las agendas del exgerente de los 'populares' madrileños Beltrán Gutiérrez, el que fuera 'mano derecha' de Aguirre, sobre la existencia de una financiación oculta en la formación. En este sentido, y a petición de Anticorrupción, el juez García Castellón imputó a la exlíder del PP madrileño por siete delitos por presuntamente haber "fraguado" un plan junto a sus "consejeros de confianza", como eran Ignacio González -su sucesor en la Presidencia de Madrid-, Francisco Granados y Alberto López Viejo, y en connivencia del empresario Horacio Mercado, para que un 1% del presupuesto de los contratos de publicidad, pagados con fondos públicos, fueran a parar a una caja 'b' para financiar campañas electorales.
Las pesquisas también se centran en las subvenciones públicas concedidas a la fundación Fundescam (Fundación para el Desarrollo Económico y Social de la Comunidad Autónoma de Madrid), creada por el PP en el año 2000, y a las contrataciones de la Agencia de Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid (ICM), Canal Isabel II y la empresa pública de suelo Arpegio. Así las cosas, el juez instructor afirmó que por "su cargo de presidenta del PP de Madrid, puesto de máxima responsabilidad en el partido, la hacía conocedora y partícipe de las decisiones que se tomaban en el seno del mismo y le permitía estar al corriente de la procedencia de los fondos que financiaban los gastos electorales y a que destinos se aplicaban". Bajo esta premisa, Aguirre lleva más de dos años investigada por estos hechos.
"Su puesto de máxima responsabilidad en el partido la hacía conocedora y partícipe de las decisiones"
No ha ocurrido lo mismo con Cristina Cifuentes, quien fue imputada por su presunta participación en el desvío de fondos públicos durante su etapa como responsable de movilización territorial de la formación política regional; así como por la adjudicación al presidente del Grupo Cantoblanco y expresidente de la patronal madrileña, Arturo Fernández, de los servicios de cafetería, cocinas y comedor de la Asamblea de Madrid en 2009 y 2011. No obstante, el juez instructor acordó en abril de 2021 archivar el procedimiento con respecto a la exdirigente 'popular' al no encontrar indicios que acrediten que esta licitación tenía relación con las 'donaciones' que el empresario hizo a Fundescam. Una decisión que fue confirmada cinco meses después por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.
Nueva pieza separada
Se da la circunstancia de que para no dilatar más el fin de la instrucción, el juez instructor decidió crear una nueva pieza separada en la macrocausa -la número 13- para acumular las facturas y correos electrónicos que el exalcalde de Majadahonda Guillermo Ortega -condenado por la primera época de actividades de la trama Gürtel- aportó a última hora con el objetivo de denunciar "un sistema de facturación impuesto" para "satisfacer necesidad económicas" del PP de Madrid que lideraba Aguirre. Una documentación que el exalcalde tendría en su poder desde su etapa como gerente de la empresa pública Mercado Puerta de Toledo. Sin embargo, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional revocó esta decisión y ordenó incluir todos los documentos en la pieza ya abierta para indagar en si hubo una financiación irregular.
Ante el intento fallido, el juez cumplió este mandato y otro anterior dado por la Sala, que le apremió para rematar la macrocausa que tiene ya más de siete años de vida. Así, a la espera del informe de Anticorrupción, el magistrado García Castellón comunicó a las partes que no investigará más la presunta financiación paralela de los 'populares' madrileños e instó a culminar las diligencias pendientes, como un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre las facturas de Guillermo Ortega, pese a que el Instituto Armado indicara que no ha logrado localizar en la documentación aportada por la Comunidad de Madrid dicha facturación a Mercado Puerta de Toledo entre 2006 y 2009, según informó Europa Press.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios