El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, está en el punto de mira. La crispada campaña de las elecciones madrileñas ha afectado a su cartera y sus comparecencias en las sesiones de control han estado marcadas por duras peticiones de la oposición, que le exigían que explicara, entre otras cosas, la actuación del Ministerio durante el estado de alarma o la situación sanitaria en los CIES y cárceles. Unos ataques que se suman a los que acumula Interior en su seno, ya que el ministro afronta los dos años que le quedan de legislatura con varios frentes abiertos que "desgastan" su estrategia. El más relevante es el que tiene que ver con el 'caso De Los Cobos', el que fuera comandante de la Guardia Civil de Madrid desde 2018 a 2020. A esta polémica se suman las críticas por la gestión migratoria o los acercamientos de presos de ETA. Además, otros frentes dentro de las autonómicas también han estado en primera línea: las amenazas por carta y la violencia.
El lastre del 'caso De los Cobos'
El 24 de mayo de 2020 el coronel Diego Pérez de Los Cobos fue destituido de su cargo como jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid. La decisión del Ministerio de Interior respondía al hecho de que el coronel se negaba, presuntamente, a informar sobre el contenido del informe que la Comandancia de Madrid había expedido a la juez Medel, en el que se aseguraba que "el Gobierno conocía la gravedad de la pandemia desde enero", ante la investigación de la celebración del 8-M.
Una causa judicializada después de que se denunciara dicha manifestación, en la que estuvieron presentes varios miembros del Gobierno, y se realizó cuando se contabilizaban los primeros muertos por la Covid-19. La destitución se argumentó como una "pérdida de confianza". Desde entonces, el caso sigue su trámite después de que la Audiencia Nacional haya dado la razón al coronel y haya sentenciado que dicha destitución es "ilegal" y que debe ser restituido. Algo que, de hecho, el coronel ha hecho este jueves presentando un escrito a la Audiencia para que le reponga como jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid.
Tras el fallo judicial, el pulso entre Interior y el coronel se ha enconado desde que la Abogacía del Estado recurriera, hace unas semanas y en representación del ministerio dirigido por Marlaska, la sentencia para que no anulara el cese del coronel. Entre los puntos en los que se apoyaba para refrendar su postura, argumentaba que De Los Cobos ya informó, hasta en cuatro ocasiones, de la investigación. El enfrentamiento en los tribunales ha puesto en entredicho a Marlaska al frente de la cartera y ha revolucionado el sistema de nombramientos en la Guardia Civil. Así, tras esta destitución, se dio la vuelta a la forma de proceder normal dentro del cuerpo del Instituto Armado, en el que cúpula directiva suele ser elegida por orden de antigüedad.
La ocultación de los escoltas de Podemos en Vallecas
Uno de los puntos más calientes de la campaña del 4-M fue la celebración del acto de Vox en la plaza roja de Vallecas. Dentro de las polémicas acciones que tuvieron lugar, como el lanzamiento de objetos que provocaron decenas de heridos, hay dos nombres que han traído implicaciones a Interior: Alberto y Daniel, los dos miembros del cuerpo de seguridad de Podemos que fueron detenidos por la Policía. Ambos fueron arrestados, junto con protestantes de grupos de izquierda, por haber enardecido los enfrentamientos e, incluso, como confirmó El Confidencial, agredir a los agentes.
Si el dispositivo policial ya se puso en entredicho entonces, ha tomado tintes judiciales después de que Vox haya interpuesto una querella a Marlaska y, para más inri, la polémica fue a más allá tras saberse que Interior ocultó la identidad de ambos miembros. Algo que repercute directamente en el Ministerio de Interior, una institución que cuantos más "roces" cosecha, más opaco es a ojos de la opinión pública.
Los acercamientos de etarras: tensión con AVT y COVITE
Desde septiembre de 2018 hasta enero de este año, Interior ha acercado a 136 presos de ETA, 29 de ellos a prisiones del País Vasco y Navarra y 108 a otras localidades. Los acercamientos de presos se han ido sucediendo, también durante las legislaturas del PP, generando un mapa total que aúna más presos en el "radio" norte. Así lo muestra Epdata, con datos de presos de la banda terrorista por provincias en junio de 2018 y marzo de 2021, en una 'España ilustrativa' donde el aumento del trasvase de presos etarras al País Vasco es marcado.
Pero, también, unos movimientos criticados por asociaciones como la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) y la Colectivo de Víctimas del Terrorismo en el País Vasco (COVITE), ya que los tildan de "masivos". Sin embargo, Marlaska sigue dando luz verde al entrar dentro de la legalidad por la ley penitenciaria. La dispersión de presos estaba contemplada en la ley antiterrorista, y se estableció con el fin de evitar las conspiraciones en grupos de presos etarras y la reincidencia. Ahora, con el fin de ETA, prima la reinserción y el derecho al respeto a la vida familiar por el artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos.
Pero, aún dentro del marco de la legalidad, los acercamientos siguen interpelando a la actualidad de las víctimas y a la realidad política debido a la 'herida' de un pasado reciente. Por ejemplo, hace unos días, el portavoz de la red ciudadana de apoyo a los presos de ETA Sare, Joseba Azkarraga, expresaba que el próximo junio todos los presos etarras estarían "de Madrid para arriba". Azkarraga volvía, con su declaración, a 'agitar las aguas' del desencuentro, un hecho que afecta directamente a Marlaska y que le reta a defender su ideario en las sesiones del Congreso.
La investigación de las cartas con balas
La última de las polémicas a la que se ha tenido que enfrentar Marlaska ha sido la de las cartas enviadas con proyectiles durante la campaña de 4-M. Las misivas han implicado directamente a Interior por las amenazas al ministro y a la directora general de la Guardia Civil, María Gámez. Ante los hechos, la secretaría de Estado de Seguridad tuvo que poner en marcha una evaluación de las medidas de protección del personal gubernamental amenazado. Aunque la competencia del control de dichos sobres corre a cargo de Correos, que ya informó que está investigando el caso, Interior tendrá que rendir cuentas sobre la investigación ante unas amenazas tan serias. Previsiblemente, la oposición exigirá los resultados de esas pesquisas en las sesiones de control.
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