Florentino Pérez vuelve a la carga contra Iberdrola. El presidente de ACS, personado como perjudicado en el 'caso Tándem' por los distintos servicios de espionaje que realizó el comisario jubilado José Manuel Villarejo, ha enviado al juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón un análisis de 45 folios sobre las personas jurídicas para insistir en su petición de que sea Iberdrola SA la compañía investigada por la contratación del agente encubierto. De este modo, vuelve a pedir que la imputación no se ciña únicamente a la filial Iberdrola Renovables Energía.
Se trata de la segunda vez que el también presidente del Real Madrid pide la imputación del grupo que dirige Ignacio Sánchez Galán, quien está citado a declarar como investigado el próximo 18 de enero. La anterior ocasión fue el pasado mes de julio, en un escrito en el que defendió, en contra del criterio de la Fiscalía Anticorrupción, la investigación de la empresa matriz, alegando la empresa de energías renovables solo sirvió de "correa de transmisión" de las decisiones de la compañía eléctrica a la hora de contratar en 2011 y en 2016 al comisario jubilado. Fuentes del entorno de Iberdrola indican aseguran que la reiteración de esta petición roza "un abusivo del derecho", pues a lo largo del escrito no se indica en ningún momento cuál es el "perjuicio de parte" que se le ha generado al presidente de ACS.
El nuevo escrito, presentado este mismo miércoles y al que ha tenido acceso La Información, llega después de que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, por un lado, haya confirmado la decisión del titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Manuel García Castellón, de otorgar únicamente la condición de investigada como persona jurídica a Iberdrola Renovables Energía. Por otro lado, la Sala devolvió la condición de acusación particular en la causa a Iberdrola, como posible perjudicada de un informe que elaboró el exdirectivo de Control Corporativo de la eléctrica, José Antonio del Olmo. Con este contexto, Florentino Pérez asegura que nada impide que la compañía eléctrica puede tener el doble estatus procesal de "acusación y defensa".
Según explica la defensa de Florentino Pérez a lo largo de su escrito existen suficientes "indicios y fundamentos jurídicos para entender que se debe dirigir el presente procedimiento" también contra la empresa de Sánchez Galán, citado a declarar el próximo 18 de enero como imputado. Justifica dicha imputación en que las contrataciones del Grupo Cenyt, el entramado empresarial de Villarejo, fueron "gestionadas, aprobadas y visadas" tanto por el que fuera director de Seguridad Corporativa de Iberdrola, Antonio Asenjo, como por el exdirector de Negocios José Luis San Pedro, quienes aparecían en los organigramas de Iberdrola SA y no en los de la filial de renovables.
Cabe recordar que la imputación de Iberdrola Renovables Energía, de la que Sánchez Galán se desvincula por no haber formado "jamás" parte de su Consejo de Administración, se debe a fue la responsable de abonar los trabajos de Villarejo a partir de 2011, cuando el Código Penal ya permitía perseguir las presuntas irregularidades cometidas por las empresas al entrar en vigor el artículo 31 bis. Si bien, el escrito subraya el "protagonismo" de Asenjo para encargar los servicios a Villarejo y para controlar los pagos desde 2004 hasta 2017.
"No son decisiones aisladas"
"Se destaca el papel que tienen las decisiones a nivel Grupo. No se trata de decisiones aisladas por parte de los administradores o directivos de Iberdrola Renovables, sino, por el contrario, de una dinámica continuada que se prolonga a lo largo de 13 años en los que existe una política de grupo de recurrir a las empresas vinculadas al señor Villarejo para la realización de trabajos policiales o parapoliciales siempre que ello es necesario en beneficio de la matriz o de alguna mercantil del grupo", afirma el abogado del presidente de ACS. Del sumario de la pieza 17 del caso 'Tándem', centrado en la contratación del agente encubierto por parte de Iberdrola se desprende que Florentino Pérez fue objetivo del denominado 'proyecto Posy', desarrollado en 2009, a fin de conocer cualquier circunstancia que, llegado el caso, pudiera ser utilizada en un escenario de conflicto con Iberdrola.
Con todo ello, el escrito subraya que "Iberdrola es una matriz que controla al 100% su filial Iberdrola Renovables, por lo que ostenta una posición de garante sobre la misma". De hecho, apunta que existe casos en los que la Audiencia Nacional ha condenado a varias empresas matrices "por un delito cometido a nivel global de todo el grupo, ya que el delito obedecía a una política de grupo dirigida desde la matriz", como es el caso de Pescanova.
Para apuntalar su tesis, la defensa de Florentino Pérez recoge las circulares de la Fiscalía General del Estado sobre cómo actuar ante este situaciones de imputación de personas jurídicas y destaca que la primera de ellas, dictada en 2011, ya indica que "cabrá la atribución de responsabilidades penales de personas jurídicas en cascada o en contextos propios del holding empresarial”. Así, entiende que la posibilidad de "escalar la responsabilidad penal hasta la persona jurídica matriz por los delitos cometidos en el seno de sus personas jurídicas filiales" está abierta y, más aún, cuando, según indica en el escrito, en el caso de Iberdrola Renovables Energía "carecía de autonomía de decisión con respecto a la contratación de servicios externos de seguridad".
Por último, el escrito de Florentino Pérez recuerda que el juez señaló en el auto por el que imputó a la filial de energías renovables que la responsabilidad penal de las personas jurídicas reside en el “incumplimiento de la obligación de adoptar medidas o sistemas orientados a controlar y evitar la comisión de determinados delitos que pudieran cometerse en su ámbito de organización". Según la defensa del presidente de ACS, "a fecha de hoy, Iberdrola SA no ha sido capaz de acreditar que en el momento de los hechos investigados contase con un modelo de prevención penal adecuado y con controles eficaces para la prevención de los delitos investigados". Según indica, "dicho modelo empieza necesariamente por disponer de un mapa de riesgos y de controles que ninguna de ambas compañías ha acreditado disponer antes del año 2014".
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios