La testifical de la directora gerente del FMI, Christine Lagarde, en el caso Bankia se complica. El tribunal de la Audiencia Nacional se ha visto obligado a descartar que su declaración, señalada en un principio para el próximo 8 de mayo, pueda realizarse por videoconferencia debido a la "política de inmunidad" del organismo internacional. Es por ello que sugiere a las acusaciones que habían pedido su intervención en el procedimiento que remitan por cuestionario sus preguntas relacionadas con el papel que jugó el organismo en la crisis del banco para que la testigo pueda responderlas.
Los magistrados exponen en una providencia a la que ha tenido acceso La Información que "se han hecho todas las gestiones oportunas" con el departamento jurídico del FMI para que tanto la economista francesa como la directora adjunta en el Departamento de Mercados Monetarios del FMI, Ceyla Pazarbasioglu -también citada para esa sesión-, declaren por videoconferencia. Se pretendía seguir la estela marcada por el exministro de Economía Luis de Guindos, al que se le admitió que interviniera en el juicio mediante esta fórmula para que no tuviera que desplazarse desde Frankfurt, donde tiene su sede el Banco Central Europeo, hasta la Audiencia Nacional de San Fernando de Henares.
Sin embargo, en el caso de Lagarde la situación es más complicada teniendo en cuenta que el magistrado de enlace de España en Washington ha remitido al tribunal que la política de inmunidad vigente dificulta esta alternativa. De esta forma el FMI solo deja la vía abierta a que se celebre por cuestionario y exige además que, junto con éste, se remita un informe en el que se expliquen los motivos de por qué se solicitó la testifical y qué se espera obtener de la misma. La acusación que ejerce la Confederación Intersindical de Crédito CIC asegura que estudiará esta alternativa y, si no existe otra opción, remitirá sus preguntas a Washington. En cualquier caso, y según confirman a este diario, no se plantean renunciar a este testigo teniendo en cuenta la trascendencia de su testimonio.
Adelanto de las conclusiones y ocaso de Bankia
Si hay alguien a quien le perjudica las trabas que está poniendo el organismo internacional en este asunto es precisamente al exministro de Economía ya que, a raíz de su declaración en el caso, el papel que jugó el FMI en la debacle de Bankia se ha convertido en uno de los asuntos troncales de este procedimiento penal. Eso es así porque el actual vicepresidente del BCE negó por activa y por pasiva que el Gobierno influyera en la decisión del fondo de adelantar de junio al mes de abril de 2012 sus conclusiones sobre la mala situación de la banca, con especial énfasis en Bankia. El exministro defendió en sede judicial que su capacidad de influencia en un organismo de ese calibre es inexistente y que el informe en cuestión fue solo un elemento adicional a la crisis que atravesaba el banco.
Sin embargo, el auditor externo del FMI plasmó en un documento adelantado por La Información que la difusión de sus conclusiones preliminares sobre el Programa de Evaluación del Sector Financiero (FSAP) fue un" hecho controvertido pero justificado" y que si se saltó el calendario fue porque así lo pidió el entonces Gobierno de Mariano Rajoy. Precisamente, esta parte concreta del documento, recogida en su punto 77, ya obra en la causa después de que la defensa de Rodrigo Rato solicitara formalmente al tribunal que la incorporara al considerar que es de "interés relevante" para el esclarecimiento de los hechos. La publicación de las conclusiones del FMI que identificaban a diez entidades vulnerables, aceleró la dimisión de Rato -que se produjo apenas semanas después- y el ocaso del banco.
Declaración clave para Guindos
Por este motivo la intervención de Lagarde en el juicio por la gran crisis financiera y de Pazarbasioglu -responsable directa del informe- es clave para De Guindos y para el devenir del caso puesto que podría esclarecer si efectivamente se anticipó una pequeña parte de sus conclusiones por petición expresa del Gobierno español. Con todo, algunos de los 34 acusados que se sientan en el banquillo por irregularidades en la salida a bolsa ya aludieron a estos hechos, como es el caso de la exconsejera Araceli Mora. En su interrogatorio, la catedrática apuntó a presiones desde el Ejecutivo al FMI para que hiciera públicas, como finalmente ocurrió, sus recomendaciones. Las mismas pasaban por la comisión de importantes reformas para fortalecer los balances de los bancos señalados y mejorar las prácticas de gobernanza.
Precisamente el informe de auditoría de la Oficina de Evaluación Independiente (OEI) concluyó, cuatro años después de que se produjeran estos hechos, que la decisión sin precedentes de adelantar a abril su informe de junio provocó que los elementos "se aceleraran" en los próximos días y semanas a aquel 25 de abril. Además dijo que, aunque no se refirió expresamente a Bankia, en el contexto del momento "quedaba claro" que era la entidad señalada. A la misma se refirió como un "conglomerado problemático" integrado por Caja Madrid, Bankia y otras pequeñas cajas de ahorro.
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